¡El imperio contraataca! No se trata de la saga de la Guerra de las Galaxias de 1980 de George Lucas. Episodio V: The Empire Strikes Back. Tampoco de la Guerra que se desarrolla en Ucrania. Menos los intentos de expandir la OTAN a la región Asia-Pacifico incorporando Australia, Japón, Singapur y Corea del Sur. El imperio, en este caso, es el gran poder económico de condicionamiento que ha acumulado el sector financiero dominicano vía las administradoras de fondos de pensiones, las conocidas AFP. En poco tiempo próximo estaremos ante una acumulación de un billón de pesos, es decir un millón de millones, mas del 20% del PIB dominicano. Estamos cotizando desde 2003, casi 20 años, y las AFP no han otorgado ni una sola pensión por vejez.
En la ley que rige el régimen de seguridad social dominicano, la conocida 87-01, su diseño conceptual fue hecho sobre la base de un “copy and paste” de la experiencia chilena en pensiones de 1981 y la experiencia colombiana en provisión de servicios de salud mediante la Ley 100 de 1993, aplatanadas ambas a la condiciones de República Dominicana.
Pero ¿por cuál razón el Sistema de Seguridad Social Dominicano tiene tan poca originalidad? El país tiene una tradición histórica de llegar tarde, sino de último, a las olas de reformas y nuevas tendencias en materia de políticas públicas, a menos que esas reformas y tendencias lleguen en las maletas de los organismos multilaterales. Los sistemas de pensiones surgen en Europa a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX bajo el llamado “modelo de reparto” y solidaridad intergeneracional, tanto para pensiones como para salud. Para resumir en pocas palabras, la Población Económicamente Activa y los empleadores, cotizan para pagar las cotizaciones de los mayores. Y así sucesivamente. Eso ha permitido una alta cohesión social y generacional de las sociedades occidentales. Mas de 120 años con este modelo que ha dado seguridad y estabilidad a las sociedades que lo adoptan, que son mas de 140 en el mundo según la OIT.
Aunque Trujillo creó en nuestro país una “Caja del Seguro Social” a finales de los años 1940 con muy poco impacto en la vida de la mayoría de los trabajadores dominicanos, como respuesta a las huelgas de los trabajadores azucareros encabezados por Mauricio Báez, transformada la Caja después de la caída de la dictadura en Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), las cotizaciones al mismo nunca fue obligatoria de todos los asalariados, sino que sólo alcanzaba al trabajador de mas bajos ingresos que nunca fue mas de un 3% de la población económicamente activa. Incluso, los trabajadores “beneficiarios” del IDSS, no alcanzaba a su núcleo familiar, compañera o compañero y sus hijos y, las pensiones eran de miseria y el servicio de salud limitado. Un sistema de salud escindido entre unos hospitales del Estado deficientes y una salud privada cara y mala.
En realidad no se construyó nunca un sistema de seguridad social como tal antes de la reforma de 2001. Es decir, es errado decir que pasamos de un sistema de reparto (IDSS) a otro de capitalización individual. Así se mantuvo todo el siglo XX, hasta que el sector financiero se dio cuenta del gran negocio para las entidades financieras del sistema creado por Pinochet en Chile a partir de 1981 con la privatización de las pensiones y Gaviria –el “liberal”- en 1993 en Colombia, con la creación de la Empresas Proveedoras de Salud (EPS).
En el primer gobierno del Dr. Leonel Fernández (1996-2000) se comenzó a debatir las reformas al sistema de seguridad social en el marco de una Comisión presidida por el Ministerio de Trabajo, encabezado por el Dr. Rafael Alburquerque, donde quedó de manifiesto que el sector laboral y gubernamental propugnaba por un sistema de reparto mejorado y generalizado, y el sector privado, encabezado por los representantes del sector financiero, lo que después sucedería: un modelo de construir una “seguridad social” obligatoria como “negocio seguro” pero que limita los servicios y los “riesgos” y permite una gran acumulación de capital. Se llega al año 2000 y no hay consenso. El gobierno del Presidente Mejía da luz verde a un Senado controlado por su partido y se redacta como anillo al dedo, la nueva “Ley del Sistema de Seguridad Social Dominicano”. Se aprueba en 2001 como Ley 87-01 y se inicia su puesta en ejecución en 2003, pero no por la parte de salud, la mas precaria, sino por la que ofrecía los mayores beneficios: las AFP y la acumulación de cotizaciones sin contraprestación de servicios por 30 años, es decir no antes de 2033, en el mejor de los casos.
La cada vez mas evidente ausencia de protección de este sistema de seguridad social a la mayoría de la población ha ido haciendo consciencia en los trabajadores y cotizantes de la necesidad de su reforma. Con la llegada de la crisis del COVID 19, en marzo de 2020, y la gran crisis social y económica que estalla, la población dominicana observa como en Perú y en Chile se han hecho devoluciones de 20% y 30% de los fondos en “cuentas individuales” a sus reales propietarios. Aquí se propuso lo mismo y se ha “merengueado” el tema en el Congreso. Además resulta impactante que en medio de una pandemia y una crisis sanitaria como la del COVID, las Administradoras de Riesgos de Salud, ARS, ganan miles de millones y se niegan a atender incluso las pruebas PCR que eran fundamentales para la población.
Es en ese contexto que surge un movimiento multifacético, la Coalición por una Seguridad Social Digna, que incluye grande entidades como el poderoso sindicato de los maestros, la ADP, el Colegio Medico Dominicano, y gran número de agrupaciones locales y nacionales en demanda de reformar ese sistema negador de derechos. Ante esta situación las AFP están desplegando sus grandes acorazados para combatir a través de publicidad y falsificaciones la creciente demanda de la población de cambios sustantivos en el sistema de seguridad social, que asegure pensiones dignas y un sistema de cuidados de salud no mercantilizado. Ahí está el desafío. El Consejo Económico y Social discute en varias mesas estas reformas. En el Congreso hay cada vez mas voces que exigen una reforma integral del Sistema de Seguridad Social que garantice pensiones dignas a todos los dominicanos, y un sistema de salud que no convierta el sistema sanitario en un sistema para hacer ganancias, y no permita que el pueblo dominicano tenga que aportar 45% de gasto en salud de sus magros bolsillos para asegurarse cuidados mínimos de salud.