El abogado Carlos Mesa, defensor del comentarista y autodenominado investigador Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, denunció que solo tuvo conocimiento de la audiencia de solicitud de medida de coerción pautada para este jueves 26 de junio, tras ser informado por su propio cliente mediante una captura de pantalla de una publicación en la red social Instagram.
Mesa explicó que el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado del caso debido a que su defendido se encuentra en libertad.
La audiencia responde a una querella interpuesta por la exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán, quien acusa a Martínez de difamación e injuria agravada.
La querella alega que Martínez difundió "de manera sistemática, declaraciones falsas y denigrantes en redes sociales", especialmente en su canal de YouTube, donde insinuó que la querellante estaría embarazada del presidente de la República, entre otras afirmaciones ofensivas.
La acción penal se fundamenta en los artículos 367 y siguientes del Código Penal dominicano, así como en la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Mesa sostuvo que su defendido se presentará a todas las audiencias, “aunque sea citado por el rumor público”, y denunció que el proceso ha estado plagado de irregularidades.
Aseguró que Martínez fue arrestado en una embarcación en alta mar, lo cual, a su entender, viola el principio de territorialidad y deja sin efecto la legalidad del procedimiento.
No obstante, esta no es la única acción judicial que enfrenta Ángel Martínez. Los abogados Elín Sepúlveda y Wandy Durán interpusieron otra querella en su contra, acusándolo de estafar a la señora Sandra Eugenia de la Rosa por más de 300,000 dólares, en un esquema que supuestamente involucraba la creación de una empresa ficticia.
Adicionalmente, Anulfo de Jesús Gutiérrez Almonte también presentó una querella que acusa al comunicador de violar el Código Penal, así como la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología y la Ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, debido a presuntas conductas difamatorias.
El caso continúa desarrollándose en medio de fuertes cuestionamientos por parte de la defensa, mientras los tribunales deciden la procedencia de las medidas coercitivas solicitadas por el Ministerio Público.
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