La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso ponderó la declaración de incompetencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) para conocer una acción de amparo con la que el exprocurador Jean Alain Rodríguez procura una disculpa pública por parte del Ministerio Público.
“Pretender una disculpa sobre ese fundamento es absurdo y evidentemente que el Ministerio Público lo que se ha dedicado es a hacer una profunda investigación, y nosotros no estamos para hacer recomendaciones a imputados, pero quizás sería más estratégico que (Jean Alain) se dediquen a preparar sus defensas ante las gravísimas imputaciones que tienen, más las nuevas que se les van a agregar cuando el Ministerio Público tenga a bien presentar el acto conclusivo”, dijo.
Rodríguez pretende, además, que se elimine su nombre de todas las publicaciones que registran el desarrollo de la operación Medusa, un caso de supuesta corrupción administrativa que lo tiene en prisión preventiva por 18 meses.
La TSA, integrada por los jueces Luisa Canaán, Dilcia del Rosario y Jeny Rodríguez, consideró que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional es la instancia ante la que el imputado tendría que presentar sus argumentos.
“Jurídicamente, tal y como el Ministerio Público le había solicitado al tribunal (fue rechazado el amparo), porque eran unos pedimentos que en derecho no se sostenían”, dijo la fiscal adjunta.
Explicó que el Ministerio Público, atendiendo a su facultad de órgano investigador, denominó como operación Medusa al conjunto de diligencias procesales y operativas que llevaron al caso en el que el exprocurador está acusado de lavado de activos, de corrupción y de otros delitos graves.
Por igual, deploró el pedimento que busca que la prensa borre de sus portales digitales informaciones sobre un hecho cierto del que reportó. Sostuvo que esa solicitud refleja el accionar de una persona que se niega a aceptar el derecho que tienen los medios a informar.
“Pedir que la prensa retire un hecho que es cierto, que informó, es un deseo de una persona que no cree en el derecho que tienen los medios de informar”, dijo. Por el contrario, agregó que “nosotros sí creemos y respetamos ese derecho”.
Desde julio del pasado año Rodríguez y los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$ 1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Además, contra Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez arrestado en España, el Ministerio Público ya hizo el trámite de la solicitud para su entrega a República Dominicana.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.