La persecución e investigación de delitos electorales es responsabilidad de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, no de la Policía Militar Electoral, según el decreto 111-90 y la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.
El decreto que establece el marco de responsabilidad de la Policía Militar Electoral indica que su principal misión es preservar, conservar y mantener el orden en los locales de la Junta Central Electoral y en las mesas electorales durante el día de las elecciones.
El lunes, varios partidos de la oposición pidieron al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liriano, que destituyera al director de la Policía Militar Electoral, el mayor general José Otaño Jiménez, por presunta inacción ante los delitos electorales cometidos, según denuncian, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante las elecciones municipales.
No obstante, la Ley Orgánica del Régimen Electoral señala lo siguiente:
“Artículo 328.- Funciones. Los fiscales electorales provinciales y del Distrito Nacional son los encargados de realizar las labores de investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales en cada una de las demarcaciones a que se refiere esta ley, bajo las directrices y coordinación de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales.”
Además, la Constitución de la República establece en su artículo 111 que durante las elecciones la Junta Central Electoral asumirá la dirección y el mando de la fuerza pública, de acuerdo con la ley vigente.
Por lo tanto, el papel de la Policía Militar Electoral es garantizar seguridad y organización durante el proceso, así como proteger el material y las mesas o colegios electorales el día de las elecciones.
Según una fuente consultada, el control de la presunta compra y venta de cédulas y propaganda partidaria fuera de los recintos de votación no está contemplado en las atribuciones legales de la Policía Militar Electoral.
Una de las responsabilidades adicionales de la entidad militar es proporcionar seguridad a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales de los partidos políticos durante el tiempo requerido, según lo establecido en el mencionado decreto.
Las organizaciones políticas de oposición también pidieron la suspensión del director general de Juntas Electorales, Ramón Urbáez Mancebo, por supuesta "complicidad" con el partido oficial.
En los pasados municipales se reportaron delitos electorales, como la compra de cédulas y el proselitismo, principalmente. Estas denuncias están siendo investigadas por la Procuraduría Especializada para Delitos y Crímenes Electorales.
Sobre estos delitos, la Policía Militar Electoral solo puede actuar por requerimiento de la Fiscalía Electoral, tal como lo establece el artículo 225 “Podrá realizar gestiones de coordinación con la policía militar electoral para facilitar las funciones a su cargo […].