El coordinador general de Alianza País, en la ciudad de Nueva York, Luis Mayobanex Rodríguez, reiteró el reclamo para que el gobierno elimine el cobro de 10 dólares a los viajeros dominicanos.
Indió qu ese trata de un cobro ileral, y citó las decisiones que en ese sentido ha emitido el Tribunal Constitucional.
El coordinador general de Alianza País en Ultramar se quejó que el cobro continua , pese a las acciones jurídicas para modificar el decreto 430-17.
Recordó que el Tribunal Constitucional dominicano, ratificó mediante sentencia la inconstitucionalidad del decreto 430-17, que obliga al ciudadano dominicano emigrado al pago de US$10, “como si fuéramos turistas”, al adquirir un boleto aéreo, marítimo y terrestre que tenga como destino República Dominicana.
“La inconstitucionalidad del sonado decreto firmado por el presidente Danilo Medina y promulgado el 4 de diciembre del 2017, radica en que resulta lesivo y discriminatorio para nuestros connacionales emigrados(as).
Rodríguez citó que en el seminario “Constitución, Diáspora Dominicana: Avances y Retos”, realizado el pasado 12 y 13 de agosto, Milton Ray Guevara, magistrado juez que preside el TC, explicó que mediante la sentencia 602-18 quedó establecido que “ningún dominicano en el extranjero necesita la tarjeta de turista y mucho menos pagar los US$10 de impuestos al llegar a nuestro país”.
De su parte, el juez Rafael Díaz Filpo, argumentó que, de continuar el cobro de los US$10 en perjuicio de los connacionales dominicanos, lo que procede es una acción ciudadana apoderando al “tribunal para que emita una decisión (dirigida) al gobierno”, a fin de que autorice su aplicación.
El ya famoso decreto 430 del 2017 entró en vigencia el 1ero de enero de enero del 2018 y contó -a partir del mes de abril del mismo año- con un reglamento regulador del pago de la tarjeta de turista.
El coordinador general de Alianza País, dijo que además estableció un complicado procedimiento que torna disfuncional el derecho de reclamo a la devolución de los US$10 por parte del viajero dominicano.
El plazo fatal de 15 días hábiles, “contados a partir del depósito de la solicitud de devolución”, es solo una de las engorrosas condicionantes a enfrentar.
Consideró que bajo la presunción de no ocasionar “colas y retardos en los aeropuertos”, a los viajeros extranjeros que nos visitan -sea para recreación o con fines comerciales- el gobierno del PLD en la presidencia de Medina “legalizo” un hurto millonario en perjuicio de los emigrados dominicanos, que ha seguido implementando sin mancar la administración encabezada por Luis Abinader.
“La aplicación de este “impuesto oculto” desde abril del 2018 hasta abril del 2022 y basándonos en la cantidad de dominicanos no residentes llegados al país y restando los 22, 542 que recibieron el reembolso, llevan a Alianza País a denunciar que el Estado se adueñó -durante el periodo de tiempo indicado- de US$41,922,630”, denunció.
Significó que esto significa en pesos dominicanos, a partir de la tasa promedio anual del dólar del 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, la extraordinaria cantidad de 2,310.5 millones de pesos dominicanos.
“Sabemos que esta millonada de pesos ha salido de los bolsillos de una sacrificada y esquilmada comunidad dominicana en ultramar; ahora lo que no sabemos es cuál ha sido su destino. Buscando precisarlo, en noviembre del 2021 el diputado nacional de Alianza País, Pedro Martínez, depositó en el Ministerio de Hacienda una solicitud de información sobre los montos acumulados por el cobro ilegal de los US$10, dónde se encuentran dichos montos y el propósito de su uso en caso de que hayan sido usados”, recordó.
Hasta ahora el silencio ha sido la respuesta y l derecho a la información pública, algo propio de una sociedad medianamente democrática, parece estar condicionado por factores políticos y pertenencia a grupos sociales y se constituye en un nutriente más para extender el manto de la impunidad dentro y fuera del Estado.
Recomendó que además de lo expuesto, se requiere identificar un mecanismo de devolución del dinero, que, por vía ilegal, se ha apropiado el Estado y la modificación definitiva de un decreto que al mismo tiempo nos subvalora en nuestra condición ciudadana.