Pasadas cuatro décadas del inicio de la tercera ola democrática, en los últimos cinco lustros han surgido algunos regímenes autodenominados "democráticos socialistas”, “progresistas de izquierda” y “de izquierda democrática”. Con sus diferentes matices, los de Venezuela, Nicaragua, México, Chile, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil son ejemplos de estos.
En los dos primeros -Venezuela y Nicaragua- sus denominadores son comunes: autoritarismo, en nombre de la democracia, megalomanía y concentración de poderes, violación sistemática de los derechos humanos e intolerancia de opiniones contrarias. Guardo reserva para otra entrega de las características de los demás gobiernos.
No se puede confundir la democracia con poder elegir a los representantes. Si bien el voto y la regla de mayoría son mecanismos típicamente democráticos, no son exclusivos de los sistemas democráticos.
Lamentablemente, América Latina es un buen “banco de pruebas” para la constatación de este fenómeno: la persistencia de diversas formas de autoritarismo (Muñoz) que, apoyados en el voto y la regla de mayoría, aun cuando sea saqueando las elecciones, pretenden perpetuarse en el poder.
Es en nuestra región donde más se defiende la coincidencia de la democracia con la regla de mayoría, apelándose a un concepto de democracia forzada como ideal del poder visible, caracterizada por la negación del máximo control del poder por parte de los ciudadanos y la afirmación del máximo control de los súbditos por parte de quien detenta el poder (Bobbio).
La democracia es un sistema de normas, con procedimientos y reglas mínimos, hijo de un sistema de ideas y como tal la regla de mayoría y el voto no pueden ser concebidos como simples mecanismos plebiscitarios. Más aún, cuando para lograr las mayorías las instituciones electorales y judiciales el dictador “demócrata” las convierte en puras fachadas. Esto así porque ambos están relacionados con el contenido de los derechos políticos, pero pierden relevancia, si no se atan también a los derechos de libertad y respeto real de los votantes; que Bobbio llama, justamente, derechos contra la mayoría.
Venezuela tiene un régimen autoritario, con una gran secuela de corrupción, pobreza, arbitrariedades y caos institucional. Es una dictadura en nombre de la democracia. Es un país dirigido por un solo poder en los hechos, como resultado de elecciones “ganadas” a fuerza de abuso de la democracia misma y burla de los electores.
Pero, ¿la ilegalidad e ilegitimidad del gobierno de Maduro deben ser combatidas aplicando los mecanismos constitucionales nacionales y del derecho internacional?
O, por el contrario, el irrespeto a la soberanía venezolana y a la legalidad democrática por parte del chavezmadurismo, con el robo vulgar de las recientes elecciones venezolanas ¿no obliga a la mayoría de los venezolanos que se expresaron en contra del autoproclamado presidente, avalado por su trapo de basura institucional llamado Consejo Nacional Electoral de Venezuela y por los demás mamotretos al servicio del régimen dictatorial, a rebelarse o, lo que es lo mismo, a causar una revolución?
En ocasión de una situación similar en las elecciones de hace unos cinco años en dicho país, yo hacía un llamado a la oposición venezolana y a quienes votaron por esta, que la llevó a ganar las elecciones, a no emplear vías no institucionales ni antidemocráticas para que no se desvíen sus propósitos y que su triunfo no sea la consecuencia de acciones ilícitas.
Sin embargo, el mantenimiento en el poder de Maduro por las malas, cumpliendo con ello sus propias palabras durante la campaña electoral, obliga a los venezolanos y a la comunidad de naciones agrupadas en la OEA y la ONU (aunque podemos anticipar de estas sus enclenques papeles), a plantearse seriamente en y para Venezuela otros mecanismos, por demás ya más que justificados, que le devuelvan a este país su verdadera soberanía, que descansa en un pueblo ahíto de abusos, corrupción y gobiernos chavista y madurista y que votó masivamente por el cambio de gobierno.