El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional escuchó este viernes los acuerdos con el Ministerio Público a los que llegaron algunos imputados del caso Medusa de corrupción administrativa, que tiene al exprocurador Jean Alain Rodríguez como principal imputado y quien destaca que a estos ni los conoce.
Pero, ¿cuáles son esos cargos que estos encartados admitieron que cometieron?.
Lisandro José Macarrulla Martínez, es acusado de estafar al Estado dominicano, de manera directa, en la Procuraduría General de la República, de manera principal en el Plan de Humanización de la Procuraduría General de la República, junto a un entramado de corrupción realizó una selección de las constructoras más preparadas y las mejores en el área de supervisión privada, y cada vez que dichas empresas recibían pagos por cubicación tenían que entregarle una partida a dichos funcionarios so pena de quitarle la obra, las personas jurídicas comprometieron directamente su responsabilidad penal, ya que a través de ellas los acusados transfirieron, utilizaron, ocultaron y pagaron valores por concepto de sobornos.
José Antonio Santana Julián, quien en representación de Abastesa, S.A.S. se le adjudicó RD$ 20,765,355 y Constructora Integrada, S.A.S. RD$ 44,490,848, a las que se les adjudicó los Lotes 10 del Centro de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (Caipaclp) Santiago y 7 del CCR de Dajabón.
Ricardo Antonio Carrasquero Frias, gerente y administrador de Constructora Carrasquero, S.R.L, se asoció con José Antonio Santana Julián, Felipe Armando Fernández De Castro Asencio, Lisandro José Macarrulla Martínez, Cesarion Morel Grullon e Ismael Elías de Jesús De Peña Tactuk , con los fines de estafar al Estado Dominicano, de manera directa, en la Procuraduría General de la República.
La ingeniera Jenny Marte Peña, directora de la Unidad Ejecutora del Plan de Humanización, es acusada de usar mecanismos de presión respecto a los contratistas, consistente en la no aprobación de las cubicaciones, y por consiguiente los pagos, si estos no aceptaban las exigencias del entramado de corrupción. Asimismo, obligaba a los contratistas de la construcción del CCR La Nueva Victoria, las empresas, Consorcio Construcción y Transporte de Prefabricados EEC-Pretensados Estructurales Dominicanos, S.R.L., Consorcio Remix – Rotilla, S.R.L., Constructora Pablo Yarull & Asociados, S.R.L., Constructora Woxxen, S.R.L., y Mac Construcciones, S.R.L., para que compraran el hormigón, el cemento y los agregados de manera exclusiva a la compañía CEMEX Dominicana, por lo cual cobraban comisiones a través de la compañía Materiales de Construcción LNV, S.R.L., propiedad, de Enrique Ernesto Bonetti Galván, por lo que el fiscal Miguel Collado, pidió para ella 5 años de reclusión suspendida y el pago de una multa de 500 salarios mínimos del sector público.
Mientras que Camelia Mercedes Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del Modelo de Gestión Penitenciaria, se le imputa de manipular las informaciones los procesos de selección de los oferentes en ocasión de los cargos públicos que desempeñaban, para favorecer las empresas manejadas operativamente por los acusados Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz; lucrándose de los beneficios económicos así percibidos, a la sombra de las personas físicas que figuraban en los documentos societarios, esta admitió su participación.
Junto a ella estaba Carolina Pimentel Bonifacio, ex Encargada de la Unidad de Alimentos de Modelo de Gestión Penitenciaria, se declaró culpable, de estafar al estado dominicano, malversando los recursos económicos generados de los servicios públicos brindados por la Procuraduría General de la República, que estaban destinados a cubrir la alimentación de una población vulnerable, como lo son los privados de libertad.
Estos encartados admitieron su culpabilidad a cambio de un juicio penal abreviado, reducción de la pena, presentación periódica, entre otras consideraciones que el Ministerio Público vio pertinentes para la ejecución de este pacto.