Los subsidios históricamente han sido un mecanismo para los gobiernos tratar de influir sobre los precios en el mercado o en el bienestar de la población, sobre todo los sectores más vulnerables.
Sin embargo, cuando se intenta subsidiar determinados sectores de producción y de servicios deben tomarse en cuenta muchos factores de la dinámica económica, para que los recursos que producto de los sacrificios que se hacen del presupuesto público no caigan en manos de un reducido grupo de la población.
La experiencia hasta ahora indica que los subsidios llámase al sector transporte o a empresas de producción del país, lo que ha significado es producir grandes riquezas a determinados grupos, pues generalmente no hay mucho control sobre la cantidad que necesitan efectivamente para mantener precios estables al consumidor de los productos o servicios que ofrecen a la población. Y resulta que de ese subsidio, como es el caso de los combustibles, como reciben más provisión que lo que necesitan para operar, se quedan hasta con más de un 50% de lo recibido, y entonces los venden al mejor postor a precios del mercado. En consecuencia, el Estado ha hecho un sacrificio fiscal para beneficiar determinados sectores ricos.
Dentro de las medidas anunciadas por el Presidente Luis Abinader, el pasado lunes 7 de marzo, está el subsidio a los derivados del petróleo que importa el país, que aunque se plantea de forma provisional, no deja de ser un sacrificio fiscal por un lado y por otro su impacto no es lo suficiente en términos de beneficio de la población. Una alternativa, que ya en un artículo anterior hemos señalado, es reducir los impuestos a los combustibles. Por ejemplo, en la situación actual del petróleo, el precio en el país de la gasolina premium genera un impuesto, que a los precios actuales de la misma ronda los RD$100 por galón, de acuerdo con la aplicación de la ley 112-2000.
Los subsidios anunciados por el Presidente a los productos importados de consumo masivo no van a impactar de forma significativa en los precios como estos se venden a la población, puesto que en la importación de los mismos existen niveles de oligopolio y por lo tanto los importadores y mayoristas tienen un control sobre los precios que finalmente paga el consumidor. Este subsidio debió estar orientado hacia los productos de producción nacional, con la debida fiscalización de industria y comercio y Proconsumidor.
Por otro lado históricamente han fallado los controles de precios, que ahora se denominan “Precios Justos”. Las experiencias pasadas evidencian que no hay manera de control sobre el mercado, cuando se trata de un problema de oferta y demanda que impacta sobre los niveles de precios, y cuando se ha se intentado intervenir por esta vía, lo que se ha logrado es complicar más en términos de inestabilidad de los precios y una creciente escasez de productos por efecto de la especulación, que de por si generan dichos controles.
Para intervenir de manera efectiva en el mercado, no es con subsidios y controles de precios, como los planteados en la actualidad, es con la competencia. El gobierno lo puede hacer a través de INESPRE y los mercados de productores, realizados de forma sistemática y no esporádica como ha sucedido hasta la actualidad.
La inflación mundial como resultado de la pandemia del COVID-19, y ahora con la intervención militar de Rusia a Ucrania, va a seguir gravitando sobre la Republica Dominicana, así como en otros países, de modo que las medidas que se tomen no pueden ser paliativos de corto plazo, sino que las mismas puedan impactar a mediano y largo plazos.