El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, lamentó este jueves que desde los tribunales se desincentive la realización de acuerdos en el proceso penal, pese a las prédicas constantes del Poder Judicial en esa dirección.
Tras resaltar que del proceso derivado de la Operación Lobo, todos los imputados, civiles y militares activos y en retiro, quedaron privados de libertad y el caso fue declarado complejo, Camacho criticó que, desde el Poder Judicial, se predica la necesidad de que haya más acuerdos en el proceso penal, pero en la práctica, "se envían decisiones contradictorias y que desincentivan la realización de acuerdos”.
“Desde el Poder Judicial se predica en la teoría, en el discurso, la necesidad de que haya más acuerdos en el proceso penal, pero, desde la práctica se envían decisiones contradictorias y que desincentivan la realización de acuerdos. Nosotros (desde el Ministerio Público) lo decimos en la teoría y lo hacemos en la práctica y lo vamos a seguir haciendo”, enfatizó.
En ese orden, señaló que en la medida que las personas cooperen con la investigación, el Ministerio Público le dará el mismo tratamiento, haciendo acuerdos en los procesos y en todas las etapas.
Sobre el proceso judicial, el titular de Persecución adelantó que no descarta la realización de una Operación Lobo 2.0, esto debido a que la dinámica de pago de sobornos en la contratación de seguridad de las instituciones públicas “es más de lo que hemos presentado en el día de hoy".
"Se lo puede asegurar desde aquí, vamos a ir por todos y no descartamos la realización de un Lobo 2.0”, aseveró.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público encabezó el equipo de fiscales en la audiencia, que estuvo integrado además por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.
Fallo contra imputados
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso arresto domiciliario a los cinco imputados que admitieron su culpabilidad.
Entre ellos están el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal, el coronel del Ejército Andrés Pacheco Varela, el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos.
En tanto que a los cinco imputados que no admitieron los hechos, pese a las pruebas en contra, el tribunal les impuso arresto domiciliario y, además, impedimento de salida del país, sobre la base del riesgo de fuga y la gravedad de los cargos.
Estos son el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, el coronel del Ejército Luis Ernesto Vicioso Bocio, el coronel del Ejército Francisco Guarín Fernández, el coronel del Ejército Elías Camaño Pérez y el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
La estructura criminal impactó negativamente instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano. También, se les imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa.
En lo relativo al lavado de activos, se les acusa en base a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8; y artículo 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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