En el marco de la XXVI Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, tuve el honor de ser invitada como conferencista por el destacado poeta, escritor y reconocido promotor y gerente cultural Mateo Morrison, a quien se le dedica esta edición.
Mi participación tuvo lugar en el coloquio 'Legislación y Política Cultural', un espacio crucial para la reflexión sobre el papel de la cultura en el desarrollo de políticas públicas en nuestra sociedad.
Hoy, comparto una parte significativa de mi intervención con los lectores interesados en la promoción y preservación de nuestra herencia cultural, con la esperanza de que este aporte contribuya al enriquecimiento y fortalecimiento de las políticas culturales en nuestro país.
En este sentido, se pone de manifiesto que la política cultural es una herramienta esencial mediante la cual el Estado y la sociedad en su conjunto pueden influir, directa o indirectamente, en la planificación y gestión de los asuntos culturales.
Desde esta definición podemos decir que una u otra forma, las sociedades han tenido una política cultural, pero lo que se ha referenciado es obtener una política cultural estructurada, a partir de la institucionalización del sector cultural, por parte de los Estados.
Por primera vez, la definición clásica tradicional, de política cultural aparece en los trabajos extraídos de la mesa redonda celebra en Mónaco en el año 1967 sobre Política Cultural, auspiciada por la UNESCO, al concebir como “el conjunto de principios operativos, de prácticas y de procedimientos de gestión administrativa o financiera, de intervención o de no intervención, que deben servir de base a la acción de un Estado, tendiente a la satisfacción de ciertas necesidades culturales de la comunidad, mediante el empleo óptimo de todos los Recursos Humanos y materiales de los que dispone una sociedad determinada”.
La acción del Estado en el ámbito cultural se basa en un conjunto de principios operativos, prácticas y procedimientos que guían su gestión administrativa y financiera. Estos principios aseguran la coherencia, transparencia y eficacia en las decisiones del Estado para satisfacer las necesidades culturales de la comunidad.
Estos principios operativos, son las reglas fundamentales que orientan la gestión del Estado, garantizando que sus acciones sean coherentes y eficientes.
Las prácticas y procedimientos se refieren a los métodos específicos para administrar recursos. La gestión administrativa implica la planificación y organización, mientras que la gestión financiera se centra en el manejo del presupuesto y gastos.
En cuanto a la intervención o no intervención, el Estado puede intervenir directamente en la gestión cultural o permitir que las entidades privadas o comunitarias manejen ciertos aspectos con mínima interferencia. Teniendo en cuanta que el objetivo es satisfacer las demandas culturales de la comunidad, asegurando acceso y participación en actividades culturales de manera eficiente.
En lo referente al empleo óptimo de recursos, implica el uso eficiente de los Recursos Humanos (talento y habilidades), y materiales (instalaciones, financiamiento) para maximizar los beneficios culturales.
Por lo tanto, las decisiones del Estado deben guiarse por estos principios para asegurar que las necesidades culturales sean satisfechas, utilizando de manera óptima los recursos disponibles.
Es importante destacar que el derecho del individuo a la cultura fue reconocido internacionalmente con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 (Art. 27, DUDH). En esta declaración se consagran varias categorías de derechos culturales, que responden a distintos mecanismos de protección, supervisión y promoción.
El derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, el de gozar de las artes y el de disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos, y el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor.
El reconocimiento de los derechos culturales, iniciado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ha sido ampliado a lo largo del tiempo con la aprobación de tratados y convenciones internacionales.
Un ejemplo clave es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por países como la República Dominicana, que se compromete a crear un marco de políticas públicas orientadas a garantizar la plena efectividad de estos derechos.
Los Estados deben adoptar medidas, incluyendo legislación, dentro de sus posibilidades, para cumplir progresivamente con estos compromisos. (Art. 2). Este pacto fue firmado el 19 de diciembre de 1966, “Tratados Culturales de FUNGLODE (pág. 253)”.
La República Dominicana, como miembro de la comunidad internacional, se mantiene abierta a la cooperación y al respeto de las normas del derecho internacional (art. 26, 1, 2, 4 de la Constitución Dominicana).
En este contexto, los Estados han comenzado a asumir su responsabilidad de garantizar el derecho a la cultura y todo lo que de él se deriva. Así, los aspectos normativos relacionados con la legislación cultural encuentran su máxima expresión en el constitucionalismo cultural, es decir, en el lugar que ocupa la cultura dentro de las constituciones de cada país.
