En el Día Mundial del Hábitat, comunidades urbanas se manifestaron frente al Palacio Nacional, acompañadas por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), para exigir el cese de los desalojos forzosos en todo el territorio nacional.
Representantes de sectores como La Mina (San Isidro), Rivera del Ozama, Nueva Jerusalén (Santo Domingo Este), Las Malvinas, Arroyo Lindo, El Carril de Haina, Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y El Gran Valiente reclamaron el derecho a una vivienda digna consagrado en el artículo 59 de la Constitución.
Moradores de La Mina denunciaron que en abril de 2021 fueron desalojados de madrugada mediante un uso desproporcionado de la fuerza pública, lo que provocó la expulsión de alrededor de 600 familias asentadas hasta 20 años en la zona, afirmó la vocera Esther Soriano.
En Arroyo Lindo, 250 familias fueron desalojadas el 6 de diciembre de 2022 con grúas y personal militar, y los vecinos relataron que no se les permitió retirar pertenencias y que hubo heridos, según la vocera Beatriz Ureña.
En Nueva Jerusalén, pese a existir un proceso judicial y una orden de suspensión de derribos, las familias denunciaron incursiones de la Fuerza Aérea desde 2023 que han demolido viviendas terminadas y en construcción, denunció Mercedes de Jesús.
Sectores en La Caleta y Boca Chica (Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y El Gran Valiente) y el Carril de Haina reportaron amenazas de desalojo desde 2023 y señalaron que reuniones con autoridades políticas no han resuelto la situación.
La Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano y la CNDH-RD, que han dado seguimiento a los casos, sostienen que comunidades con más de diez años y servicios públicos no pueden ser clasificadas como invasoras porque el mismo Estado las reconoce como asentamientos establecidos.
Las organizaciones advirtieron que los desalojos forzosos aumentan el déficit habitacional y agravan la vulnerabilidad de las familias afectadas, al tiempo que convierten la vivienda en un bien de mercado.
Exigieron que procesos como la recuperación de los ríos Ozama e Isabela garanticen la participación efectiva de las comunidades para evitar desalojos masivos sin indemnización ni reubicación digna, y recordaron casos como Domingo Savio, donde miles de familias fueron desplazadas sin soluciones justas.
Entre las demandas presentadas figuran el cese inmediato de los desalojos forzosos, indemnización para las familias afectadas, participación comunitaria en las intervenciones urbanas, la declaración de utilidad pública de terrenos habitados por años y la continuación del Plan Nacional de Titulación para asentamientos ocupados de forma pacífica y prolongada.
Los manifestantes y las organizaciones acompañantes subrayaron que el diálogo y la concertación son el camino para resolver los conflictos y evitar la destrucción de viviendas y comunidades.
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