La República Dominicana tiene la idea y el deseo de inscribirse en la ruta del desarrollo socioeconómico, educativo y cultural que demanda la época. Busca por diversos medios brechas para activar relaciones, proyectos y oportunidades que le permitan avanzar hacia un desarrollo más estable y favorecedor de condiciones de vida dignas para la población. Para avanzar en esta dirección y alcanzar las metas deseadas, es necesario contar con la educación. Esta ciencia tiene sus saberes, códigos y métodos propios para generar procesos y novedades educativas capaces de viabilizar el progreso a que se aspira.
Las aspiraciones del país en materia educativa requieren un sistema educativo consistente, robusto. Pero, esta meta, cada vez más, se vuelve inalcanzable. Las variables que afectan el acercamiento a esta meta son, desde nuestro punto de vista, tres elementos: carencia histórica de voluntad política de los gobiernos, visión educativa recortada de los partidos políticos y decisión oculta de la clase social-empresarial para aumentar su fortuna con base en un pueblo con baja educación, desconocedor de sus derechos y de sus responsabilidades personales y ciudadanas.
Para confirmar los planteamientos de este artículo, se cuenta con la joya educativa más reciente: pacto entre el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Se acuerda que los docentes con un puntaje inferior a 70 puntos en la evaluación del desempeño reciban incentivo salarial y reforzamiento formativo. Este pacto lesiona la calidad de la educación, vulnera la consistencia académica que ha de mostrar el docente en el ejercicio de su función. Pero, también, niega el discurso sobre la eficiencia del sistema educativo y los resultados de aprendizajes efectivos requeridos.
Este pacto en ningún momento se debió firmar ni, mucho menos, ser publicado con el júbilo con que se hizo. Este hecho constituye un retroceso inadmisible. Si un docente no tiene capacidad para alcanzar 70 puntos en el proceso evaluativo de su trabajo, ¿con qué autoridad puede exigirles a los estudiantes una respuesta óptima en el proceso de aprendizaje? Valoro y admiro a los docentes, pero no puedo ser cómplice de un pacto que reduce a polvo el empeño por una educación de calidad y un ejercicio docente fundamentado y responsable. No, al pacto suscrito, porque acentúa la banalización de la formación y del desempeño docente.
No, al pacto MINERD-ADP, porque invita a mirar hacia atrás, en un período local, regional y mundial que requiere una visión natural y estratégica más avanzada. No, al pacto, por encontrarnos en una etapa del desarrollo del país que demanda docentes competentes, capaces de generar en el aula, en el centro educativo y en la comunidad, aprendizajes y experiencias que mejoren, de forma significativa, la práctica de los maestros, la vida de los estudiantes y de la sociedad. Esta burla educativa debe ser rechazada por la sociedad. Este tipo de hecho mueve a olvidarse de una educación efectiva.
La educación que exige la realidad del país ha de impulsarse con docentes altamente calificados. Este es un desafío del gobierno, del MINERD, de la sociedad y de la ADP. Para ello se ha de eliminar el clientelismo político y el síndrome del voto electoral que subyacen en los pactos que se establecen. Atrás el pavor que los gobiernos le tienen a la ADP. Ratifico que la organización de los docentes es fundamental. La pedagogía y la visión política que tengo sobre la organización de los maestros y de los pactos que han de establecer el MINERD y la ADP, no tienen ninguna relación con un pacto que profundiza el desgaste del sistema educativo dominicano.