El movimiento cívico Participación Ciudadana presentó una campaña de comunicación que promoverá “La democracia, más que un voto es un proceso”, con la que busca dar a conocer las prohibiciones que las normativas legales establecen en relación al uso de los recursos del Estado y la publicidad estatal en la campaña electoral.
Como entidad no gubernamental y apartidista saludaron la firma por el presidente de la República del decreto 1-24, que regula la publicidad gubernamental, sobre todo en período electoral, el cual viene a reforzar las disposiciones contenidas en la Ley 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, y en la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral.
Además, advirtió que no basta con la buena intención, ya que la parte más importante es el cumplimiento de dicha normativa, debido a la tradición de uso y abuso de los recursos del Estado a favor de partidos y candidatos en el poder.
La campaña consistirá en mensajes cortos y con lenguaje llano con el objetivo de visibilizar cualquier transgresión a las normas que rigen la materia, así como otros mecanismos como la plataforma Atento con tu voto, serán puestos a la disposición de la ciudadanía para reportar violaciones a las normas.
Participación Ciudadana aclaró que no es correcta la versión puesta a circular de que las disposiciones del decreto 1-24 sólo son aplicables cuando se publique el reglamento que se prevé para dentro de seis meses, y enfatizó en que esas reglas son de cumplimiento inmediato, pues tienen que ver con el contenido de la publicidad gubernamental.
Mensajes
La ley 33-18, de partidos políticos, “prohíbe el uso de recursos públicos de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los ayuntamientos, para financiar o apoyar en cualquier forma las actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales”, señala.
La organización de la sociedad civil anunció que dentro de su programa de observación electoral realizará un monitoreo de los mensajes publicitarios del gobierno con el propósito de contribuir a erradicar las malas prácticas que tradicionalmente han caracterizado los anteriores procesos electorales en el país.