El presidente Luis Abinader creó la comisión presidencial para la coordinación del proceso de adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo de cooperación internacional compuesto por 38 Estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.
Mediante el decreto 408-25, con fecha del pasado 25 de julio, se establece que la comisión, que dependerá funcionalmente del presidente de la República y estará adscrita administrativamente al Ministerio de la Presidencia, estará encargada de coordinar y supervisar las acciones y políticas necesarias para el proceso de adhesión de República Dominicana a la OCDE.
Dicha comisión estará integrada por los ministerios de Relaciones Exteriores (quien la presidirá y coordinará), de la Presidencia, Hacienda y Economía, Industria, Comercio y Mipymes y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Asimismo, el decreto establece que la comisión presidencial podrá conformar subcomisiones técnicas que resulten pertinentes para la consecución del objeto a su cargo, y la participación en la comisión se ejercerá a título honorifico, no existiendo contraprestación alguna a sus miembros.
Los entes y órganos de la Administración pública prestarán la colaboración necesaria, dentro del marco de sus competencias y facultades, y de conformidad con la ley y la constitución, para la consecución del objetivo de adhesión de República Dominicana a la OCDE.
Además, la comisión presidencial podrá invitar a representantes de otros poderes del Estado, del sector privado, las academias, de la sociedad civil y a otros actores de la vida nacional, a participar en reuniones o iniciativas en temas específicos relacionados con sus áreas de competencia o interés, cuando así lo entienda.
La OCDE es un foro en el que los Estados trabajan conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a problemas comunes, con la misión de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas.
Dicho organismo, además produce indicadores sociales, económicos y ambientales que sirven como herramientas para la toma de decisiones e identifica las mejores prácticas gubernamentales en áreas como el crecimiento económico balanceado y sostenible, empleo y la educación, el comercio y la inversión, la innovación, la transparencia fiscal y la gobernanza pública y la lucha contra la corrupción.
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