La Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República depositó ante la Procuraduría General de la República el expediente de investigación sobre el proceso contractual entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant) y la empresa Dekolor, S.R.L, que reveló inconsistencias en la ejecución, registro de contratos y procesamiento de pagos relacionados con el servicio de emisión de licencias de conducir.

El documento emitido por la Unidad Antifraude, generado a partir de un informe financiero forense, detalla la evolución de la relación contractual entre el Intrant y la empresa Dekolor, S.R.L., vinculada a José Ángel – Jochi – Gómez Canaán, iniciada con la licitación pública núm. INTRANT-CCC-LPN-2019-0007, publicada el 8 de agosto de 2019., y formalizada mediante el contrato núm. DJ-CSB-001-2020, firmado el 7 de enero de 2020.

Posteriormente, se emitieron tres adendas: la primera, durante el período 2020-2021, que incluyó el servicio de examen médico psicofísico sin estar contemplado en los términos iniciales, no fue registrada ante la Contraloría; la segunda, en el año 2022, introdujo un incremento de precios sin justificación técnica suficiente y fue rechazada por la Contraloría por falta de documentación; y la tercera, registrada formalmente en el año 2022, reconoció la existencia de las adendas anteriores, sin que estas hubiesen sido regularizadas.

"Estas actuaciones evidencian serias debilidades en el cumplimiento del marco normativo, comprometiendo los principios de legalidad, transparencia y control administrativo".

La Unidad Antifraude, al examinar los contratos suscritos por el Intrant con las empresas Dekolor, S.R.L. y Pagord Xchange S.R.L., incluyendo sus adendas, modificaciones y convenios complementarios, para verificar la legalidad y cumplimiento de los registros contractuales ante los órganos de control y requerir información mediante oficios institucionales a funcionarios del Intrant, áreas administrativas y jurídicas, así como a otras entidades públicas y privadas vinculadas al proceso, determinó graves irregularidades, violaciones normativas y serias inconsistencias.

La empresa Dekolor, S.R.L., que preside Rogelio Oruña, bajo la gerencia de Sandra Oruña, resultó adjudicataria del contrato para la emisión de licencias de conducir, con un monto fijado en RD$ 805.69 por cada servicio. No obstante, durante la revisión del contrato y sus adendas se identificaron inconsistencias relacionadas con los precios y los servicios contratados. Asimismo, se detectaron pagos realizados sobre la base de adendas que no fueron registradas en el sistema.

Por otra parte, se detectó que el convenio con Pagord Xchange, S.R.L., firmado en julio de 2021 para el cobro de servicios con una comisión del 10 %, fue un mecanismo no aprobado por el órgano competente y no fue un contrato registrado formalmente, en violación de la normativa vigente.

Entre los hallazgos más relevantes, se identificaron violaciones a la Ley núm. 10-07 sobre el Sistema Nacional de Control Interno, al Decreto núm. 3-19 sobre certificados médicos psicofísicos y a la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Estos incluyen:

• Firma de contratos y adendas sin registro adecuado ante la Contraloría General.
• Adjudicación de contratos sin publicación de ofertas económicas en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
• Modificaciones contractuales no justificadas.
• Falta de transparencia en los procesos de contratación
• Convenios firmados con empresas privadas sin criterios claros de selección ni registros oficiales.

En cuanto al comportamiento financiero del Intrant entre enero de 2021 y julio de 2022, se constató la falta de conciliaciones bancarias adecuadas que permitieran transparentar el comportamiento de los cobros efectuados a través de los distintos mecanismos, incluyendo Pagord Xchange S.R.L. Asimismo, se detectaron conciliaciones sin las firmas requeridas, lo que debilita los controles internos y afecta la transparencia en la gestión y el debido recaudo de los fondos.

El informe de la Unidad Antifraude fue remitido la Procuraduría General de la República para la profundización en los hallazgos, la determinación de responsabilidades y la aplicación de las sanciones previstas por la ley; de igual modo, fue remitido a la Dirección General de Contrataciones Públicas para los fines correspondientes.

Querella por soborno

El pasado domingo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su director ejecutivo, Milton Morrison Ramírez, presentaron ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una querella penal con constitución en actor civil contra la empresa Dekolor, S.R.L., su presidente Rogelio Oruña y su gerente general Sandra Oruña.

La acción penal, presentada el pasado viernes 4 de julio, detalla una trama de intentos de soborno —con sumas ofrecidas de hasta un millón de dólares estadounidenses y tres millones de pesos mensuales—, amenazas personales, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios clave del Intrant.

La institución explicó que el objetivo de estos actos era obtener la prórroga de un contrato estatal vencido que había sido adjudicado a Dekolor (vinculada a José Ángel – Jochi – Gómez Canaán) para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país.