“La ciudad nace porque se da la circunstancia de que ninguno de nosotros se basta a sí mismo”. Platón (La República).
Si hay una política pública que ha de tamizar de manera vehemente a la ciudadanía es la concerniente a la seguridad pública. Una visión eficiente, eficaz y pertinente de una adecuada política pública de seguridad tiene que ser articuladora e integradora con la ciudadanía, con la sociedad civil. La seguridad pública tiene que ser un proceso integrador cuyo eje fundamental para tener éxito ha de ser, tomar en cuenta a la sociedad civil. Sin la sociedad civil ninguna política pública puede alcanzar sus objetivos, porque la seguridad ciudadana tiene que vislumbrarse en las esferas:
- Seguridad,
- Confianza,
- Violencia.
La seguridad como “la protección ante un peligro, daño riesgo que se puede desarrollar en un entorno, también podemos decir que es la sensación de confianza a algo o a alguien”. La confianza es el núcleo esencial en la construcción del capital social y la cohesión. La espina dorsal de las relaciones y de las interacciones efectivas que permiten lograr los acuerdos y evitar lo más posible los desencuentros y los conflictos interpersonales. Hay una violencia que se incuba y anida merced a la ausencia de calidad de vida, del nivel de vida, del bienestar, de las carencias en las condiciones materiales de existencia.
Una violencia estructural creada desde el mismo Estado y que se bosqueja en el tejido institucional. Una violencia que se expresa en exclusión, desigualdad, pobreza, marginalidad y discriminación. Porque la violencia no es solo delitos y delincuencia, contención y reacción. De ahí que cuando el Estado diseña una política pública, que se puede definir como el “conjunto de objetivos y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que, en un momento determinado, los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios”, lo hace para orientar, canalizar los distintos recursos (económicos, humanos, técnicos) en aras de desarrollar, mejorar, mitigar, neutralizar lo que afecta a los ciudadanos en los territorios y en su hábitat y entorno.
Esas políticas públicas, nos diría Lasswell, tendrían que tomar en cuenta el mapa conceptual que define para tener éxito:
- Proceso de decisión,
- Inteligencia,
- Promoción.
- Prescripción,
- Invocación,
- Aplicación,
- Terminación.
- Evaluación.
Invocar, como verdadera política pública, sobre todo en lo que atañe a la seguridad ciudadana, es llamar, integrar a la sociedad civil, al diseño, visión y construcción de la visión como espacio de prevención, puesto que los cuidadnos constituyen dos de las tres patas para una efectiva seguridad pública:
- Regulación propia,
- La regulación social.
- Control, persecución y castigo de las autoridades.
Dos se enmarcan en la ciudadanía y cuando esta está organizada, que es lo que se llama sociedad civil, los niveles de conflictividad, de violencia, de criminalidad, disminuyen significativamente. Sencillamente no puede existir una política pública de seguridad que no tome en el centro, en el epicentro a la sociedad civil. La sociedad civil es la que vigoriza la vida pública y cuando esta fluye y actúa con las autoridades, con el Estado:
- Se dan procesos más democráticos,
- Mejores decisiones.
- Mejores vínculos entre los actores.
- Mayor capital social (círculo virtuoso de confianza).
- Más eficiencia, más transparencia.
- Más y mejor comunicación para saber realmente el alcance de la delincuencia, de la violencia, de la tasa de victimización, más allá de la percepción.
Porque la sociedad civil como dice Sergio de Piero “Constituye esferas de las relaciones entre individuos, entre grupos y clases sociales que se desarrollan fuera de las relaciones de poder que caracteriza a las instituciones estatales”. El sociólogo Wilfredo Lozano nos señala que la sociedad civil “Es el campo de articulación de intereses ciudadanos que al tomar posición sobre problemas centrales de la vida pública establecen una relación particular con el Estado que afectan las acciones propiamente políticas”. Cohen y Arato nos expresan que la misma es “La esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima, la esfera de las asociaciones, los movimientos sociales y las formas de comunicación pública”.
