El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) instó a la sociedad dominicana a cambiar patrones culturales que normalizan las uniones tempranas y los embarazos en adolescentes, aunque admitió que ha habido importantes avances en la reducción de estas prácticas en el país.
"No podemos seguir viendo como algo normal que una niña o adolescente interrumpa su desarrollo, abandone la escuela y asuma roles de adulta antes de tiempo. Las uniones tempranas son una forma de violencia, y como sociedad debemos erradicarlas desde la raíz cultural que las sostiene", afirmó Ligia Pérez Peña, presidenta ejecutiva del Conani, según un comunicado de la entidad.
Para esta institución, romper con ello no depende solo de leyes o estadísticas, sino que también hay que transformar las creencias, costumbres y actitudes que en muchos entornos justifican, minimizan y propician estos problemas.
De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Hogares (ENHOGAR 2024), un 24.9 % de las mujeres de 20 a 24 años se unió antes de cumplir los 18 años y un 4.8 % lo hizo antes de los 15, lo que, en comparación con 2019, supone una disminución en 6.6 y 4.6 puntos porcentuales, "datos que reflejan progresos, pero también la magnitud del desafío".
En cuanto al embarazo en adolescentes, durante el primer trimestre de 2025 se registraron 4,286 casos de adolescentes cuyas edades oscilan entre 10 y 19 años, como recoge el último reporte de la Oficina Nacional de Estadística.
Pérez Peña insistió en que las relaciones sexuales de un adulto con menores de edad constituyen el delito de abuso sexual, según el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, como toda práctica sexual con un niño, niña o adolescente por un adulto, o persona cinco años mayor, para su gratificación sexual.
Agregó que los menores de edad no pueden consentir relaciones sexuales porque no tienen capacidad legal.
Además, recordó, son delitos penados por ley entregar dinero a cambio de relaciones sexuales con menores, así como aceptar remuneraciones o cualquier retribución por la entrega de un niño, niña o adolescente para comercialización, prostitución, explotación sexual y cualquier otra práctica que le denigre.
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