Conspiración militar y reuniones de profesionales

En los días subsiguientes al golpe de Estado a Bosch, Salvador Jorge Blanco y José Augusto Vega Imbert recibieron la visita en Santiago del ingeniero Enriquillo del Rosario, quien había sido el embajador de Bosch en Washington hasta el 25 de septiembre de 1963. Los invitó a una cena en su casa en la capital. Les dijo que había que estar alerta porque en Washington le habían comunicado que el gobierno del presidente estadounidense, John F. Kennedy, no iba a reconocer al Triunvirato que se había creado para sustituir al gobierno del profesor Juan Bosch.

El Triunvirato estaba conformado por Emilio de los Santos (presidente), Manuel Tavares Espaillat y Ramón Tapia Espinal (miembros).

Cuenta Vega Imbert a ACENTO que en esos días también se hizo una reunión de profesionales y políticos en Santo Domingo, en la residencia de un dirigente del Partido Revolucionario Social Cristiano, con el motivo de recibir la visita del ministro consejero y en ese momento Encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Harry Shlaudeman.

Vega Imbert recuerda que Shlaudeman llegó cerca de las 10:00 de la noche. "Nos dijo categóricamente que el gobierno de Estados Unidos no reconocería al Triunvirato, que había que buscar una solución".

El 22 de noviembre de 1963 se produjo el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy, lo que cambió totalmente el panorama. A los pocos días, el 14 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos del presidente Lyndon B. Johnson reconoció diplomáticamente al Triunvirato, lo que dio inicio a una sustancial asistencia financiera y apoyo político.

Vega Imbert recuerda lo siguiente:

“En el período que queda del año 1963, históricamente hablando, lo más importante fue el levantamiento en las montañas del Movimiento 14 de Junio, liderado por el doctor Manolo Tavárez Justo, que fue muy breve. Ahí murió mucha gente, pero ya eso es historia. En Santiago hubo un gran duelo con el fallecimiento de Manolo.

Recuerdo que en los días subsiguientes al golpe de Estado, principalmente en Santo Domingo, se escuchaban bombas de estruendo en la noche. Eso lo sé por una noche que pasé allá a fines de octubre o principios de noviembre.

Casi un año después, estando un domingo en la tarde en mi casa, en octubre de 1964, me visitó el señor Ramón Vila Piola, quien fue ministro de Industria y Comercio en el gobierno de Bosch. Vila Piola acababa de llegar de Puerto Rico de verse con Bosch; en esa reunión estuvo presente el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que fue el líder de la conspiración militar que desembocó en el 24 de abril. Vila Piola me expresó que Bosch le había dicho que viniera a Santiago y que nos dijera a quienes habíamos firmado el comunicado del 15 de julio de 1963, que teníamos que estar alertas porque se estaba fraguando una conspiración militar. Eso fue lo único que yo supe de la conspiración militar. Luego vino la gran sorpresa del levantamiento del 24 de abril de 1965.

Haber firmado el referido comunicado del 15 de julio de 1963 nos dio cierta notoriedad en los círculos oficiales del entonces gobierno de Bosch porque nosotros nos habíamos pronunciado antes de producirse el golpe. De ahí comenzó una gran camaradería y eso fue creciendo hasta el punto de que hicimos dos grandes concentraciones de profesionales, y el 26 de febrero de 1965 publicamos un manifiesto al país. Ya era un movimiento grande, hasta tal punto que el 24 de abril, cuando se dio el contragolpe, esa tarde había una cita de profesionales en la casa del ingeniero Emilio Almonte para firmar los estatutos de un frente de profesionales con personalidad jurídica debidamente institucionalizada. Ya en el año 1964 se habían intensificado las reuniones de profesionales en la casa del ingeniero Almonte, quien tenía comunicación directa con Bosch. Su residencia se convirtió en una especie de cuartel. Esas reuniones desembocaron en una serie de hechos transcurridos en ese año hasta la revolución de abril de 1965, la cual fue fruto de la conspiración que venía desarrollándose por parte de militares y políticos partidarios de Bosch, concebida y dirigida por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, como ya se ha dicho.

