La reciente auditoría de la Cámara de Cuentas al Ministerio de Educación ha detectado presuntas irregularidades financieras por más de 2,700 millones de pesos entre 2016 y 2018, y ha enviado sus hallazgos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Mientras, el informe legal de la investigación financiera indica que las anomalías detectadas perjudican los intereses del Estado y constituyen una violación del ordenamiento jurídico, lo que compromete, según el órgano superior, la responsabilidad civil y administrativa de los funcionarios actuantes, así como posibles indicios de responsabilidad penal.
La investigación mostró que, según la CCRD, las compras y servicios infringen las leyes del gasto gubernamental, como lo indica la resolución adjunta de la entidad fiscalizadora de enero de 2025.
El documento detalla anomalías por desembolsos sin liquidación y pagos irregulares de compras y servicios, carentes de la debida documentación y firma de beneficiarios. Estas operaciones incluyen asignaciones irregulares de combustibles, alimentos y bebidas, donaciones a entidades privadas, transferencias corrientes y gastos en eventos.
En la revisión a los registros de 2016 a 2018, los auditores habían identificado RD$1,889,901,381 sin facturas adjuntas que justifiquen las compras o servicios y la liquidación de fondos asignados a las Direcciones Regionales y Distritales del Ministerio de Educación. Una partida en la que la CCRD critica la falta de transparencia en su ejecución.
Sobre estas operaciones, las autoridades del ministerio no entregaron a los auditores los documentos relacionados con los fondos de avance pendientes de liquidación, como los soportes en gastos de alimentos, bebidas, donaciones y transferencias corrientes a otras entidades públicas para consumo de bienes.
Durante el periodo auditado, las autoridades gastaron RD$ 354,181,100 en bebidas y alimentos, otorgaron RD$ 293,526,500 en ayudas y donaciones a entidades privadas, y realizaron transferencias corrientes a instituciones públicas por RD$ 376,693,183 y RD$ 865,500,599, respectivamente, sin proporcionar los documentos de respaldo correspondientes, cuestiona el informe.
Sobre este punto, la Cámara señala que las Normas Básicas de Control Interno del Sector Público (Nobaci) en el literal II-4.4 establecen lo siguiente sobre la sustentación de los registros contables:
"El registro contable de las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales del Gobierno Central y las instituciones y organismos del Sector Público, no financiero, debe basarse en comprobantes pertinentes y documentos idóneos que respalden, soporten o sustenten las transacciones registradas".
Asimismo, la fiscalización recoge las presuntas irregularidades cometidas durante los años de 2016 y 2018, en el cual se destinaron RD$ 288,357,675 para cubrir el Bono Escolar Estudiando Progreso (BEEP), compra de combustibles y pagos relacionados con el Congreso Nacional Jornada Extendida, que incluyeron alojamiento, alimentación y participación, sin los debidos soportes.
El documento también detalla las anomalías en los gastos de las autoridades relacionados con la XI Conferencia Modelo Internacional de las Naciones Unidas, sin incluir el listado de beneficiarios ni evidencia del personal participante.
La investigación indica que el Ministerio de Educación consumió RD$ 63,154,000 en combustible en 2016; en 2017, la cifra ascendió a RD$ 81,131,000, y en 2018 llegó a RD$ 91,627,000, sumando un total de RD$ 235,912,000, sin evidencia de los beneficiarios, según la CCRD.
La auditoría reveló que las autoridades de ese momento incurrieron en gastos irregulares por RD$ 52,445.675 en eventos, contraviniendo la Ley 126-01 de la Dirección General de Contabilidad Pública Gubernamental (DIGECOG) en su artículo 18 que establece lo siguiente:
"Las transacciones son los hechos económicos y financieros que afectan o pueden afectar el presupuesto o el patrimonio de un organismo o institución, están soportadas por un comprobante, se expresa en el monto monetario que corresponde a cada una de ellas y se refleja en los registros contables".
El informe de auditoría también señala que las Normas de Contabilidad del Sector Público establecen la Verificabilidad de la Información Contable.
"El Sistema Contable debe generar información y emitir Estados Financieros que puedan ser controlados por terceros ajenos a su procesamiento, puesto que debe operar sobre criterios objetivos y predeterminados que posibiliten registrar, clasificar, procesar y ordenar las transacciones con incidencia en la contabilidad a los fines de su posterior presentación ante los usuarios".
El órgano superior de control externo del Estado recomienda al ministro de Educación documentar adecuadamente la distribución de bienes institucionales, asegurando el cumplimiento de las normas contables del sector público y el manual de control interno de la Contraloría General de la República.
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