El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, decidió retirar del Congreso Nacional, el Proyecto de Ley de Modernización Fiscal. El presidente constató el rechazo de los diversos sectores sociales del país a la propuesta indicada. El repudio de la ciudadanía se hizo evidente en las intervenciones en las vistas públicas realizadas en el Congreso, en el campamento en la parte frontal de éste; y en los pronunciamientos en la prensa, en las redes sociales, en la televisión y en la radio. De igual manera, los cacerolazos demostraron un descontento progresivo y la falta de un clima apto para el consenso esperado en torno a la Reforma Fiscal. El ambiente se caldeó a muy alto nivel.
Desde todos los rincones del país se ha reaccionado al retiro del Proyecto de Modernización Fiscal. Especialmente, la clase media, que se sentía más golpeada, ha reaccionado valorando el gesto del presidente. Así mismo lo han hecho asociaciones y la gente común. Nadie quiere impuestos, mientras, como han denunciado muchos, se mantiene intocable la evasión fiscal y el privilegio excesivo a legisladores, a empresarios y a los partidos políticos. De la misma forma, se invita al gobierno a que revise el gasto desbordante en publicidad y en actividades insignificantes.
El retiro del Proyecto de Ley de Modernización Fiscal no termina en denuncias y en la decisión del presidente. Ahora hay que pensar cómo se va a proceder para que el mandato de la Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 se ponga en práctica gradualmente. Hace 12 años que esta Ley sostiene que se debe impulsar una reforma fiscal integral, basado en la progresividad y transparencia tributaria, orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas del sector público consolidado, en el marco de una ley de responsabilidad fiscal que… establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento. Este mandato en algún momento se ha de aplicar.
La reforma fiscal integral que indica la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 hay que aplicarla en algún período, pero con humanidad. No se puede aplicar sólo pensando en las ganancias financieras. Esta Ley ha de tener rostro humano. Si se aplica con humanidad, se tendrán en cuenta valores y criterios vinculados a la justicia, a la equidad y a la inclusión. Para avanzar en esta dirección se ha de definir un programa educativo que oriente y forme a la ciudadanía para cumplir con la responsabilidad fiscal. Pero, esta responsabilidad no puede obviar los derechos que tiene la ciudadanía, ni la respuesta que estos requieren. La responsabilidad fiscal va unida a garantía permanente de los derechos ciudadanos en todos los órdenes.
La información y la educación son dos procesos fundamentales para la puesta en acción de una Reforma Fiscal en la República Dominicana. Esta sociedad está acostumbrada a la cultura de la discrecionalidad, a legitimar prácticas corruptas. Encuestas realizadas con rigor dan cuenta de la facilidad con que se legitiman acciones vinculadas a la corrupción. Por ello es necesario que el sistema educativo del país aporte para una formación intencionada en este campo del saber. Se han de dar pasos para que paguen los impuestos y, además, para que la transparencia se acerque a este tipo de actividades. La costumbre se impone; y, por esto, las instituciones, los ciudadanos y las estructuras gubernamentales prefieren continuar evadiendo.
Las instituciones educativas del país se pueden adelantar e iniciar una ruta que vaya creando conciencia de la necesidad y de la importancia de la educación fiscal. Esta dimensión educativa se ha de abordar desde la educación de Pregrado. No ha de ser exclusiva de la educación superior, pero en este ámbito ha de ser más sistemática y profunda. La sociedad requiere educación continua en lo concerniente a reforma fiscal, a sus implicaciones gubernamentales y ciudadana. Se ha de profundizar, también, en los marcos económicos, éticos, sociales y políticos de una reforma fiscal. Sin una educación cualificada y con perspectiva de integralidad, se acentuarán la corrupción, la impunidad y el ocultamiento sistémico de lo relacionado con el ejercicio fiscal.
Es un momento oportuno para proponer, para aportar nuevas estrategias, que, sin lesionar a los más empobrecidos, aporten formas de actuación más responsables y éticas en materia de reforma fiscal. El primero que se ha de poner en esta dirección es el gobierno. Ha de pensar cómo hacer para que el país se vaya apropiando de la importancia de una reforma fiscal justa y ética. El gobierno tiene que avanzar en coherencia; la ciudadanía tiene que avanzar en responsabilidad. Las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la formación y la concientización de la gente tienen un campo abierto para articular la palabra con la propuesta, para luchar contra la evasión como cultura.