Algunas personas afectadas por el fraude de unos RD$ 2,500 millones cometidas la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), presentaron una denuncia contra el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) ante la Procuraduría General de la República.
El representante legal de 45 personas querellantes, Plutarco Jáquez, afirmó con esta denuncia buscan que el Ministerio Público abra una investigación sobre el destino de los 1,200 millones de pesos intervenidos por el Idecoop desde hace 8 meses a Coop-Herrera.
Jáquez pidió a las autoridades que verifiquen "quiénes son los que están dentro del Idecoop", a razón de que el dinero es de los ahorrantes. Aseguró que este tipo de actuaciones por parte de la entidad pueden ser sancionads por los tipos penales prevaricación y abuso de confianza.
Alva Valdez Encarnación, quien es una de las afectadas, dijo que les causa indignación por la forma en que "jugaron" con sus años de sacrificio.
De su lado, Elvira Núñez, manifestó que espera que el Idecoop le responda devolviéndole el dinero, a razón de que es una madre viuda y necesita el efectivo.
Acusación e investigación
Por este caso son señalados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.
Según el documento instrumentado por el Ministerio Público, estos acusados, crearon una estructura en la que respondían de forma exclusiva al presidente de la cooperativa, quien luego se convirtió en Administrador General, colocando en el consejo de administración, gerencia de crédito, gerencia general, auditoria, y las distintas áreas administrativas, a familiares y personas de extrema confianza que le permitían manejar los fondos de los socios como si fuera un patrimonio propio.
En el expediente indica que los supuestos señalados utilizaron documentos falsos como garantías, mediante el cual se hicieron beneficiarios de préstamos millonarios los cuales no fueron pagados, sino que dicho dinero su sustraído de los fondos de los socios ahorrantes.
De igual forma simulaban reestructuraciones de préstamos de manera mensual y anual, para hacer aparentar los balances como positivos en los estados financieros de la cooperativa, pero la realidad es que nunca se pagaba las cuotas de estos créditos.
Asimismo, el órgano persecutor detalla que, con la creación de créditos falsos, se desembolsaban en las cuentas de los socios que participaban en la estructura criminal, y con estos simulaban la apertura de certificados financieros a plazos (sin respaldo económico), los cuales generaban intereses que si eran retirados en efectivo o usados para pagar las nóminas de las empresas que participaban en la red.