Demóstenes Martínez, miembro de la Dirección Política del partido Fuerza del Pueblo, ha expresado su rotunda oposición a la reforma constitucional propuesta por el Poder Ejecutivo.
Según Martínez, la reforma, que busca “fortalecer” la independencia del Ministerio Público, es innecesaria y constituye un grave atentado contra el equilibrio judicial y la política criminal del Estado dominicano.
Martínez argumenta que la reforma, bajo el pretexto de fortalecer la independencia del Ministerio Público, en realidad intenta despojar a este órgano de su verdadera autonomía.
El exlegislador considera que la propuesta oculta la intención de eliminar el artículo 169 de la Constitución, que otorga al Ministerio Público la tarea fundamental de formular e implementar la política de persecución penal, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
El dirigente político destaca que el transitorio vigésimo cuarto propuesto en la reforma plantea que, mientras no se asigne a otro ente del Poder Ejecutivo la formulación e implementación de la política contra la criminalidad, esta responsabilidad seguirá recayendo en el Ministerio Público.
Martínez advierte que esto es un indicio de que se busca despojar al Ministerio Público de sus facultades y transferirlas al Poder Ejecutivo, afectando así la responsabilidad establecida para el procurador y los fiscales.
También critica el cambio en la forma de designación del Procurador General de la República, sugiriendo que, aunque se traslade la decisión al Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente de la República seguirá teniendo un control encubierto sobre la designación.
Además, resalta que la inamovilidad por dos años del Procurador General incrementa su dependencia del Poder Ejecutivo, ya que para ser considerado nuevamente deberá satisfacer al mandatario.
Finalmente, Martínez subraya que la Constitución del 2010 y la Ley Orgánica del Ministerio Público establecen una carrera y selección de fiscales basada en méritos, y no en designaciones directas o indirectas del Poder Ejecutivo.
En su opinión, la reforma no aborda la autonomía real del Ministerio Público, que ya está garantizada por el artículo 170 de la Constitución, y advierte que esta propuesta podría tener consecuencias perjudiciales para el sistema judicial dominicano.