Es imposible leer las noticias que copan los medios internacionales y no hacer comparaciones con lo que acontece en nuestro país y darse cuenta de que, por deficiente que sea, la democracia sigue siendo el mejor sistema de gobernanza, aunque en países con debilidad institucional como el nuestro, la corrupción y la impunidad vulneran las conquistas y entorpecen el camino hacia el desarrollo.
La educación pública de calidad y la reforma de un sistema fallido se constituyó en un punto de lucha ciudadana en nuestro país que hizo que miles marcharan en las calles coloreados de amarillo reclamando la asignación del 4% del PIB a la educación en cumplimiento del mandato de la Ley 66-97, y se convirtió en instrumento de competencia política en la campaña electoral para las elecciones del año 2012, que llevó al pasado presidente y entonces candidato Danilo Medina, a separarse de la posición del presidente de su propio partido, y prometer el cumplimiento de dicha asignación, lo que le redituó votos para conquistar el poder.
Como era lógico suponer no se trataba únicamente de tener más recursos económicos para invertir en construcción de escuelas y aumentar salarios de los profesores, sino de resolver deficiencias estructurales, y mejorar la baja calidad de los propios enseñantes, pero el ímpetu de la lucha se centró en la asignación, y como penosamente se ha demostrado estos recursos han servido más para catapultar las candidaturas de pasados ministros, fomentar la corrupción de funcionarios y sus proveedores favoritos, así como para empoderar más a la asociación de profesores, la cual ha demostrado estar más interesada en proteger y defender a sus miembros, que el interés de los estudiantes.
El reciente escándalo por la denuncia de que en almacenes del Ministerio de Educación reposan millones de libros, cuadernos y otros materiales educativos no distribuidos que fueron comprados en exceso y a futuro sin tomar en cuenta los cambios curriculares, los cuales según declaraciones de funcionarios de dicho ministerio suman más de cinco millones, y alrededor de tres no fueron distribuidos durante años “por cuestiones de logos y por contener la presentación de algunos ministros”, es una muestra dramática de que la certidumbre de los recursos desató más deseos de gastar en lo que fuera con tal de beneficiar suplidores y probablemente enriquecer ilícitamente con comisiones a funcionarios, y para promocionar políticamente a ministros, que en causar la reforma educativa en beneficio de los estudiantes.
El actual ministro que luce empeñado en librar la batalla por el uso racional de los recursos y mejorar el sistema, ha declarado que desde finales del año pasado han distribuido el material adquirido de forma excesiva, inoportuna e incorrecta, y que continuarán haciéndolo, pero al mismo tiempo esto debe generar no solo una investigación e identificación de posibles violaciones a la ley y presuntos culpables, sino también una profunda revisión de nuestro sistema de compras y contrataciones públicas, que ha sido ineficaz en múltiples aspectos, pues el formalismo de las licitaciones es fácilmente cumplido o vulnerado por comités de compras y suplidores expertos en todo cuanto se coloque en los portales, pero no ha servido ni para tener un registro de proveedores confiables, ni para levantar alertas ante compras que parezcan excesivas, sospechosas o carentes de justificación.
Dentro de todo tranquiliza que contrario a lo que se había denunciado estos libros no serán incinerados, y que de alguna manera serán utilizados por estudiantes, lo que esperamos sea el caso, pues mientras en nuestro país se está discutiendo sobre el destino a dar a materiales educativos que costaron millones de pesos y debieron servir para educación y no para corrupción, de manera abominable cientos de niñas han sido envenenadas en Irán con gases tóxicos, sospechosamente para forzar el cierre de dichas escuelas e impedir que las niñas tengan acceso a educación. Salvando las distancias y diferencias, tan criminal es entorpecer una mejor educación para lucrarse con corrupción o desviar fondos con fines políticos personales, como lo es intoxicar estudiantes para negarles el derecho a ella.