Cuando buscamos el hilo conductor de estas tres definiciones nos encontramos con la palabra clave: Relación. Relación con el Estado, vinculación, para validar concretamente las políticas públicas, sobre todo, la seguridad ciudadana. Los gobiernos solo alcanzan verdaderamente legitimidad cuando sus políticas se sincronizan con la población, con la sociedad civil. Estado y sociedad, sociedad y Estado, han de trillar un camino alineado con la seguridad pública, pues una inefectiva seguridad, que es la INSEGURIDAD, trae consigo:
- Costo humano: la muerte.
- Costo social.
- Costo económico.
- Costo psicológico: miedo, pánico, ansiedad, angustia, estrés.
La seguridad pública, la seguridad ciudadana en todo país es una anhelada aspiración social, es un derecho humano de tal manera que en nuestro país está rubricada y consignada en:
- La Constitución (artículos 40 y 42).
- La Estrategia Nacional de Desarrollo (Ejes número 1 y 2).
- La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- La Convención Americana.
¿Cuáles son las políticas públicas en seguridad en República Dominicana desde 1998 al 2022? Si ha habido en nuestro país en los últimos 24 años una continuidad de Estado, es asumir la delincuencia, la criminalidad desde una óptica coercitiva cristalizada a través de los órganos represivos del Estado. Cientos de miles de ciudadanos, sobre todo jóvenes, han muerto, originado en esa política sin tomar en cuenta la realidad social y la violencia estructural. Políticas de seguridad pública que no han tomado de manera seria, permanente y sistemáticamente, a la sociedad civil para articular una política pública que tome en cuenta la realidad económica, social, de los ciudadanos en los distintos escenarios.
Una visión tan sesgada, tan maniqueísta, tan desgarradora, que no toma en cuenta los actores sociales organizados y que desde la esfera de las autoridades (Policía, Militares) no propicia confianza, donde ellos son parte del problema. No se puede esperar un éxito contra la delincuencia y la criminalidad sin la sociedad civil. Los partidos políticos, con una concepción pigmea, enana del poder, tratan de cooptar e instrumentalizar a los actores sociales. De esa manera la clase política capta y “direcciona” la política pública de seguridad, incluso, mayormente, con miembros de las organizaciones partidarias en el poder en cada gobierno.
Las juntas de vecinos, la participación comunitaria, otrora militantes sociales, se han ido achicando en el cuerpo social dominicano como una consecuencia de dirigismo de poder. ¡La mano dura y darle para abajo no ha tenido éxito ni lo tendrá! Podremos tener no 38,000 policías, 156,000 y la delincuencia y criminalidad florecerán cada cierto tiempo con su pico y de manera permanente en la vida social.
En 2005, estando en el poder el Dr. Leonel Antonio Fernández Reyna, se creó el Plan de Seguridad Democrática y entre sus objetivos se trazó “Contribuir a la reducción de la violencia y criminalidad en el territorio nacional, a través de intervenciones integrales, transversales y participativas”. Bien concebido, empero, al poco tiempo descontinuado y ni siquiera nada a su suerte.
La socióloga Lilian Bobea, experta en seguridad, nos señala en el Módulo Instruccional: Derechos humanos, seguridad ciudadana y funciones policiales: “Cuando se examinan experiencias exitosas de políticas públicas de seguridad en América Latina, un elemento común a todas es la voluntad política. Esta voluntad Política no es una figura abstracta. Ella se cristaliza en varios vectores muy concretos: 1) presupuesto adecuado y enfocado (Medellín y Bogotá), 2) capacidad de coordinación inter-institucional (todos los casos citados), 3) inclusión de actores estratégicos clave (Nicaragua); 4) visión estratégica de largo plazo (Chile); 5) Institucionalización de los procesos orientados a garantizar continuidad (los ejemplos más consistentes son los de alcaldías de Bogotá y Medellín); 6) flexibilidad para adaptar las estrategias operativas a los cambios de patrones de la criminalidad (Brasil, con las Unidades Pacificadoras de la Policía); 7) provisión de insumos críticos tales como inteligencia criminal, tecnología, formación constante del capital humano y técnico profesional (Chile y Nicaragua), y 8) entendimiento del entorno y aprendizaje rápido de lecciones pasadas (Jamaica)”.
