Desenvainar los sables puede terminar en que la sangre llegue al rio. Tal aprehensión embarga a cualquier observador ahora que se enfrentan la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas (CDAP) y la recién formada Coalición para la Defensa de Pedernales (CDP). La primera ha objetado aspectos del proyecto de Cabo Rojo y ahora se ensaña ferozmente contra el de Bucanyé. Pero los pedernalenses se aprestan a “defender con la vida” ese proyecto. Si ambas coaliciones no armonizan sus querellas el anhelado desarrollo de Pedernales podría languidecer por muchos años.
Un breve repaso del perfil del proyecto ecoturístico, del estatus de área protegida de los terrenos y de los derechos de propiedad permitiría concluir que el proyecto es altamente deseable. Su cercanía a la ciudad de Pedernales le imprime una importancia capital para su población. No debe ser obstaculizado si cumple con los requisitos de sostenibilidad que se deriven de su estudio de impacto ambiental. Además, la naturaleza de este y la nacionalidad extranjera del inversor (Oceanus Investment) constituyen un estímulo importante para atraer el interés de otros inversores privados hacia la provincia, especialmente porque todavía estos no dicen presentes para el proyecto de Cabo Rojo.
El proyecto se desarrollará en una propiedad de más de 14 millones de m2 ubicada al sur cercano de la ciudad de Pedernales. No se ha logrado conseguir una descripción más reciente del mismo, pero un artículo del periodista Tony Pérez del 2021 dice que “el complejo hotelero tendrá una capacidad de alojamiento de 9,800 habitaciones conforme los parámetros del Ministerio de Turismo (MITUR) y del Plan Maestro General para la zona, aprobado por el Gobierno. La densidad promedio que han propuesto es de hasta 10 habitaciones por hectárea, con atención al tipo de proyecto y perfil del turista al que van dirigidas” (ver Mapa #1). Los promotores han anunciado que esperan comenzar las construcciones en noviembre de este año.
Bucanyé es un tramo del litoral provincial que no coliga ni colinda con el proyecto de Cabo Rojo. Mientras este último no es parte de ninguna área protegida, la Ley No.202-04 de Áreas Protegidas designó al área de Bucanyé como parte de un Área Nacional de Recreo (ANR), una de tres subcategorías dentro de la Categoría VI Paisaje Protegido (ver Mapa #2). El Art. 84 de la citada ley establece que esa Categoría tiene 4 polígonos y que el Polígono 1 corresponde al litoral Playa Cabo Rojo-Pedernales en el cual se ubica Bucanyé. La ley define los usos del Paisaje Protegido como: “recreación y turismo, actividades económicas propias del sitio, usos tradicionales del suelo, infraestructuras de viviendas, actividades productivas y de comunicación preexistentes, nuevas infraestructuras turísticas y de otra índole reguladas en cuanto a densidad, altura y ubicación.”
Según las Directrices para la Aplicación de las Categorías de Gestión de las Áreas Protegidas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), el uso de su territorio debe ajustarse a las posibilidades y los límites que en este caso se hayan estipulados para la ANR. Las regulaciones pueden variar según el país y la jurisdicción especifica. Pero en vista de que la ANR es la subcategoría de protección con la menor restricción de uso entre todas las áreas protegidas, la vocación turística de los terrenos de Bucanyé fue reconocida por el Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial Turistico de Pedernales (PSOTT) que elaboró el MITUR en el 2012 (ver Mapa #2).
En el PSOTT se concibe al de Bucanyé como uno de los proyectos turísticos preferentes (ver Mapa #3).
Ahora bien, el proyecto todavía no tiene el estudio de impacto ambiental que requiere el Ministerio Ambiente para su aprobación definitiva. Según se reporta, “late el temor a que suceda lo mismo que en otros polos, con la violación de la disposición de 60 metros a partir de la costa; la eliminación de lagunas y manglares y la sobrecarga de suelo y altura permitida.” Si bien se reporta el corte del mangle terrestre en un unos 6 millones de metros cuadrados, lo que se objetaría seria que lo corten todo por su importancia para combatir el cambio climático y el efecto invernadero. Pero el mangle terrestre no reviste la importancia del marino para la conservación del ecosistema marino y la protección de la costa. Además, la empresa ha asegurado que protegerá el mangle marino. También que el 10/11/22 solicitó la autorización ambiental del proyecto para iniciar el proceso de evaluación ambiental y solo falta la aprobación para iniciar el estudio de impacto. Además, la consultora local contratada para los diseños se tiene como respetable y consciente de los requisitos de sostenibilidad.
