El Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplazó nuevamente la audiencia para conocer de la demanda en nulidad incoada por la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu), que busca la suspensión del decreto 420-23, que establece el Reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y las licencias para los concesionarios.
La suspensión de la vista se debió a la no comparecencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) en su calidad de interviniente forzoso, por lo que la audiencia fue enviada para el próximo 7 de junio.
A mediados de abril, Asocivu depositó dos acciones judiciales contra el decreto número 420-23, ya que según explicaron los miembros de la asociación, aunque la disposición ha sido modificada, todavía representa un peligro para los más de 200 mil empleos que se verán afectados si entra en vigencia.
Este decreto fue promulgado el 18 de septiembre de 2023 que aprueba el Reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y Remolques, Licencias para concesionarios, distribuidores, vendedores y clasificación de las placas, y contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en su calidad de autoridad convocante y ente administrativo que ostenta la administración del Registro Nacional de Vehículos de Motor, así como la competencia exclusiva para la expedición de la licencia de concesionario, distribuidor o vendedor de vehículos de motor y remolques.