La República Dominicana enfrenta muchos problemas en los momentos actuales. Unos son externos a sus fronteras, pero tienen incidencia global, como la guerra entre Rusia y Ucrania, Israel y Palestina; y las que se producen en Yemen, Afganistán y Etiopía; así como también el terrorismo interno que vive Haití. Estas guerras inciden en la seguridad y estabilidad mundiales. Estas variables, al convertirse en transnacionales, impactan la paz y las relaciones geopolíticas. Otros problemas son locales y hacen que la salud de las personas sea precaria y que la educación no tenga la mejor calidad. Los problemas exteriores y los internos influyen en la vulnerabilidad de la sociedad dominicana.
La condición de vulnerable se acentúa por las crisis que, desde hace varios años, afectan al sector salud y al sector educación. Los diferentes gobiernos que han pasado por la historia del país se organizan para responder a problemas coyunturales. No les ha interesado una atención sistémica de la salud ni de la educación. Estos dos sectores vitales para el desarrollo nacional son tratados midiendo el peso electoral, pero no el derecho de todos a una salud y a una educación integrales. No sabemos hasta cuándo se les permitirá a los gobernantes que jueguen con la salud y la educación del pueblo. Sin duda, esto dependerá del pensamiento crítico y de las opciones transformadoras que adopte la sociedad.
Respecto de la salud, preocupa el juego político que paraliza el establecimiento de una atención primaria con la debida regulación y con carácter permanente. También preocupa la vigencia de problemas como los generados por el dengue y la leptospirosis; y la mortalidad materna y neonatal. Constituye una vergüenza que la República Dominicana sea todavía uno de los primeros países de la región en mortalidad materna y neonatal. Los factores que se argumentan, como las deficiencias hospitalarias y las malas prácticas de médicos, colocan a nuestra nación en una posición por debajo de lo que todavía se considera subdesarrollo. Este es el precio de una sociedad conformista.
Esta realidad, pone en evidencia que la salud de la sociedad requiere atención. En este mismo sentido, se ha de atender la educación. La salud de la educación dominicana mejorará cuando la violencia presente en escuelas, distritos educativos y regionales educativos se transforme en aprendizajes de todos. La salud educativa se deteriora más en los tiempos preelectorales y electorales. Las agresiones de todo tipo se exacerban y crean un clima tenso por las diferencias partidarias vacías de filosofía y de principios éticos.
Los esfuerzos para introducir cambios en la cotidianidad de las instancias señaladas constituyen una tarea difícil y hasta agotadora. Pero, la salud social y educativa no puede eludirse. Esta requiere una acción más sistemática y pensada de forma conjunta entre el Ministerio de Educación y de Salud Pública. De igual manera, las organizaciones sociales y las instituciones de Educación Superior deben aportar para contribuir con la solución de este problema. Se ha de diseñar y aplicar una estrategia con fuerte incidencia en el cambio que requiere el tipo de salud que se plantea. El desmejoramiento progresivo de la salud social y educativa conducirá a la sociedad dominicana a situaciones socioeconómicas y culturales incompatibles con los avances que experimentan la región y el mundo.
Debe haber resignación cero a la simulación en materia de salud social y educativa; transparencia en la gestión de los factores que profundizan la precariedad de esta salud en las instituciones educativas y en el tejido social; régimen de consecuencias para los que distorsionen las políticas sociales y educativas en favor de sus intereses, al margen de las necesidades de la colectividad; seguimiento crítico y propositivo a los gobernantes y ministros responsables de garantizar salud social y educativa para todos; y veeduría corresponsable de las organizaciones sociales y de las instituciones que se respetan, para que los ministerios y gobernantes avancen de la ficción a la realidad que vive el pueblo.
La salud social y educativa es un derecho de todos. Obviarlo constituye un crimen humano, político y socioeducativo. No, al recorte de derechos. Sí, a la salud integral.