Prácticamente cada vez que se celebran elecciones en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, los medios de comunicación las reseñan para dar cuenta de trifulcas, denuncias de fraudes, de malversación de fondos, y salvo por la representación que ostenta en virtud de una ley, pocos valoran su investidura, y peor aún la mayoría entiende que sus directivos muchas veces no tienen la preparación académica ni la solvencia moral para representar esta clase profesional.
Lamentablemente cuando se aprobó la Ley 91 del 3 de febrero de 1983 no se prestó atención a respetadas voces, como la del jurista Wellington Ramos Messina, quien firme y valientemente se opuso a la obligatoriedad de afiliación, y luego de más de 30 años es evidente la justeza de sus argumentos.
Los partidos políticos se enquistaron en este colegio como lo habían hecho antes en el gremio de los médicos, y en este caso ha sido todavía peor la experiencia, por las importantes sumas recaudadas por las tasas establecidas en su favor, y porque la inscripción obligatoria para el ejercicio de la profesión se facilita con el requerimiento de presentación de la evidencia de afiliación en los tribunales para postular en justicia, que lucharon por hacer exigible.
Desde su origen la ley del Colegio de Abogados dio muestras de que el interés de alcanzar el propósito estaba dispuesto a llevarse cualquier cosa de encuentro, como evidencia el hecho de que el Tribunal Constitucional declarara no conforme con la Constitución a la Ley 91 mediante sentencia TC/0274/13, por adolecer de “un vicio de procedimiento en su formación”, pues se realizó fuera de las legislaturas correspondientes, irregularidad que aunque admitió la hacía no conforme con la Constitución, difirió sus efectos para permitir que el Congreso votara una nueva ley.
Lamentablemente la gran oportunidad de haber hecho una adecuada reforma del Colegio de Abogados fue desperdiciada por las pasadas autoridades, y negociaron con el hasta hoy presidente de dicho colegio y quien se repostuló a un tercer mandato aunque la legislación aprobada lo prohibía, una nueva ley, la 3-19, sin tampoco prestar atención a comentarios expuestos y, a sabiendas del penoso historial de este le aumentó los beneficios a ser percibidos, así como a pesar de su nula contribución al ejercicio regular y ético de la profesión, y los fallidos intentos que se habían hecho desde la sociedad civil para intentar regular el ejercicio de la profesión desde la Suprema Corte de Justicia para radiar de la barra de abogados a quienes cometan faltas graves, como sucede en múltiples países, mantuvo intacta la delegación del régimen disciplinario de todos los abogados en manos de un desacreditado colegio que nunca ha ejercido esta disciplina, y que cada vez menos tiene calidad ni intención de hacerlo.
El Tribunal Constitucional ha expresado en distintas sentencias que como corporación de derecho público el Colegio de Abogados tiene una función pública, y que en tal virtud es válido que su afiliación sea obligatoria y que se creen tasas o contribuciones especiales en su provecho, dado que el Estado le ha delegado la responsabilidad de “administrar una carrera profesional de tanta trascendencia social, incluyendo la supervigilancia del ejercicio a través (…) de un régimen disciplinario y (…) como auxiliar por excelencia de la administración de justicia”, por lo que la única vía disponible es reclamar firmemente que se realice una reforma para extraer de este lo que ha sido su mayor delicia y su peor desgracia, los recursos económicos derivados de tasas y de la obligatoriedad de afiliación.
Lo que está a la vista no necesita espejuelos, y es obvio que el Colegio de Abogados no cumple con las responsabilidades públicas que le otorga la ley, y que no se justifica la delegación de funciones ni la transferencia de recursos, pero los intereses políticos que siempre lo han manejado han permitido que un ente que no cumple para nada sus propósitos se mantenga a costa de los contribuyentes, el cual no representa legítimamente a los abogados, por eso la mayoría no participa de sus cuestionados procesos eleccionarios, ni se le concede crédito para opinar en temas relevantes, y del cual lo único que los abogados y esta sociedad han recibido son malos ejemplos, escándalos y bochornos.