Luego de que la Corte de Apelación rechazó la recusación de la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, interpuesta por la defensa técnica del general Adán Caceres, Waldo Paulino, representante del general Boanerges Batista y el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, ambos señalados en caso Coral solicitó reposición de los plazos para conocer la nueva acusación de la Fundación Alfredo Nobel.
El abogado indicó que en estos casos se deben de otorgar 30 días hábiles para poder analizar, ponderar y realizar el escrito de defensa.
Resaltó que dicha notificación la recibió el 14 de abril del presente año, enviada por la Corte de Apelación, pidió que en base a estos alegatos sea procesada esta audiencia.
En tanto Félix Portes, quien defiende a la primera teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, afirmó que en esta etapa del proceso no se puede admitir dicha querella.
El togado aseveró que si se admite sería una violación al artículo 168 del Código Procesal Penal, el cual establece la renovación, rectificación o cumplimiento.
Al responder estos pedimentos Wilson Camacho, procurador adjunto y titular de la Procuraduría Especializada General de la Corrupción Administrativa, aclaró que nada impide continuar con esta audiencia, por lo que solicitó que se declare inadmisible los argumentos realizados por los abogados Waldo Paulino y Félix Portes.
La magistrada decidió continuar con la audiencia preliminar y le cedió el turno al abogado Valentín Medrano, quien representa al teniente coronel Kelman Santana, alegó que su defendido no fue funcionario público por lo que no pudo administrar fondos como lo indica la acusación del Ministerio Público.
Afirmó que Santana no tenía acceso a las nóminas de ninguna institución y que el objetivo del órgano persecutor en este caso es de carácter político.
Valentín Medrano, aseguró que la intención del MP es tener procesos judiciales con múltiples imputados para llamar la atención de los medios de comunicación.
En la acusación del Ministerio Público señala que cuando Santana Martínez entró del Cuerpo de Seguridad Presidencial en el 2012, no tenía posesiones.
Añade que tres años después, él y su esposa Marioly Pérez Adames ya eran propietarios de dos vehículos de carga, uno Daihatsu del año 2006, un Hyundai del 2002, y un apartamento en la Torre Elsa, en Gazcue.
En el 2017 habría creado la empresa “Hacienda Kelman SRL”, cuyos únicos socios son él y su esposa, para a través de ella justificar la cantidad de dinero que manejaba y las propiedades que iba adquiriendo, dice el Ministerio Público.