Respecto a la legalidad de los derechos de propiedad de Bucanyé, los promotores alegan haberlos comprado de buena fe y tener los respectivos títulos validados por la Jurisdicción Inmobiliaria. Pero ha surgido una polémica sobre la idoneidad de estos. Se alega “un supuesto fraude en la adquisición de la Parcela 40 y sus respectivas subdivisiones por parte de particulares, quienes vendieron entre 2009 y 2015 los inmuebles a Oceanus Investment dentro de un área protegida.” Aclarando que esa parcela fue excluida del litigio de Bahía de las Águilas y que nunca estuvo en litis, la empresa contrapone que “Bucanyé es sinónimo de un proyecto legal, viable medioambiental y socialmente positivo". Desmiente además que haya ninguna litis sobre la propiedad (como falsamente se ha alegado), mostrando las certificaciones de lugar de la Jurisdicción Inmobiliaria.
La empresa agrega: “No existe prueba alguna de una supuesta apropiación de los terrenos del proyecto, toda vez que los mismos cuentan con su titularidad de carácter privada desde hace décadas, incluso previo a la promulgación de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (año 2000) y de la Ley sectorial de Áreas Protegidas (año 2004)". “De hecho, el párrafo del artículo 9 de esta última normativa reconoce la validez de derechos privados en áreas protegidas estableciendo una obligación del Estado para respetar el derecho de propiedad que pueda tener un particular con anterioridad a la promulgación de la Ley de Medio Ambiente.”
Sin embargo, la CDAP ha pedido a la PGR y a DGEIG una investigación sobre la propiedad de los terrenos. El mismo ministro de Medio Ambiente ha dicho que la denuncia del Grupo Jaragua sobre la supuesta ilegalidad de la propiedad del proyecto es falsa. “Es un acto de deshonestidad intelectual y profesional.” (Del Grupo Jaragua se ha oído también la falsa afirmación de que Bahía de las Águilas es parte del Parque Nacional Jaragua.) “A su vez, el viceministro de Áreas Protegidas, Federico Franco, publicó en su cuenta de Twitter, el 31 de marzo pasado, que la denuncia tiene un sometimiento ante la Procuraduría de Medio Ambiente desde febrero de 2022 y que ese mismo día visitó la zona y no encontró violación alguna”.
Parece confusa, sin embargo, la posición del gobierno central sobre el referido proyecto. Por un lado los promotores afirman haber recibido un respaldo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (y que la misma es socio del proyecto), mientras por el otro el Ministerio de la Presidencia ha dado seguridades de que no permitirá desarrollo de infraestructuras en áreas protegidas, incluyendo las ANR. Tal ambigüedad desconcierta porque contradice lo permitido por la Ley No.202-04 para las ANR y por las Directrices de la IUCN. Para mayor complicación debe recordarse que en enero 2023 la Coalición ambientalista objeto una adenda para el Fideicomiso de Cabo Rojo alegando que el territorio a fideicomitirse tenía el estatus de área protegida y pidió además que se excluyera el polígono Playa Cabo Rojo-Pedernales de la ANR.
Obviamente, el proyecto ecoturístico de Bucanyé está siendo demorado por varias situaciones. Aunque lo anterior demuestra que puede desarrollarse en un ANR, todavía el Ministerio Ambiente no le emite la autorización para elaborar el estudio de impacto que le permita obtener la licencia ambiental. Ante una denuncia de la CDAP también tendrá que esperar que se dilucide adecuadamente la legalidad de sus derechos de propiedad.
¿Es la Coalición ambiental un despiadado terrorista que amenaza con obstaculizar el desarrollo de la región más pobre del país? Eso sería una exageración, especialmente porque el mismo Grupo Jaragua, en boca de la Dra. Yolanda León, ha declarado: “Si estamos de acuerdo con el desarrollo turístico de Bucanyé (Área Nacional de Recreo Playa Cabo Rojo-Pedernales). La categoría de manejo de Bucanyé es perfecta para un turismo que beneficie ampliamente a la provincia.” Pero radicalizando su posición el pasado 18 de abril la CDAP pidió al gobierno: “Es un deber moral y político del gobierno, gestionar la inmediata anulación de esta trama fraudulenta y la restitución a nombre del Estado Dominicano de todos los títulos de esta área protegida, en seguimiento a las sentencias.” Y en una más reciente declaración el ambientalista Nelson Bautista afirma que “ese caso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia como parte del fraude de Bahía de las Águilas. Criticó además que detrás de ese ilícito están el mismo grupo de personas del citado fraude de hace décadas.”
Se requiere pues diafanizar con urgencia la calidad de la propiedad de los terrenos de Bucanyé. Según un ecuánime editorial del periódico HOY: “El espectro de lo ocurrido antes obliga a revisar a profundidad lo que alarma a connotados ambientalistas.” Urge que las dependencias gubernamentales con cartas en el asunto agilicen sus diligencias para evitar la larga parálisis que desde el 1996 arropó la propiedad de Bahía de las Águilas. Los pedernalenses deben esperar el dictamen de los tribunales y, de no tener validez los actuales títulos, proponer tal vez al gobierno que arriende esos terrenos a Oceanus Investment por 99 años para que el proyecto pueda llevarse a cabo. El desarrollo turístico de Pedernales y de la Región Enriquillo, la más pobre del país, es de suprema importancia y los ambientalistas deben comprometerse a apoyarlo.