La privatización de la operación de las empresas distribuidoras de electricidad estatales (EDENORTE, EDESUR y EDEESTE) es una medida necesaria y justificada para mejorar la eficiencia, reducir las pérdidas y asegurar un servicio de calidad para los ciudadanos. Esta conclusión se basa en una serie de hechos históricos y realidades actuales del sector eléctrico en el país, que evidencian el fracaso del modelo estatal en la gestión de la comercialización de la electricidad, así como los beneficios obtenidos cuando se permitió la participación del sector privado en la generación de energía.
Durante varias décadas, la operación integral del sistema eléctrico en la República Dominicana fue un fracaso rotundo. La administración pública no pudo garantizar un suministro eléctrico estable y adecuado para satisfacer la demanda de los ciudadanos. Esto se tradujo en un sistema precario que no solo no cubría las necesidades energéticas del país, sino que además impuso una pesada carga presupuestaria para el gobierno, que se veía obligado a endeudarse constantemente para mantener el sistema en funcionamiento. A lo largo de los años, el racionamiento de la oferta de electricidad y los apagones constantes afectó gravemente la calidad de vida de la población y la productividad económica del país.
La Ley de Capitalización de las Empresas Públicas fue la salida que utilizó el gobierno para resolver el problema del sector eléctrico. Como resultado de la capitalización de la empresa eléctrica estatal, la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), se crearon las empresas distribuidoras EDENORTE, EDESUR y EDESTE, a las que se les asignó, además de la operación de las redes, la comercialización de la electricidad. Se crearon también dos empresas de generación térmica, EGEHAINA y EGEITABO, una empresa hidroeléctrica (EGEHIDRO) y una empresa de transmisión (ETED).
En contraste con el fracaso de la gestión estatal del sector eléctrico, la capitalización del segmento de generación de energía y su administración por parte del sector privado ha sido una historia de éxito. La intervención del capital privado en la generación eléctrica permitió resolver el problema del abastecimiento, haciendo posible el aumento de la capacidad instalada y mejorando el suministro eléctrico en el país. Además, esta apertura al sector privado ha sido clave para impulsar las inversiones en energías renovables. Gracias a este modelo, el gobierno dominicano tiene como meta que el 30 % de la oferta energética provenga de fuentes renovables para el año 2030, un objetivo que sería mucho más difícil de alcanzar bajo una administración pública ineficiente. Este éxito demuestra que, cuando se implementa un marco regulatorio adecuado y se permite la participación del sector privado, es posible lograr resultados positivos en beneficio del país.
Otro aspecto relevante es que el segmento de transmisión de energía y las centrales hidroeléctricas, que permanecen bajo control estatal, han mostrado un rendimiento relativamente bueno. Sin embargo, es importante destacar que la naturaleza de estos segmentos, con un número limitado de clientes (principalmente las empresas distribuidoras), reduce significativamente las posibilidades de fraude y mal manejo. Además, las inversiones necesarias en estos sectores son más controlables y predecibles, lo que facilita una gestión más eficiente.
Este éxito relativo en la transmisión y generación hidroeléctrica contrasta con los problemas observados en las empresas de distribución, lo que refuerza la idea de que, debido a la complejidad y la escala del mercado de distribución eléctrica, la intervención privada es más adecuada para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio.
A pesar del éxito en la generación, la capitalización de la distribución y comercialización eléctrica, que se llevó a cabo al finalizar el siglo 20, resultó en un fracaso. Las empresas resultantes (EDENORTE, EDESUR y EDEESTE) no lograron operar de manera eficiente, en parte debido a la interferencia gubernamental que no permitía trasladar a las tarifas los aumentos en los costos de los combustibles y retrasaba el pago de los subsidios. Esto provocó un círculo vicioso en el que el Estado terminaba asumiendo una mayor carga financiera y las empresas no podían operar de manera eficiente ni ofrecer un servicio de calidad. Ante esta situación, el gobierno dominicano se vio obligado a readquirir las empresas entre 2003 y 2005 y asumir nuevamente su operación.
Con la reestatización se experimentó una mejora lenta y continúa en la calidad del servicio y en el índice de cobranza, y una reducción parcial de las pérdidas hasta el 2019, en particular en EDENORTE y EDESUR, pero a partir de 2020, por el impacto de la pandemia de COVID 19, la situación volvió a deteriorarse. En el caso de EDEESTE, las pérdidas actuales son superiores a los niveles observados al inicio de la capitalización, mientras que en EDESUR y EDENORTE también se han incrementado, pero en menor grado, reflejando la ineficiencia del modelo estatal. Además, la plantilla de empleados se ha mantenido excesivamente alta, triplicando el número necesario, lo que ha afectado la productividad y ha incrementado los costos operativos.
El subsidio anual a las empresas distribuidoras asciende a más de 1,500 millones de dólares, una cifra que el gobierno no puede seguir asumiendo indefinidamente sin poner en riesgo su estabilidad fiscal. Estos recursos se utilizan no solo para cubrir los déficits operativos, sino también para comprar equipos, materiales y extender el servicio, todo ello financiado con deuda externa. Este modelo es insostenible a largo plazo y evidencia la necesidad de buscar alternativas más eficientes.
La privatización de la operación de las empresas distribuidoras, en particular el segmento de comercialización, la ¨Caja Registradora¨ de la industria eléctrica, permitiría reducir significativamente el peso de estos subsidios, mejorar la eficiencia operativa y, sobre todo, garantizar un servicio de mayor calidad para los usuarios. En una industria como la eléctrica, la calidad del servicio es fundamental. Los ciudadanos prefieren pagar una tarifa más alta por un servicio confiable y sin interrupciones, ya que los apagones y la mala calidad terminan generando mayores costos indirectos, como la compra de generadores y el deterioro de electrodomésticos.
En conclusión, la privatización de la operación de las distribuidoras de electricidad en la República Dominicana, especialmente del segmento de comercialización, se justifica por la ineficiencia demostrada del modelo estatal, el éxito observado en la capitalización del segmento de generación y la necesidad urgente de mejorar la calidad del servicio. Esta medida aliviaría la carga fiscal del gobierno, promovería la inversión privada y, lo más importante, beneficiaría a los usuarios con un servicio más eficiente y confiable.
En otro artículo abordaremos el tema del impacto de la privatización de la comercialización de la electricidad en la calidad del servicio.