A partir de este marco, encontramos en la Constitución una inserción específica que establece la vinculación del Estado con la protección y conservación del patrimonio cultural nacional en sus diversas expresiones, así como el reconocimiento del derecho a la cultura y las responsabilidades de los poderes políticos en relación con la acción cultural del Estado.
En la Constitución Dominicana, estas disposiciones se reflejan en los artículos 52, 63 (numeral 9) y 64 (numerales 1, 2, 3, 4), además de un conjunto de decretos y normativas relacionadas con la cultura.
Según la UNESCO, el Estado, a través de sus diversos organismos, es la institución encargada de trazar e implementar las políticas culturales.
Aunque las políticas oficiales dominan, al reflejar la visión de los sectores en el poder, no son las únicas, ya que las instituciones privadas también desarrollan sus propias políticas culturales. Estas últimas suelen tener un impacto más directo y práctico, debido a que no están sometidas a los complejos mecanismos burocráticos de las políticas oficiales.
En paralelo, la creación del primer Ministerio de Cultura en Francia en 1959, bajo la dirección del escritor André Malraux en el gobierno de Charles de Gaulle, marcó el inicio sistemático de lo que hoy conocemos como políticas culturales del Estado.
En 1970, la UNESCO convocó en Venecia la primera conferencia intergubernamental mundial sobre aspectos jurídicos e institucionales de las políticas culturales, evento que fue precedido en 1968 por una conferencia preparatoria.
Durante estas reuniones se estableció que "la cultura es un derecho humano inalienable que debe impregnar todos los aspectos de la vida”. Además, se subrayó la responsabilidad de los gobiernos de crear políticas culturales claras y coherentes, integrar el patrimonio del pasado con el esfuerzo creador del presente, y garantizar el acceso universal a la cultura.
La afirmación resalta que la cultura es un derecho humano fundamental e inalienable. Esto implica que cada persona tiene el derecho a participar, disfrutar y contribuir a la vida cultural.
Además, la cultura no se limita a las artes o tradiciones específicas, sino que afecta todos los aspectos de nuestra vida diaria, desde nuestras creencias y valores hasta nuestras formas de comunicación y expresión.
Reconocer la cultura como un derecho humano inalienable subraya su importancia en el desarrollo individual y colectivo, promoviendo la diversidad, la creatividad y el entendimiento mutuo.
La cultura proporciona un sentido de identidad y pertenencia al unir a las personas a través de tradiciones y costumbres compartidas, como festivales y celebraciones locales que refuerzan el tejido social.
Además, fomenta la cohesión social al promover la comprensión y el respeto mutuo entre diferentes grupos, mediante programas interculturales y educativos que promueven la tolerancia.
Asimismo, la cultura impulsa el desarrollo económico al generar empleo en el sector cultural y fomentar la industria del turismo, atrayendo visitantes a museos, teatros y festivales, lo que genera ingresos para la comunidad.
El Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas y legislación que protejan y promuevan la diversidad cultural, garantizando el acceso a la cultura para todos los ciudadanos. Esto incluye leyes que protejan el patrimonio cultural y financiamiento para proyectos culturales comunitarios.
Por lo que, el Estado debe integrar la educación cultural en los planes de estudio escolares, promoviendo la sensibilización sobre la importancia de la cultura, a través de los programas educativos que enseñan sobre la historia y las tradiciones culturales del país.
Además, el Estado debe asegurar una infraestructura cultural adecuada, incluyendo museos, bibliotecas y centros culturales, y apoyar financieramente las iniciativas culturales. Esto puede incluir subvenciones y becas para artistas y organizaciones culturales.
Por su parte, los ciudadanos deben participar activamente en la vida cultural de su comunidad, asistiendo a eventos, apoyando a artistas locales y tomando parte en diversas actividades culturales.
Además, los ciudadanos deben promover y transmitir las tradiciones y valores culturales a las nuevas generaciones, asegurando la continuidad de su patrimonio cultural, apoyar en ser promotores de enseñar a los niños sobre las tradiciones familiares y Comunitarias.
En ese sentido, los ciudadanos deben ser agentes de innovación cultural, adaptando y creando nuevas formas de expresión cultural que respondan a los cambios sociales y tecnológicos, a partir del uso de plataformas digitales para compartir y promover la cultura local.
La cultura es un componente esencial de la sociedad que influye en todos los aspectos de la vida. Tanto el Estado como los ciudadanos tienen roles fundamentales en su desarrollo y preservación.
Por lo tanto, el Estado tiene la responsabilidad de adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos que se enumeran en el (artículo 2, pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966).
