La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva contra los imputados Y.C.C. y J.M.M., señalados por la muerte de una niña de siete años en el sector Los Guandules.
La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo.
Tras concluir la audiencia, el abogado de la familia de la víctima, Wilson González, informó que la decisión de la magistrada se sustentó en la presentación de unas imágenes aportadas de manera voluntaria por uno de los imputados, en las que la hoy occisa aparece amarrada y con quemaduras en distintas partes del cuerpo.
El jurista detalló que, según versiones, el encartado también habría adquirido fundas de hielo para preservar el cadáver de la menor antes de que fuera reportado su fallecimiento.
El expediente del caso
De acuerdo con el expediente instrumentado por el Ministerio Público, la niña S.C., de apenas siete años, murió el 16 de agosto de 2025 tras sufrir prolongados actos de tortura y barbarie cometidos presuntamente por su tía, quien tenía la custodia en Los Guandules.
El documento establece que en abril de este año, la madre de la víctima, Estefani Morla Coronado, entregó la custodia de su hija a la imputada, confiando en que podría ofrecerle mejores condiciones de vida. Al inicio, mantenía comunicación constante mediante videollamadas, pero en los últimos meses cada intento de contacto era frustrado con el alegato de que la niña “se encontraba durmiendo”.
El día de la tragedia, la imputada llamó a familiares alegando que la menor convulsionaba. La niña fue trasladada al Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral, donde finalmente fue certificada muerta. Posteriores investigaciones revelaron signos evidentes de maltrato físico y psicológico.
El expediente también vincula a la pareja de la imputada, acusado de tener conocimiento de los abusos, aunque se encontraba laborando el día del deceso. Como sustento de la acusación, el Ministerio Público incorporó testimonios, actas de levantamiento de cadáver, inspecciones técnicas y evidencias fotográficas.
Los fiscales califican jurídicamente los hechos como actos de tortura y barbarie en perjuicio de una menor, delitos sancionados por el Código Penal y la Ley 136-03 sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
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