Entendida la necesidad de una reforma, y una vez determinada su magnitud, viene la preocupación por el cómo. Mucha gente cree que basta con acabar la evasión y mejorar la calidad del gasto público. Si bien esas son condiciones bienvenidas, la realidad es que si alguien tuviera la varita mágica para resolverlo todo, entonces ese problema no existiría en muchísimos países.
Además, difícilmente se puedan introducir correctivos a la evasión sin que la sociedad perciba que le están aumentando impuestos. Por ejemplo, los anticipos fueron introducidos como un mecanismo de control de la evasión, y hay pocas cosas más odiosas que los referidos anticipos, pero estos serían innecesarios si la autoridad confiara en que, en ausencia de ellos, las personas físicas y jurídicas van a pagar lo que la ley manda.
A su vez, pocas cosas se prestan más a la evasión que las exenciones y exoneraciones, sea por incentivos fiscales o por favorecer a los pobres, al abrir la brecha para el fraude fiscal.
Mucha gente sostiene que la situación fiscal se corrige bajando impuestos. Este es un discurso muy popular después de medio siglo de prédica neoliberal, pero tal aseveración obedece más a posiciones ideológicas que a cómo funciona la vida real.
Es cierto que los impuestos en la República Dominicana no son particularmente bajos, al menos, tan bajos como para explicar tan precarios resultados recaudatorios. Salvo el impuesto sobre la renta, que es ligeramente bajo, las tasas vigentes son congruentes con los promedios de América Latina, aunque es una región caracterizada por tener impuestos bajos. De modo que tampoco hay un gran espacio para reformar subiendo los impuestos existentes.
No es cierto, como suele repetirse para rechazar los impuestos, que aquí los pobres pagan más que los ricos, aunque sí que estos pagan mucho menos que lo que deberían. Un estudio publicado recientemente por el Banco Mundial, titulado “Impacto en Pobreza y Distributivo de la Política Fiscal en la República Dominicana” demuestra que el principal enemigo de la población pobre no son los impuestos, sino la baja carga tributaria que dificulta dotarlos de bienes públicos adecuados.
Indica el estudio que ni siquiera el ITBIS en nuestro país es regresivo, aunque sí podría llegar a serlo en la medida en que se vaya ampliando su cobertura. Lo más significativo de sus conclusiones es lo siguiente:
- El sistema tributario dominicano no es regresivo, como suele decirse, sino lo contrario.
- Aun en el caso de que lo fuera, el sistema fiscal en su conjunto es bastante progresivo, debido a que cualquier elemento de regresividad en algunos impuestos se compensa con creces por la progresividad de los programas de gastos públicos.
De acuerdo con el Banco Mundial, la clase alta, siendo una fracción ínfima de la población, paga el 64.6% de los impuestos directos y el 24.3% de los indirectos. Si se toma el decil superior de la estratificación social, que incluye también la clase media, paga el 85% de los impuestos directos y el 42.7% de los indirectos. En tanto, la mitad más pobre, no paga los impuestos directos y solo el 17% de los indirectos, al tiempo que se beneficia de aproximadamente el 75 por ciento de los gastos públicos.
El medio por excelencia para redistribuir es el gasto público, el cual es muy progresivo. Y la limitación que tiene el fisco para proveer bienes y servicios restringe su capacidad para lograr un mayor impacto en términos distributivos.
Otro asunto a considerar es que no hay forma de hacer reforma tributaria sin afectar a la clase media, e incluso a los pobres. Recordemos que más de la mitad del llamado gasto tributario son exenciones al ITBIS, candidatas a ser elimiadas, muchas de ellas.
Lo correcto es poner todo el empeño en establecer impuestos socialmente progresivos, basados en la renta y el patrimonio. Pero descansar solo en ellos ha sido imposible en América Latina, pues los ricos tienen demasiadas alternativas para eludir o evadir su pago. Y la única manera de llegar a ellos de manera sustancial es eliminando todas las exoneraciones. Una sola que se deje es una brecha por la cual escapan.
Aunque los pobres carguen con algunos impuestos, es mucho mayor el beneficio que reciben por medio de los servicios que el Estado les provee. Es cierto que el sector privado necesita incentivos: todos queremos que el país tenga mucho desarrollo fronterizo, desarrollo de la intermediación financiera, muchas inversiones en turismo, en industrias, en zonas francas, en el negocio cinematográfico, en electricidad, mucha inversión inmobiliaria y desarrollo del mercado hipotecario, mucho internet y telecomunicaciones, que los ricos puedan educar sus hijos en buenos colegios y universidades sin pagar impuestos. Pero alguien tendrá que pagar por el Estado que necesitamos.
En definitiva, ni entre empresarios ni entre organizaciones sociales ni entre expertos hay formas de pactar los impuestos, porque los intereses contrapuestos lo impedirán. He sostenido siempre que a lo más que puede llegar un pacto es al alcance de la reforma fiscal, pero definir su diseño y aprobación, habrá que dejárselo a los funcionarios, técnicos y legisladores. Para eso es la democracia, y para eso está la tecnocracia.