Desempeñando un papel importante en la protección de los derechos a la cultura como derecho fundamental, el cual es garantizado por el Estado (Art. 8 y 64 de la Constitución Dominicana).
Además, es responsable de ofrecer más propuestas sobre productos y servicios culturales que respondan a un Estado Social y Democrático de Derecho y al principio de razonabilidad (Art. 7 y 40 numeral 15 de la Constitución Dominicana).
"El Estado protege los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores”, Art. 64 párrafo parte in fine, Constitución Dominicana).
También el Estado garantizará la protección del patrimonio cultural de la nación, tanto material como inmaterial, asegurando su conservación, enriquecimiento, restauración y puesta en valor (art. 64, numeral 4, Constitución Dominicana).
El Estado debe jugar un papel activo en apoyar a los ciudadanos, proporcionando los recursos necesarios. En ese sentido, se reconoce la importancia de la autonomía de los ciudadanos, incentivando sus propias iniciativas y participación en la vida cultural, debe garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los recursos culturales y puedan participar activamente en la vida cultural de la sociedad.
A modo de conclusión, presento algunas recomendaciones basadas en mi trayectoria profesional y en los estudios realizados en el ámbito de la cultura, que considero fundamentales para fortalecer las políticas culturales desde el Ministerio de Cultura (MINC) de la República Dominicana como instancia superior de las políticas públicas culturales y que he resaltado en mi artículo: “Una Apuesta Para El Desarrollo Cultural En La República Dominicana”, octubre, 2021:
- Implementar una selección y distribución asertiva del capital humano, asegurando que cumpla con los estándares de profesionalidad en las altas y medias esferas del gobierno.
- Promover la implementación de un diagnóstico periódico que evalúe el estado de la gestión cultural y su impacto en la sociedad, permitiendo medir de manera continua los avances y las áreas de mejora de las políticas culturales. Este diagnóstico debe garantizar que las políticas se mantengan alineadas con las necesidades cambiantes de la población, involucrando de manera integral todas las estructuras del Ministerio de Cultura, tanto las centralizadas como las desconcentradas y descentralizadas, asegurando una evaluación completa de su impacto a nivel nacional y local.
- Desarrollar una planificación estratégica enfocada en las demandas reales y necesidades del sector cultural.
- Fortalecer la participación ciudadana en la cultura, asegurando que las políticas públicas respondan eficazmente a la democratización cultural y las necesidades de las comunidades. Esto implica trabajar de cerca con el principio de participación para evitar desaciertos y garantizar que las demandas sean adecuadamente atendidas.
- Es fundamental garantizar el acceso equitativo a la cultura, especialmente en las zonas rurales y en las comunidades más desfavorecidas. Para lograr esto, es necesario implementar programas de difusión cultural que incluyan actividades itinerantes, talleres y eventos culturales en estos lugares. Asimismo, se debe trabajar en la creación de infraestructuras culturales básicas, como bibliotecas, centros comunitarios y espacios para el arte y la cultura.
- Fomentar evaluaciones obligatorias de impacto económico y social en todos los planes y proyectos del Estado para medir riesgos, asegurando que sus políticas contribuyan al desarrollo sostenible y eviten efectos negativos.
- Revisar la distribución de gastos públicos para poder equiparar todas las necesidades del sector cultural evitar una acción centralista, clientelista, y de compromisos que comprometa la transparencia y la eficiencia de los servicios culturales.
- Creación de fondos específicos destinados a apoyar a las industrias culturales y creativas, así como la implementación de incentivos fiscales para atraer inversión privada en el sector.
- Estructurar un plan de acción encaminado a tutelar, monitorear y auditar, evitando la centralización funcional y administrativa que entorpece los procesos.
- Desarrollar un sistema de políticas públicas culturales orientado a fortalecer las relaciones entre el gobierno central, las comunidades locales, los municipios, las provincias y el sector privado, con el fin de formular propuestas coordinadas y exitosas que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos.
Todo esto, contribuye a promover gobiernos abiertos que permitan validar la transparencia de las acciones desde la gestión de gobierno, la accesibilidad a los servicios y a la información y la capacidad de respuesta de los Gobiernos a nuevas ideas, demandas y necesidades. Un Gobierno es abierto cuando es transparente, rinde cuentas, opera con integridad, y de este modo -a través de instrumentos de política y prácticas que conducen a procesos de cambio e innovación- tiene mayor probabilidad de liderar hacia mejores servicios y políticas, mayor confianza, bienestar social y calidad de la democracia. (Datos para la efectividad de políticas públicas, 2020, BID).