El presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 396-25, mediante el cual se aprobó el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 368-22 sobre de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero.
Este reglamento, cuyo borrador fue elaborado por el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y sometido oportunamente a vista pública, fue además socializado y discutido en un proceso liderado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, destacó.
En este participaron importantes instituciones del Gobierno, como los Ministerios de la Presidencia, Turismo, Vivienda y Edificaciones; representantes de asociaciones vinculadas a temas municipales, así como sectores del ámbito empresarial que serían impactados por esta norma.
Entre los aportes significativos que ofrece este reglamento, se destacan la obligatoriedad de los Gobiernos locales de diseñar y aprobar planes de ordenamiento territorial que permitirán una gestión más eficiente del uso de suelo de las demarcaciones municipales.
Esto obliga a las oficinas municipales de planeamiento urbano a otorgar la autorización para desarrollar proyectos de infraestructura compatibles con la naturaleza de los tipos de suelo de cada municipio.
Asimismo, en los espacios con vocación para el desarrollo de proyectos turísticos, se requerirá la aprobación tanto del permiso de uso de suelo del Gobierno local, como también la certificación de no objeción del Ministerio de Turismo para la viabilidad del proyecto en cuestión.
Igualmente, se establece en el reglamento que el Ministerio de Hacienda y Economía será la autoridad competente para certificar cuáles distritos municipales cumplen con los requisitos del párrafo I del artículo 24 de la referida Ley núm. 368-22, para la gestión del uso de suelo en su respectiva demarcación territorial.
Tanto la Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial, como su Reglamento de Aplicación, son iniciativas impulsadas por el gobierno del presidente Luis Abinader.
Con ellas se busca, mediante la planificación estratégica y la gestión participativa del uso de suelo, propiciar el desarrollo integral y equilibrado de los municipios acorde con las potencialidades, expectativas y aspiraciones de sus respectivas poblaciones, de modo que se les garanticen las condiciones necesarias para mejorar su calidad de vida.
“Un hito trascendental” en la historia legal y territorial de RD
Domingo Matías
La noticia fue recibida con entusiasmo por el viceministro Domingo Matías, quien aseguró que este avance representa “un hito trascendental” en la historia legal y territorial de la República Dominicana.
“Este reglamento es un compromiso generacional: lo sembramos hoy para que las futuras generaciones cosechen una República más ordenada, justa y preparada”, afirmó Matías tras conocer la decisión presidencial.
¿Qué implica este reglamento?
📌 Se trata de un instrumento legal robusto, construido desde el consenso y con aportes valiosos de sectores sociales, económicos, productivos, gobiernos locales y entidades estatales. Esto garantiza una visión integral y adaptada a las necesidades del país.
📌 Define normas claras y procedimientos para el uso de suelo, lo que ayuda a reducir la discrecionalidad y fomenta seguridad jurídica en las inversiones y derechos de propiedad.
📌 Prioriza la gestión de riesgo, adaptación al cambio climático y protección de los recursos naturales, lo que lo convierte en una herramienta clave para el desarrollo sostenible.
📌 Fortalece la capacidad de ayuntamientos y juntas distritales, empoderando el rol de los gobiernos locales en la toma de decisiones territoriales.
Este reglamento no es solo un acto administrativo, sino una transformación profunda del enfoque territorial del país. Representa una apuesta firme por una República más resiliente, mejor planificada y comprometida con las generaciones futuras
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