Estoy convencido que el país tiene un gran potencial de riquezas mineras, pero si queremos que nuestra gente se beneficie de esa riqueza debemos asumir las explotaciones con una visión de sostenibilidad ambiental, social y económica. Es decir, es necesario tener claro cómo se explotan los recursos mineros y en beneficio de quién, priorizando la preservación del medio ambiente, el progreso de los ciudadanos del presente y el bienestar de las generaciones futuras.
Con esa visión, durante mi gestión en el Ministerio de Energía y Minas trabajamos en el proyecto Romero, que habría marcado un hito económico y financiero en beneficio del Estado y de la empobrecida provincia de San Juan.
En 2018, después de un estudio riguroso, el MEM sometió al Poder Ejecutivo el proyecto de resolución de la concesión de explotación del yacimiento de la Loma Romero. Esta iniciativa cumplía con la ley vigente y era factible desde el punto de vista técnico, económico y financiero, logrando un modelo de negocio que aseguraba al Estado beneficios superiores al 40% y compromisos de preservación ambiental sin precedentes.
El Estado percibiría un total de 240 millones de dólares durante los siete años estimados de vida útil del yacimiento de oro, plata, cobre, zinc y plomo, cuyo valor en 2018 se calculaba en 561 millones de dólares conforme a los precios de entonces. En los momentos actuales, este proyecto hubiera sido un respaldo importante para las finanzas públicas.
Se trataba, además, del primer proyecto de minería subterránea del país, con menor impacto en el ambiente que la minería tradicional.
En la comunidad de Maimón, Cormidón había avanzado en la prolongación de la vida útil de la mina con base en la exploración subterránea. Esos esfuerzos dieron fruto y, desde 2019, tenemos en esa zona minera la primera explotación subterránea del país.
Ese proyecto, ambientalmente bien concebido, está amparado en la vieja ley, y el Estado no recibe los beneficios que debería si se hubiera hecho bajo un nuevo esquema financiero como el que proponía el Anteproyecto de Ley de Minería, que sometimos y que se dejó perimir en el Congreso, o bajo los términos planteados en el Proyecto Romero.
La aprobación de una concesión de explotación minera por parte del Ministerio de Energía y Minas no da el derecho a explotar, pues ninguna concesión puede iniciar el proceso extractivo sin la licencia ambiental que otorga el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
De manera que, luego de otorgada la concesión por parte del MEM, sobre la base de los términos de referencia que presente el Ministerio de Medio Ambiente, el inversionista debe elaborar un estudio de impacto ambiental del proyecto que dicho Ministerio debe aprobar antes de empezar la explotación.
Durante ese proceso, la ley ordena que el Ministerio de Medio Ambiente haga consultas con las organizaciones de la sociedad civil de la comunidad, con el objeto de garantizar que el proyecto goce de la aceptación de los beneficiarios regionales. A esto le llamamos licencia social.
Desafortunadamente, por razones eminentemente políticas y el predominio del fundamentalismo medioambiental, que afecta toda la actividad extractiva de nuestro país, el proyecto Romero todavía sigue pendiente de aprobación en la Presidencia.
El Ministerio de Energía y Minas hizo sus recomendaciones sobre las áreas de su competencia: legal, técnica y financiera. No es responsabilidad de la institución evaluar el impacto ambiental, independientemente de que nuestros técnicos entendían que, por el carácter de la explotación y su plan minero, el proyecto era ambientalmente viable.
No es posible, sin un estudio serio y confiable de impacto ambiental, juzgar la viabilidad de un proyecto de esa naturaleza de manera objetiva y sin prejuicio. La desconfianza en las autoridades y nuestro trágico pasado en la explotación minera alimentan los prejuicios y la politiquería, haciendo difícil un juicio imparcial.
Consideramos que a este proyecto y a sus inversionistas les fueron afectados sus derechos, después de haber invertido, de buena fe, millones de dólares en la exploración, sin que el Ministerio de Medio Ambiente otorgue la autorización y los términos de referencia para al estudio de impacto ambiental. Esto equivale a reprobar a un estudiante antes de examinarlo, algo inconcebible, injusto e ilegítimo.