Entre los profesionales que nos reuníamos en la casa del ingeniero Almonte recuerdo, entre otros, a Salvador Jorge Blanco, Conrado González Monción, Aníbal Campagna, Secundino Gil Morales, César A. Bobadilla, Luis E. Lembert Peguero, Orlando Haza del Castillo, Antonio Avelino García, Marcelino Vélez Santana, Rafael Kasse Acta, Almanzor González Canahuate y Leopoldo Espaillat Nanita”.

En efecto, en los locales de la Cervecería Nacional Dominicana, primero en Santiago y luego en Santo Domingo, se realizaron reuniones de personalidades preocupadas por el deterioro de la situación política y la interrupción del proceso democrático. Y de la serie de reuniones de profesionales en la casa del ingeniero Almonte surgió la decisión de hacer público un comunicado en el diario El Caribe, el 26 de febrero de 1965, con un gran número de firmas de profesionales e intelectuales, que decía así:   

Firmantes del manifiesto

Las últimas cinco páginas del documento insertado a continuación contienen los nombres de los profesionales firmantes en el manifiesto del 26 de febrero de 1965.

Transcripción del documento

AL PAÍS:

A consecuencia de los funestos acontecimientos políticos de septiembre de 1963, el país sufrió la pérdida de sus instituciones democráticas, y, tras el atropello a todos los derechos humanos, la corrupción y el caos administrativo, advino de inmediato la crisis económica.

En lo que quizás es el síntoma más alarmante de la anarquía general originada por aquellos infaustos sucesos, una política económica mal concebida y agravada por la irresponsabilidad y corrupción gubernamentales ha mantenido en zozobra a los sectores más dinámicos e importantes de la economía nacional. 

En efecto, muchos son los graves elementos de esa política:

• El abultamiento espantoso que en menos de doce meses ha experimentado la deuda pública -que asciende ahora a RD$428 millones- y el uso desconsiderado e improductivo que se hace de los fondos obtenidos en préstamos, hasta el punto de poner en peligro la soberanía nacional. La deuda externa, de RD$205 millones, compromete por largo tiempo nuestros ingresos en divisas, disminuyendo así nuestra capacidad de importar los bienes necesarios para el consumo y para dotar de los equipos y maquinarias necesarios a la industria y a la agricultura. La deuda interna, de RD$223 millones, acarreará obligatoriamente un aumento de la casi insoportable carga de los impuestos, al no existir otro género de ingresos públicos, disminuyendo aún más la capacidad de consumo de la población, con su inevitable repercusión negativa sobre el estado general de los negocios y sobre el precario nivel de vida del pueblo. Y grande es la campaña articulada por el gobierno para justificar su decisión de aumentar la ya hipertrofiada deuda pública.

• La alarmante administración del Presupuesto Nacional, mediante la cual se aumentan los gastos innecesarios y se descuidan desconsideradamente los servicios públicos, como acueductos, alumbrado, irrigación, etc., y no se presta la debida atención a las instituciones asistenciales y educacionales de los sectores menos pudientes, como hospitales, guarderías infantiles, escuelas, asilos, etc.

• La ausencia de una política económica moderna que tienda a solucionar los problemas básicos de la economía, y que promueva el abandono, de una vez por todas, del estado de subdesarrollo en que secularmente ha estado sumido nuestro pueblo. Está en la esencia misma del régimen el no formular planes que sirvan de base a las actuaciones en el campo económico y que limiten al máximo las improvisaciones y las incongruencias de tan funestos resultados en este delicado y fundamental sector.

