Por la tradición paternalista y asistencialista de nuestros gobiernos, a lo largo de la historia, el presidente, sus ministros y demás funcionarios son permanentemente llamados a resolver todos nuestros problemas. No importa que no estén en el catálogo de sus atribuciones y obligaciones.
Muchas veces parece que nos detenemos en la visión cavernícola de la intervención asistencial-paternalista, que ve a las personas, fundamentalmente, como objeto de atención caritativa. Sin embargo, aún cuando, sin dudas, estamos avanzando, nos llamamos, nos promovemos y queremos ser desarrollistas, en cuyo caso consideramos a las personas como sujetos de su desarrollo. El problema radica en que las vemos y atendemos individualmente, sin poner el énfasis en su dimensión social.
El Ministerio de Interior y Policía y el gobierno actual sostenidamente vienen trabajando en la implementación de las políticas de seguridad ciudadana, para lo cual no solo cuentan con técnicos nacionales y extranjeros y la vista de las mejores prácticas en otras latitudes; sino que han entendido, y así lo han venido haciendo, la necesidad de integrar en el problema de la seguridad ciudadana a los grupos e instituciones populares, líderes comunitarios, jóvenes y todos aquellos preocupados y conscientes del aporte que todos debemos hacer para la formulación, diseño e implementación de las políticas de seguridad ciudadana.
Nos acostumbramos por mucho tiempo a la rutina de cifras insuficientes, de formas rudimentarias de prevenir y de enfrentar la delincuencia, todo lo cual ha contado, por décadas, con la complicidad, dirección y participación de parte de los que integran las agencias de seguridad ciudadana, de manera particular de la Policía Nacional. Pero, aun cuando ha habido esfuerzos anteriores, estos no han dado los resultados esperados, por diversas razones que sería prolijo indicar aquí.
Lo cierto es que este gobierno viene dando pasos importantes para poder impulsar el Plan Estratégico Institucional 2021-2024 en materia de seguridad ciudadana, de la mano del Ministerio de Interior y Policía, como responsable de coordinar e impulsar las políticas públicas nacionales en materia de seguridad ciudadana.
Limpiar, mejorar, fortalecer la Policía Nacional y que esta se gane su credibilidad no es una tarea nada fácil. Todos sabemos por qué. Las resistencias internas y externas, por los beneficios que produce la corrupción y el delito, son palpables y son parte de sus causas.
Pero los planes que se vienen implementando, en sus diversas fases, contando con el Comisionado para la Reforma de la Policía Nacional y, entre otras iniciativas, la decisión de crear e integrar mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género en una gran cantidad de municipios del país contribuyen, de manera preponderante, a la identificación de la problemática, las demandas y necesidades propias de cada pueblo. Así y solo así es posible obtener y asumir un compromiso compartido de la ciudadanía.
Se está trabajando intensamente en la formación de los agentes policiales, se están mejorando sus salarios y su calidad de vida en general, se están depurando, para que queden en la Policía Nacional aquellos que reúnan las condiciones para las labores de prevención y de persecución del crimen. Se trabaja en la transformación policial, no solo en cuanto a la metodología de trabajo; sino también en su tecnificación y en el fortalecimiento de los controles internos de la institución del orden, como en otras áreas.
El plan estratégico no debe ser, porque no lo es, un simple enunciado o carta de ruta en cuanto a las líneas generales para asegurar la disminución y detección efectiva de la delincuencia. Es necesario, como se ha concebido y parece se está ejecutando, que todas las directrices partan de la alianza permanente entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, única forma de lograrlo.
La seguridad ciudadana no es una dádiva del gobierno, es un derecho que tenemos todos a vivir en paz y desarrollar nuestras actividades productivas, de ocio y de toda otra naturaleza en sosiego. El que todos nos integremos, en la medida de nuestras posibilidades, en la elaboración, adopción y aplicación de políticas integrales de seguridad ciudadana, inspiradas en nuevos modelos y enfoques en el marco de amplias reformas del Estado, del modelo económico, del conjunto del sistema penal y de la consolidación del Estado Constitucional, hará posible que vivamos en un país más seguro.