La sociedad dominicana está consternada; siente temor por la cantidad y la velocidad de los crímenes acaecidos en la semana que acaba de culminar. Los hechos son más preocupantes por el involucramiento de jóvenes, cuyo trabajo ha sido dedicarse a la realización de hechos que violan la normativa social. El repudio de los actos delincuenciales ha llevado a algunas personas a la celebración de la muerte de jóvenes involucrados en acciones transgresoras de las leyes y de la paz social. Estas personas, afectadas por las constantes amenazas y el ambiente de violencia, encontraron como normal festejar la muerte de los jóvenes a manos de la policía. Este organismo reivindica su integridad y eficiencia matando; su inteligencia y creatividad no alcanza para más. Estamos frente a una ola de asaltos, muertes y heridos que enlutan a familias, acentúan la inseguridad ciudadana y generan múltiples interrogantes sobre la equidad en la sociedad dominicana. Sí, la equidad. Este valor no se conoce, si se profundiza en la realidad de los jóvenes dominicanos. Además, estos hechos nos llevan a pensar sobre qué se está haciendo en el ámbito educativo dominicano para que se incremente la delincuencia juvenil a una celeridad fuera de serie. La construcción de una sociedad segura y educada exige del Estado dominicano focalización de políticas públicas que muevan la arquitectura de la inequidad social y educativa.
Los jóvenes que no tienen oportunidades para estudiar ni para trabajar son una presa fácil de los que asumen el delito como cultura personal e institucional. Los hechos que se están produciendo exigen que se le ponga atención prioritaria a la equidad en la sociedad dominicana. Requiere, además, avanzar del discurso de la calidad de la educación a la práctica real de esta necesidad. Requiere, también, develar y afrontar, con políticas efectivas, la violencia física, sicológica y sexual que vulnera la escuela del país. El Estado dominicano ha de hacer su parte para que la equidad y la educación de calidad dejen de ser un grito desesperanzado. Las políticas públicas orientadas a la equidad laboral, educativa y social han de tener como foco a los jóvenes. Estos violentan las leyes, en gran parte, por la presión de la exclusión que viven en el país; asimismo, por el vacío educacional que arrastran.
En una sociedad estructuralmente caracterizada por la inequidad y la desintegración progresiva de la institución familiar no se puede esperar un comportamiento juvenil exento de la transgresión de las leyes. Estas leyes no los toman en cuenta ni se comprometen con su vida presente y futura. Desde este marco, los jóvenes se mueven en un vacío existencial, laboral y social. Se encuentran desprotegidos. Aparecen instituciones que, como pantallas públicas, los asumen para la publicidad y para la obtención de fondos. Esto es, los utilizan mientras ellos se debaten entre las dificultades de la sobrevivencia y el sinsentido de la vida. Parecería que la desesperanza es tan elevada que los jóvenes han optado por la muerte, aunque sea violenta. Los estudios sobre la realidad de los jóvenes son diversos y demandan de los poderes del Estado un compromiso veraz y concreto con los resultados y las recomendaciones.
No hay vuelta atrás. La realidad de los jóvenes tiene que estar fuera de la demagogia y de la palabrería hueca. Urge cuidar el presente y el futuro del país. Policías y ejército en la calle debe ser una estrategia descartada. Los gastos en los que se incurre deben tener un destino comprometido con el fortalecimiento de las políticas sociales que garantizan equidad en el cuidado y desarrollo de los jóvenes. Puede dar la impresión de que prefiero el bandolerismo. Jamás. Lo que prefiero es que no nos engañemos. No se resuelve nada matando a los jóvenes que incurren en la delincuencia, sin introducir cambios estructurales que garanticen la educación, el empleo y el desarrollo integral de los jóvenes. Es necesario revisar la calidad del gasto público en función del desarrollo de la juventud. ¡Pongámosle fin a este grito desesperanzado!