Altagracia Salazar (La Morena), destacada periodista dominicana, cuestionó el llamado realizado por el sacerdote Manuel Ruiz por su trayectoria de apoyo a curas acusados de violación de niños, y de persecución a las voces defensoras de derechos.
La reacción de la periodista Salazar se produjo luego de que Ruiz pidiera públicamente a los sacerdotes de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional a que estimulen a sus feligreses a votar por los candidatos a senadores y diputados que consideran son "pro vida".
Salazar sostiene que, la solicitud del secretario de la Comisión Vida de la Conferencia del Episcopado Dominicano se invalida, porque se trata de un sacerdote que salió en defensa al sacerdote Wojciech Gil (Alberto), de nacionalidad polaca, acusado de violar sexualmente a decenas de niños en Juncalito, provincia de Santiago, y también defendió al nuncio apostólico del Vaticano Jozef Wesolowski acusado de pagar y violar a menores a los que embriagaba en el malecón de Santo Domingo. El nuncio Wesolowski, que fue destituido y llevado al Vaticano, también eran integrante de una red de pornografía infantil, y murió sin pagar condena por sus delitos.
En un vídeo colgado en sus redes sociales, la veterana periodista recuerda que en medio del proceso de investigación por las denuncias de violación hechas por varias familias afectadas por el padre Gil, el sacerdote Manuel Ruíz convocó a los medios junto a un grupo de padres de Juncalito para decir que sus hijos no habían sido violados y para amenazar a los medios de una supuesta campaña de difamación en contra de la iglesia católica, lo que posteriormente quedó demostrado con la condena de siete años al cura polaco en un tribunal de Varsovia (capital de Polonia).
“Ese (sacerdote Manuel Ruiz), que le está diciendo a la gente de la iglesia católica en la arquidiócesis de Santo Domingo por quién votar, fue quien salió a defender y está citado como visitante de uno de los socios del famoso nuncio (Wesoluwski) que después se “suicidó” en el Vaticano, acusado de lo mismo que el padre Wojciech Gil”, enfatizó Salazar.
Salazar también cuestiona “cómo es que una persona que violenta los derechos, que convirtió una escuela pública en un colegio privado, que salió a defender a un abusador condenado, ustedes creen que debe recomendar el qué hacer de alguien”.
Ayer diversos medios reportaron que Ruíz habría elaborado un documento de 69 páginas, que contiene los nombres, dirección y teléfonos de los feligreses que corresponden a cada parroquia. La Arquidiócesis de Santo Domingo estaría recomendando votar en el Distrito Nacional por el candidato a senador Omar Fernández y en la provincia Santo Domingo por la candidata del PLD Cristina Lizardo, ambos con pronunciamientos públicos en contra de la inclusión de las tres causales en el Código Penal. Las tres causales se refieren a tres situaciones excepcionales en las cuales no se penalizaría a la mujer que tomen la decisión de suspender un embarazo: cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el feto tiene alguna malformación congénita incompatible con la vida y cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto.
En el documento enviado escrito y en formato de audio al arzobispo de Santo Domingo, Francisco Ozoria, Manuel Ruiz dice que “decidió involucrarse de lleno en el último tramo de la campaña electoral, ubicando en cada circunscripción del Gran Santo Domingo a los candidatos que la Iglesia católica que desea ver sentados en una curul.”
Argumenta que se trata de «un resumen del trabajo que hemos estado haciendo de todos los candidatos del país, una investigación exhaustiva de sus declaraciones, de las veces que han votado a favor de la vida, todas esas cosas que son fundamentales para saber qué candidatos tenemos». Al final justifica que «si no tenemos un contrapeso en el Congreso, nos cambian todo. Ya han visto cómo nos amenazan con el Estado laico y una serie de cosas».
Altagracia Salazar recuerda también que el sacerdote Manuel Ruiz fue quien sometió a la justicia a los miembros del programa “El Equipo” compuesto, además de ella, por Huchi Lora, Esperanza Ceballos, Diana Lora y Franklin Guerrero, bajo acusación de difamación e injuria, y que la abogada Laura Acosta demostró diversas irregularidades para que el caso llegara a la justicia, violando todas las normativas de derecho de la República Dominicana.