La escuela dominicana ha experimentado algunos avances, como son una mayor articulación con el contexto, organización interna más horizontal, mejora de la infraestructura y una moderada conectividad. Asimismo, existen instituciones escolares que desarrollan sus actividades con las orientaciones del Proyecto Educativo de Centro. Estos pequeños avances constituyen un indicador de que la escuela no está muerta, todavía presenta signos de vida. Pero, al lado de estos adelantos concurren problemáticas que laceran el sentido, la productividad y la eficiencia de la escuela. Son situaciones agudizadas por la crisis que afecta a las familias, a las instituciones y a la sociedad.
Evidencias relevantes de la crisis en las instituciones escolares son el déficit de aprendizajes con significado, la fragilidad de la formación- tanto de los equipos de gestión como de los docentes-, la inseguridad; y la instrumentalización de estas instituciones por los partidos políticos, por la Asociación Dominicana de Profesores y los gobiernos de cada período. La escuela de la República Dominicana es una entidad resiliente. Por ello vale la pena cuidarla e incentivar su desarrollo con integralidad, con principios éticos y con fundamentación científica. Avanzar en esta dirección no es fácil; tampoco es imposible. Lo cierto es que la escuela del país enfrenta múltiples desafíos.
Hay que tomar en serio la seguridad en la escuela y en el transporte escolar. La sociedad ha recibido la noticia de que la policía escolar está siendo reforzada, que se realizan sesiones de orientación y formación para los miembros de este cuerpo de seguridad y apoyo. Pero falta más información, puesto que no se conocen las medidas que se están tomando para que los miembros de la policía escolar no formen parte de los que acosan y maltratan a los estudiantes. Tampoco se conocen las medidas para que este cuerpo de ayuda se apropie de normas básicas de educación, comunicación y relaciones humanas. Esto es necesario para que los niños, los adolescentes y los jóvenes se sientan seguros.
El Ministerio de Educación de la República Dominicana-MINERD- ha de prestarle mucha atención a la policía escolar. Por ello debe arbitrar los medios necesarios para que esta entidad adquiera una formación consistente, cuente con un seguimiento sistemático; y rinda cuenta de sus funciones y comportamiento en los recintos escolares. De igual modo, se ha de proceder con el personal responsable del transporte escolar. La sociedad saluda la oferta gubernamental sobre transporte escolar. Pero, preocupa el desconocimiento de los criterios de selección de los transportistas y de los procesos formativos que se ponen en práctica para garantizar un servicio eficiente y ético. Cero ingenuidades en este campo.
La prevención de la violencia verbal, física, sicológica y sexual ha de ser una prioridad en la policía escolar y en el transporte escolar. En este artículo no se acusa a ninguna de las instancias; se apela a la prevención, porque la población estudiantil es muy vulnerable y requiere seguridad. Esta seguridad ha de estar sostenida por regulaciones claras con régimen de consecuencias. Ha de contar con un monitoreo permanente y con informaciones aportadas por los estudiantes. Estos deben participar, convertirse en veedores de la policía y del transporte escolares. Este involucramiento ha de constituirse en una experiencia de aprendizaje que, a su vez, se revierta en el propio comportamiento de los estudiantes.
La seguridad de los estudiantes no es negociable. Ninguna instancia pública puede trivializar los dos servicios que se abordan en este artículo. Sus intervenciones inciden directamente en la seguridad e integridad de los estudiantes. Es preciso que estos servicios evidencien fundamentación educativa y una normativa clara. De la misma forma, se recomienda que las familias tengan información precisa y sistemática sobre el funcionamiento de la policía y del transporte escolares. Las familias no pueden utilizarse para aparentar democracia y horizontalidad. Han de participar como sujetos; con derecho a conocer el nivel de seguridad que las entidades señaladas les garantizan a sus hijos.
La educación y la prevención son dos factores que requieren profundización y análisis con los miembros de la policía y del transporte escolares. Se debe invertir en estos dos renglones para superar abusos, acosos y muertes. Si ambos factores se abordan con trompetas y luces de colores los primeros días, sin el compromiso de una continuidad caracterizada por la formación sociocrítica, la institucionalidad y la evaluación educativa, los resultados estarán distantes de aprendizajes verdaderos y de la seguridad requerida. La sociedad ha de ser, también, veedora del curso que sigue la seguridad en los centros educativos y en el transporte escolar.
Es necesario tomar conciencia de que el compromiso es de todos. Lo que cambia es el nivel de responsabilidad. El Estado es el primer responsable de que se garanticen los derechos de los ciudadanos. La seguridad es un derecho de todos los estudiantes del país. La sociedad tiene su cuota de responsabilidad para que se disfruten y ejerzan los derechos en un clima de seguridad. Por esto ha de mantenerse en estado de alerta para que la policía y el transporte escolares, antes que constituir un obstáculo a la seguridad y al desarrollo estudiantil, constituyan fuerzas que viabilizan la cultura del respeto, de la paz y del aprendizaje continuo.