• La llamada Reforma Agraria, lejos de resolver los males del campo, particularmente en lo que respecta a una mayor y mejor utilización de las tierras cultivables, la eliminación del latifundismo y del minifundismo, el abandono de técnicas y métodos arcaicos, etc., no ha sido más que un instrumento de demagogia política basada en asentamientos anticientíficos que en el futuro constituirán trabas a una solución adecuada del problema agrario dominicano.

• La agudización de la crisis en la industria azucarera, que quizás es la mayor responsabilidad que carga el gobierno de facto, propiciada por razones políticas, mala administración y ausencia de planificación de volumen de producción, costos y comercialización de sus productos.

• La política de devoluciones de bienes confiscados a la familia y a los personeros del tirano, y el evidente plan de desprestigio de las empresas administradas por el Estado, como paso previo justificatorio de su entrega a sectores interesados.

• El incumplimiento de compromisos y deudas contraídos por el Estado frente al comercio, y el mantenimiento de la vigencia de leyes y medidas supuestamente temporales.

• La pasividad gubernamental que de hecho existe ante la competencia desleal establecida por el contrabando.

Pese, sin embargo, a la arbitrariedad característica de la conducta del gobierno de facto, los ataques estranguladores a la libre expresión de las ideas no han logrado alcanzar la destrucción de ese derecho vital para el desenvolvimiento democrático. Las libertades públicas, una vez alcanzadas, se arraigan de tal manera en el pueblo, que es preciso recurrir a métodos tiránicos para hacerlas desaparecer, y esta es la razón de la actitud draconiana que sistemáticamente ha asumido el gobierno, prohibiendo las emisiones radiales de programas políticos y toda clase de actividades de este género en cualquier esfera de la expresión pública.

Se ha llegado hasta a tratar de imponer una tregua injustificada que obligue a los partidos a mantenerse en una inercia casi total, mientras el gobierno con todos los resortes del poder realiza propaganda política con fines obviamente continuistas. Ese gobierno, que alcanzó el poder en contra de la voluntad popular, y que se mantiene en él ejerciendo coacción, pretende incluso violar el periodo que él mismo se autodeterminó. Es evidente que a medida en que se aproxima la fecha en que el primer triunvirato manifestó que abandonaría voluntariamente el poder, el actual gobierno busca desesperadamente propiciar un ambiente que justifique su prolongación.

En resumen, tal es la crisis económica, el caos administrativo, la corrupción en todas las esferas de la administración pública, y el definitivo desenmascaramiento de los innobles propósitos que motivaron la tragedia de septiembre, que hasta muchos de los gestores del actual estado de cosas tratan de lavarse las manos. Es lamentable que sectores espirituales y políticos de carácter internacional, cuya evidente influencia en nuestro país les obliga a comprender mejor los problemas dominicanos, puedan aún creer posible la superación de estos mediante el sistema y los métodos antidemocráticos de gobierno representados por el grupo en el poder, dándoles su respaldo.

Alienta el espíritu, sin embargo, ver que el pueblo va encontrando el camino, el de la unidad, contra esta grave situación. Es alentador el ejemplo del reciente pacto suscrito entre los Partidos Revolucionario Dominicano y Revolucionario Social Cristiano, al constituir un Frente Democrático con el propósito de alcanzar la meta de un inmediato retorno a la Constitucionalidad perdida.

En razón de todo lo expuesto, los profesionales e intelectuales dominicanos suscribientes,

RESUELVEN:

LLAMAR A TODOS LOS SECTORES DE LA NACIÓN A CONSOLIDAR SUS ESFUERZOS EN UNA ACCIÓN UNITARIA PARA OBTENER EL CESE DEL ACTUAL ESTADO DE COSAS, MEDIANTE EL INMEDIATO RETORNO A UN ESTADO DE DERECHO QUE GARANTICE LA SUPERACIÓN ABSOLUTA DE LOS GRAVES MALES QUE AQUEJAN A NUESTRA INFORTUNADA PATRIA.