Plan de Seguridad “Vivir tranquilo”. Nunca la sociedad supo en que consistió en términos de una definición de política pública. La tasa de homicidios disminuyó significativamente desde 2013, señalando como hipótesis: que es posible que se debiera a la disminución de la pobreza y la desigualdad en ese interregno. La pobreza cayó en 18 puntos. Sin embargo, la tasa de victimización fue muy alta (robos, asaltos, atracos). Hubo una reforma policial (590-16 promulgada el 15 de julio de 2016, donde de 21 Reglamentos que había que implementar, 5 años después, solo habían trabajado dos. La gente percibió solo un cambio “de Jefe de la Policía a Director”. Una ausencia total de voluntad política.
De esos 16 años ininterrumpidos en el poder del PLD, justo, honesto y honrado es decir que la peor tasa de homicidios ocurrió entre 2005 y 2012. En el 2005 (2,444) para una tasa de 24.03. En el 2006 y 2007 bajaron (2,144 y 2,092) como consecuencia del Plan de seguridad que el gobierno abandonó. Conviene destacar que la metodología, la estandarización de la medición de la tasa de homicidios y de victimización es la misma en los diferentes gobiernos y en todos los países. No ha variado en nada. No es digno emitir juicios de valor sin datos, sin informaciones válidas, independientemente de la rapidez del trabajo y de la ideología e inclinaciones partidarias.
Desde 2020 el actual gobierno inauguró el Plan de “Barrio Seguro”. Líneas generales en la prensa. La intervención de varios barrios y comunidades en el horizonte de lo coercitivo. En 2020 nos encontramos frente a un país y un mundo donde el COVID produjo la covidianidad. En América Latina la pobreza, la desigualdad, el desempleo y los ingresos reales se vieron lacerados. En nuestro país el PIB decayó 6.7% y el déficit fiscal fue de R$D340,000 millones de pesos, equivalente al 7.7% del PIB de ese año. La pobreza monetaria creció de 21.3 a 23.7. El salario real ha disminuido en dos dimensiones: como efecto del aumento del empleo informal de 52 a 57.8% y a que muchos empleados fueron llamados a sus trabajos, pero con menos sueldos. La otra explicación es la inflación. Ningún salario mínimo puede cubrir el costo de la canasta del Quintil I que ronda los RD$25,000.00 pesos y la canasta básica nacional se encuentra en RD$42,482.00 al 30 de septiembre del año en curso.
Un 2020 cerrado, la tasa de homicidio fue de 9.5 y en el 2021 de 11.2. Actualmente nadie cuenta con estudios de la tasa de homicidios y de la tasa de victimización y percepción de seguridad. El gobierno debe de realizar estudios acerca de este grave fenómeno social y publicarlos, transparentarlos, visibilizarlos. Esto es un problema de Estado, de la sociedad. El gobierno tiene que involucrar a la sociedad civil como elemento cardinal para disminuir realmente ese drama y pandemia social.
Se advierte una voluntad política de parte del Ejecutivo, del presidente. Se requieren mejores articulaciones, mejores integraciones, horizontalizando la política de seguridad como fuente de inclusión, como generadora de capital social y cohesión social. De confianza, de institucionalización y de derrotar la propaganda y politización alrededor de un quehacer que nos drena como sociedad y nos cancela el alma material y humana. La seguridad pública tiene que verse como parte de la cultura civilizatoria, fuente de convivencia, que sin la sociedad civil no es posible de lograr.
¡Urge un cambio de paradigma en los que dirigen el Estado y han dirigido el mismo en todo lo que contiene la seguridad pública, la seguridad ciudadana: la sociedad civil es factor clave y medular para la prevención del delito!