La aprobación del Código Penal en la versión que fue sancionada por el Senado de la República colocaría a nuestro país en una situación de retroceso que gravaría nuestro futuro.

No se trata de un match, como se quiere presentar, entre providas y progres. Se trata, sencillamente, de sentido común y de la necesidad de aprobar un código penal coherente, en acuerdo con el momento histórico que vivimos y que, por consiguiente, respete los derechos humanos.

Los planteamientos sobre el aborto, por su virulencia y las pasiones que desencadenan, han ocultado, en las reseñas de prensa de las vistas públicas de Código Penal, otros aspectos que no dejan de ser indignantes y ponen en entredicho las intenciones de los redactores de las leyes, así como sus limitaciones.

El Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), advirtieron en su participación ante la Cámara de Diputados que el proyecto desconoce derechos consagrados en la Constitución, leyes y acuerdos internacionales

El documento preparado por la Coalición de ONG para la Infancia, que articula 42 organizaciones no gubernamentales y comunitarias que trabajan a favor de la defensa y promoción de los Derechos de la Niñez, detalla los argumentos a tomar en consideración para garantizar que el Código Penal pueda ser un instrumento que proteja a los niños, niñas y adolescentes contra cualquier manifestación de violencia.

Entre otras razones se destaca que:

  • 14: exime de responsabilidad jurídica y de sanciones penales a las Iglesias y a sus miembros.
  • Articulo 123 párrafo II: la violencia contra niños, niñas y adolescentes es violencia intrafamiliar cuando se comete por parte de padres/madres y/o tutores. La inclusión de la existencia de recurrencia o patrón, aparte de incurrir en interpretaciones, no responde a la realidad nacional cuando se sabe  que el 64.7% de los hogares reconoce el uso de prácticas violentas en la crianza de sus hijos /as.
  • Articulo 138 sobre el incesto: este delito debe ser imprescriptible ya que las consecuencias físicas y psicológicas del abuso son mayores cuando este ocurre dentro de un vínculo sanguíneo. Por lo que su prescripción limitaría las posibilidades de acceso a justicia, atención integral y restitución de derechos de las víctimas.

Recalca el documento, que fue presentado por la señora Alba Rodríguez, directora de Save the Children Dominicana en representación de la Coalición de ONG para la Infancia, que el Código Penal en su estado actual violaría la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, la Constitución dominicana y la Ley 136-03.

Las nuevas normas que se pretenden introducir representarían un grave retroceso en relación con normas existentes. La introducción de medidas que limitan derechos refleja las grandes contradicciones de la República Dominicana de hoy. Presumimos ser un país cada vez más moderno, y sin embargo asumiríamos formas de pensamiento y prácticas sociales de tiempos ya superados.