El Ministro de Educación, Dr. Ángel Hernández, designó, en el mes de septiembre del año en curso, una Comisión para la revisión y actualización de la Ley General de Educación, 66-97. Esta Comisión, integrada por representantes de diversos sectores de la vida nacional, está coordinada por el Dr. Radhamés Mejía. Los miembros de la Comisión trabajan con interés y deseos de aportar de forma significativa para la renovación de la ley. El proceso de revisión de la Ley 66-97 se inició en gestiones anteriores. Por ello uno de los aspectos más valiosos es analizar y acoger lo que aportan los documentos de las revisiones realizadas en otros períodos cercanos. Este es un hecho relevante.
En el proceso se resalta el esfuerzo de la continuidad. No se parte de cero, se toma en cuenta lo que ya se ha realizado, especialmente aquello que tiene validez y actualidad. Este es un ejercicio que favorece la construcción de una cultura de trabajo con base en la valoración de aportaciones consistentes y plurales de otros, sin medir su filiación política. De este modo, se rompe el tabú que elimina, aunque sea válido, lo que procede de otro partido político o de los ministros salientes. Para la realización del trabajo de revisión, se conformaron cinco subcomisiones que abordan los tópicos centrales de la Ley 66-97.
Los trabajos avanzan y se espera que, en un período de seis meses, se pueda presentar una propuesta que refleje, en un nuevo marco jurídico, las necesidades de la sociedad y del sector educación. En los trabajos de revisión y actualización de la Ley 66-97, lo que requiere atención es la definición de alguna estrategia para mantener informada a la sociedad. Es necesario buscar un mecanismo que mantenga viva la comunicación entre la Comisión revisora y los distintos actores y sectores sociales. La dificultad de comunicación con la sociedad que, hasta el momento, muestra el Pacto Nacional para la Reforma Educativa no se puede replicar. Conviene que la Comisión revisora piense y diseñe una estrategia que mantenga a la sociedad informada. Este es un derecho que debe respetarse y fortalecerse.
En este marco, es necesario que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) establezca, también, una estrategia que informe a tiempo real y de forma completa a los educadores afiliados al gremio. Los docentes no pueden permanecer desinformados. Tienen derecho a recibir informaciones sobre el proceso, el alcance y el horizonte de la revisión de la Ley. El liderazgo de la ADP debe involucrar activamente a los educadores en el proceso de revisión. Es recomendable que organicen grupos de estudio y análisis de la Ley 66-97. Los educadores pueden, también, organizar, con los estudiantes de Educación Secundaria, grupos de lectura reflexiva sobre la Ley indicada, para que acojan con una comprensión crítica lo que resulte de la revisión actual.
Es necesario, además, que las instituciones de educación superior posibiliten que el personal docente, los gestores y los estudiantes de educación analicen la Ley 66-97. Esta Ley requiere, de los actores de la educación superior, apropiación reflexivo-crítica. Esto les permite un conocimiento lúcido del marco normativo que rige el ejercicio de su función en el sector educación. Asimismo, adquieren una comprensión reflexiva de la necesidad de la revisión y actualización de la Ley 66-97.
La pertinencia de la revisión viene dada por los cambios experimentados en el contexto mundial, regional y local. Los avances de las ciencias, de las tecnologías de la información y comunicación, y los cambios sociales avalan una revisión práctica, modernizante y útil.