Haber conseguido una mayoría congresual abrumadora para un Gobierno puede ser útil, pero peligroso. Puede ser usado para hacer transformaciones necesarias, pero también para bellaquerías, como hemos visto antes. También es cierto que decisiones vitales para el futuro pueden verse como malas en el corto plazo, pero son trascendentales para el largo.
Esas tienen que ser abordadas en lo inmediato, antes de que comience el desgaste, pero también, porque cuando un gobierno nace sin oposición, tiende a salirle oposición al interior de su propio partido.
Mucho se discutirá sobre el alcance de la reforma fiscal. Los capitalistas, los financistas y sus agencias y los economistas más conservadores procurarán una reforma de mínimos, que solo sea lo necesario para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. En tal sentido, que rinda lo suficiente para garantizar el pago de los intereses y evitar que la deuda siga creciendo. Incluso muchos limitarán tal objetivo a la deuda del Gobierno Central, dejando sin solución la del Banco Central.
Una reforma así sería necesaria, pero insuficiente. Ni un Estado ni una familia pueden vivir endeudándose eternamente. En algún momento tienen que hacer la corrección. Además, la otra virtud de una reforma que garantice la sostenibilidad es que ayudaría a conseguir acceso más barato y estable al financiamiento que se seguiría necesitando para repagar los vencimientos futuros.
De modo que no se puede negar su importancia, pero solo sirve para ahorrar sobresaltos, es decir, evitar que las cosas empeoren en el futuro. Ciertamente es vital para la estabilidad macroeconómica a largo plazo, pero no para la estabilidad social y política. Esta última pasa por conseguir un Estado más funcional, un sistema de servicios más amplio y eficiente.
Por eso, algunos economistas, entre los que me encuentro, postulamos por una reforma destinada a fortalecer el Estado, además de la sostenibilidad fiscal, como dispone la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Si se va a llevar a cabo una negociación política para introducir reformas, debería pactarse dotar al Estado de más legitimidad frente a los ciudadanos, porque está en condiciones de proveerles servicios eficientes de policía y seguridad ciudadana, justicia, salud, educación, agua y preservación del medio ambiente. Y de invertir en infraestructura pública un porcentaje apreciable del PIB para la integración y cohesión territorial y el progreso económico.
El desarrollo exige de una adecuada dotación de bienes públicos. En la República Dominicana, de todo el consumo que se realiza el 85% es privado y de toda la inversión realizada el 90% es privada. Sólo 15% del consumo y 10% de la inversión es pública. Un desequilibrio así no es bueno para el crecimiento ni para la equidad social.
No solo el sistema tributario tiene que ser remeneado. Tiene que venir acompañado de decisiones trascendentes orientadas a afrontar las pérdidas del sector eléctrico (ojalá aparecieran compradores para las edes), continuar consolidando instituciones (suprimiendo las duplicadas o innecesarias), derogar la multiplicidad de leyes que dan rigidez al manejo presupuestario al comprometer legalmente porcentajes del PIB o de los ingresos en favor de funciones o entidades, dotar de recursos a los gobiernos locales y ampliar la seguridad social.
En todo momento y en todo lugar, la seguridad social es intrínsecamente un problema fiscal. Tiene que quedar definido cómo la sociedad dominicana va a sostener un buen sistema de pensiones, capaz de garantizar a la gente un mínimo de bienestar al término de su vida laboral, bien sea con pensiones contributivas para los que puedan cotizar, y asistenciales para los que no puedan. Por eso la discusión de la reforma del sistema tributario y de la seguridad social son inseparables, salvo correr el riesgo de errores garrafales.
En adición, supongo que el país no llegaría de buen gusto a un acuerdo fiscal de envergadura que deje sin tocar los desequilibrios en el sistema de remuneraciones públicas, en que conviven pagos millonarios autoasignados en algunas instituciones, incluyendo sueldos, regalías, exoneraciones (y después pensiones), con los salarios masivos de humildes servidores en proporciones que superan el 100 a uno.
El Gobierno tiene que mostrar a la ciudadanía que no va a seguir el malgasto de dinero público en la política, llegando a casos tan extremos como un grosero contrato de remuneración a los votos obtenidos en el caso del tal Cobrador, que dice no ser pagador de impuestos.
E insisto, si vamos a reformar para un futuro sin sobresaltos, hay que definir cómo vamos a solucionar el tema de la deuda cuasifiscal, no solo por lo que cuesta actualmente, sino porque constituye un cuchillo apuntando al corazón de nuestra sociedad, amenazando la estabilidad y el progreso futuro. No olvidemos que lo que el Gobierno adeuda al Banco Central, este a su vez lo debe a los fondos de pensiones y a los bancos, los cuales, a su vez, lo deben a los ciudadanos y las empresas.