Una vez más, las calles de Washington DC sirvieron de escenario para otra marcha en solicitud a que se tomen medidas por el uso, porte y tenencia de armas en Estados Unidos. Como acto simbólico, fueron colocados frente al capitolio cuadernos y lápices rotos que hacían referencia a la gran cantidad de niños y niñas asesinados en escuelas por tiroteos masivos.
Sobre sus organizadores, el movimiento “Marcha por nuestras vidas” se creó en el 2018 a raíz de la masacre que se produjo en Parkland, Florida, de la mano del joven de 19 años Nicolás Cruz. La actividad de este, también se realizó de manera simultánea en otros Estados y estuvo impregnada de un matiz sobrecogedor por el reciente tiroteo en Uvalde, Texas.
A pocos días de la celebración de la marcha, se introdujo al Senado un acuerdo bipartidista sobre el control de armas que pretende dar respuesta a la demanda de que se regule una problemática que forma parte de la cultura nacional, como lo es el uso constitucional al porte de armas y la comercialización ilimitada de estor artefactos.
La propuesta busca establecer importantes prerrogativas desde la bandera roja, establecimiento de antecedente penales, informe sobre la salud mental de compradores, la revisión de la edad para comprar armas y rigurosos controles sobre la seguridad en las escuelas; aspectos que muchos sectores manifiestan que no son suficientes en una nación con altos niveles de violencia armada.
Pese a las lluvias, cientos de personas afectadas directa o indirectamente hicieron acto de presencia, buscando ejercer algún tipo de presión ante los congresistas, mediante una de las consignas “enough is enough”; pero no se verá ningún cambio hasta que el país entienda que los niveles de violencia y muertes por armas demuestran las fallas del sistema por la ausencia de controles federales.
Mientras tanto, los tiroteos no se detienen, acabando con la vida de cientos de personas en una nación donde la gente está cansada de los asesinatos a mano armada por doquier, viven con miedo de enviar a sus hijos a las escuelas, bajo un clima de paranoia colectiva que está llevando a los estadounidenses a no querer salir a los establecimientos públicos. Y no es la manera como desean vivir.
Sin las regulaciones necesarias y una voluntad demócrata y republicana para que se establezca control, el país seguirá confrontando su peor pesadilla, que es la comercialización sin control de las armas, bajo el sustento de la propia constitución en su 2.ª Enmienda.
El apoyo a la propuesta del cambio, obligatoriamente, debería de producirse mediante los esfuerzos de la sociedad civil, conjuntamente con el consenso bicameral que establezca la gente como prioridad por encima de los intereses partidarios y económicos. Porque la inacción y la falta de voluntad han sido la constante aquí.
Y esta voluntad radica en limitar los poderes a la principal organización defensora de que no se establezcan restricciones y es la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), responsables de pagar prebendas políticas en contra de cualquier regulación que se asome al congreso.
Pero ahora las condiciones están dadas, dado al hastío que siguen provocando los tiroteos y que apuestan sensibilizar al congreso y por su puesto al presidente Biden sobre de que se modifique también la 2.ª Enmienda constitucional.
De momento, todos están a la espera de que la cultura de violencia armada en EE.UU llegue a su fin y que no se continúen contando víctimas fatales.