La preocupación por el respeto a los derechos humanos está generalizada en el mundo. En unos contextos, la situación es más preocupante, por la fuerza que tiene como cultura, como modo habitual de proceder, el desconocimiento de estos derechos. La adopción de la práctica cultural del desconocimiento de los derechos de las personas, aunque hayan transgredido las leyes, merece atención y discontinuidad. La violencia y las tensiones vinculadas a la delincuencia que afecta a la sociedad dominicana requieren de métodos más congruentes con los avances de las ciencias y de los resultados de investigaciones sobre la delincuencia individual, social e institucional.
El cuerpo policial de la República Dominicana es una institución que se caracteriza por condiciones de precariedad que han hecho sonar las alarmas en diversos sectores sociales. Es un personal que cuenta con un nivel educativo precario; y con una dinámica de funcionamiento que evidencia dispersión y carencia de criterios para resolver los problemas. La institución policial presenta dificultades de visión y de estructuras. Por ello valoramos los esfuerzos que se despliegan actualmente para introducir cambios que liberen a la Policía Nacional del desprestigio y de la ignorancia. Los policías son personas; también requieren atención a sus derechos y al cuidado de su dignidad personal e institucional.
En este contexto, nos preocupa, por un lado, la complejidad social y los problemas que la conmocionan; por otro, la inoperancia de un cuerpo policial que presume de gatillo alegre, al multiplicar periódicamente los intercambios de disparos y matar los delincuentes como si fueran ratas. Los jóvenes que asumen la delincuencia como el modo ordinario de vida, son personas con derechos; y son las leyes las que tienen que determinar el régimen de consecuencia que se ha de aplicar. La muerte no puede sustituir la aplicación de las leyes. Los intercambios de disparos de la Policía Nacional con resultados mortíferos vulneran la institucionalidad y los principios de justicia.
Con estos planteamientos, no se pretende legitimar la delincuencia; ni, mucho menos, la complicidad de la institución policial con los delincuentes. A estos se les debe aplicar lo que indique la ley. La Comisión responsable de la Reforma Policial debe arbitrar los medios necesarios para que la cultura de la Policía Nacional sea más humana y civilizada. Es un proceso largo y complejo que requiere menos discursos y una acción significativa. El gatillo alegre afecta la paz de la sociedad y la credibilidad de la institución policial. Todo no se puede resolver con la fuerza, requieren más inteligencia y recursos tecnológicos que los enseñe a pensar la acción, acompañada de una apropiación lúcida de la legislación vigente en el país.
El compromiso de una institución policial con formación de calidad constituye una urgencia nacional. Los métodos de la Era de Trujillo tienen que ser desterrados. Es inconcebible que en este siglo sigan imperando métodos que se acercan más a la barbarie que a la justicia transparente y justa. La delincuencia se tiene que erradicar con cambios estructurales que le abran espacio a la formación y al trabajo que necesitan los jóvenes; con transformaciones que flexibilicen la hegemonía de un mundo organizado solo para adultos; un mundo que mantiene a los jóvenes en las esquinas. Estos intentan empujar para encontrar brechas que les aseguren una vida digna y los derechos que les corresponden.
El gatillo alegre no contribuye en nada a lo que realmente necesita el país. La Policía Nacional es un peligro público al resolver por la vía rápida y marginar las directrices de leyes en la solución de casos de altos y bajos riesgos. No, al gatillo alegre. Sí, a la aplicación de las leyes con todo el peso que tienen.