La sociedad dominicana tiene muchos problemas a los que ha de hacer frente en la vida cotidiana. Esto influye para que no discrimine cuál o cuáles de estos se convierten en fenómenos que alteran de forma continua las leyes y las disposiciones de la justicia.
Habituarse a situaciones de esta naturaleza constituye una involución social, humana y política. Se espera que en una sociedad democrática o que aspira a ello esto no ocurra; y, sobre todo, que, si llegara a ocurrir, tenga de frente a una sociedad organizada para defender las disposiciones de la justicia vigentes en el país. Pero, en estos momentos se observa una completa normalización de la alteración de estas disposiciones.
Las transgresiones a las disposiciones de la justicia con total impunidad son cometidas por una institución comprometida con la seguridad de los ciudadanos y responsable de asegurar orden social. Esta institución ha de rendir cuenta de la integridad de la vida de los ciudadanos. Para esto y todo lo que implique atención y respeto a la ciudadanía, está fundada la Policía Nacional. ¿Cómo es posible que esta entidad actúe al margen de las leyes? ¿Por qué asumimos como algo natural el ajusticiamiento de personas por parte de la Policía Nacional? ¿No hay autoridades con las competencias debidas para determinar un cambio radical de esta práctica?
La Policía Nacional se muestra como una máquina de muerte. Se presenta como sustituta del Poder Judicial. Nadie le pone freno a una postura institucional desmarcada de la civilización del siglo XXI. Las continuas muertes por intercambios de disparos tienen que cesar. No pueden continuar profundizando el exterminio humano. No apoyamos ningún tipo de delincuencia. Pero, no estamos de acuerdo con que la Policía Nacional convierta la muerte en un instrumento para liberar a la sociedad de los que delinquen y la irrespetan. No. Es la Justicia la que debe actuar. Parecería que los representantes de la Justicia le tienen miedo a la Policía Nacional.
Los representantes de la Justicia deben demandar a la Policía Nacional para que respete su rol. Estos no pueden quedarse como simples observadores. Deben trabajar para que su autoridad no se degrade, al permitir que otra entidad usurpe sus funciones y tareas. En este marco, urge eliminar las causas que incrementan la delincuencia. Es un imperativo, también, la creación de condiciones que favorezcan la inclusión social, económica y política. Sin equidad la delincuencia será más fértil, aquí y en cualquier otro escenario del mundo. El déficit educativo y cultural de la Policía Nacional no garantiza un cambio en su política de muerte al delincuente y de violación a las leyes.
La violación sistemática de los derechos humanos por parte de la Policía Nacional requiere una actuación rápida. No podemos esperar que se logre un cambio mágico, ni que se alcance la transformación policial anunciada. El gobierno y los responsables del proceso educativo de los policías, también, deben tomar una posición que los distancie de la complicidad de la barbarie instaurada por esta institución. El delincuente tiene que ser juzgado por el sistema dominicano de Justicia. Los delincuentes tienen derecho a ser juzgados, no tienen que terminar en una fosa por decisión de la Policía. El proceso educativo de los policías ha de priorizar el respeto a los derechos humanos.
No aceptamos ningún argumento que justifique la violación de los derechos humanos por parte de la Policía Nacional. Esta institución muestra una aversión permanente a estos derechos. Por tal motivo, la sociedad tiene que tomar una postura clara y firme. Si no lo hace, fortalece la cultura de la complicidad; y la Policía Nacional continuará utilizando un gatillo que se pasa de alegre y continuará actuando con total impunidad. Esta entidad puede y debe ser llevada a la Justicia. A su vez, la Justicia, debe liberarse de los temores que la afectan, ante el poder y la fuerza de la Policía Nacional cuando se trata de dar muerte a delincuentes.
Una institución que le tiene aversión a los derechos humanos necesita conocer y analizar con sus miembros la Constitución de la República Dominicana. De igual manera, ha de profundizar en la condición humana. El problema del ajusticiamiento sistemático refleja un déficit de humanización alarmante. Reconocemos que el trabajo de la Policía Nacional es complejo y difícil. Pero ello no justifica que más de 68 personas hayan encontrado la muerte a manos de la Policía en el 2023. Se debería crear otro tipo de entidad con un nivel humano y educativo creíble y respetable.
El respeto a los derechos humanos no se mercadea con nada. Todas las instituciones han de reconocer y respetar los derechos humanos. Si las personas infringen las leyes, han de responder de sus hechos ante la Justicia. La Policía Nacional está equivocada y no se le debe permitir que continúe violentando los derechos de personas y de instituciones impunemente. De la misma forma, un sistema de Justicia indiferente a esta cultura de la violación de derechos, tampoco constituye una ayuda para el desarrollo y el avance de la nación. La aversión de la Policía Nacional a los derechos humanos tiene que cesar. Unamos fuerzas para que esta institución no anteponga la muerte a la vida.