Comentando mi artículo anterior en Acento titulado “El lado oscuro de las medidas tradicionales para combatir la inflación”, Víctor Bautista, mi amigo querido y consejero por décadas, no solo en materia de comunicación sino en una gama mucho más amplia, me comentó lo siguiente: “Creo que necesitas una segunda parte basada en qué hacer; esto no es suficiente”.
Al momento pensé acerca de todo lo que se había estudiado, diagnosticado y escrito sobre el tema, incluso recordé un caso anecdótico. Cuando se constituyó el Consejo Nacional de Competitividad, Andrés Van Der Horst Álvarez y yo, junto a un grupo brillante de jóvenes economistas, empezamos a trabajar en lo que sería el Plan Nacional de Competitividad.
Por experiencias previas, les propuse que antes de empezar investigáramos todo lo que se había hecho y nos encontramos con 17 proyectos de calidad, en su mayoría realizados por especialistas internacionales de alta categoría, pero que estaban engavetados en archivos polvorientos. Fueron útiles para nosotros y para que la agenda de trabajo arrancara con éxito.
La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) de 2006 contiene cuatro ejes estratégicos que se dividen a su vez en 10 objetivos generales, 58 objetivos específicos y 460 estrategias de acción. Ella es, en sí, una guía para reformas estructurales, pero ha pasado el tiempo y el olvido se ha impuesto a dicha legislación.
Su propósito es lograr una correcta planificación de los recursos, metas y objetivos en procura del logro niveles de desarrollo sostenible adecuados en un proceso que culminaría en 2030, entendiéndose que la visión en que se fundamenta no variaría independientemente de quien tuviera el poder en un momento dado.
Desde 2006 han pasado 24 años y en seis años ya serán tres décadas durante las cuales la Estrategia Nacional de Desarrollo ha sido causa de largas conversaciones, debates, abordajes, gestiones, expectativas, pero metidas en un gran rezago. Los pactos, que son parte de fundamentos clave, dejan mucho que desear en los aspectos educativo y eléctrico y sobre el pacto fiscal mejor ni hablar.
Años de trabajo de representantes de todos los sectores que constituyen el tejido social dominicano lograron que lo pactado se consolidara en una Ley, que el tiempo convirtió en quimera.
La ley estableció la realización de tres pactos:
1) El Pacto por la Educación, consensuado y firmado. Prácticamente sin ejecutar.
El sistema educativo es un desastre y hoy más que nunca requiere ser reformado, con énfasis en la formación de maestros.
2) El Pacto por la Reforma Eléctrica, consensuado, envejecido y firmado, pero ha sido enterrado.
Esa reforma es fundamental. La crisis del sector tiende a agravarse, tanto por deficiencias internas como por la crisis mundial. El tema eléctrico es el mayor problema fiscal de los dominicanos.
Hay que frenar con urgencia las pérdidas de las EDES y hacer más eficiente su administración. Este es un rezo que siempre se escucha por todos lados, pero solo ocurre la degradación y la politización de esas empresas.
Urge un sistema de transmisión más robusto y una política de desarrollo de las renovables más ágil y agresiva, incluyendo los techos solares, para que en vez de trabas se le ofrezcan facilidades. Para solo mencionar parte de las reformas más relevantes en ese subsector.
Resucitar y rejuvenecer el Pacto Eléctrico sería un buen comienzo. ¿Será posible? Particularmente no veo interés en la agenda oficial ni en la empresarial para esos fines, mientras la sociedad civil luce cerrada por derribo.
3) Al Pacto Fiscal se le tiene más miedo que el diablo a la cruz, pero tarde o temprano tendremos que enfrentarlo, pues estamos prácticamente de espaldas a la pared en términos de las finanzas públicas. Llegará la ocasión en que el ajuste fiscal, impuesto o consensuado, será inevitable y por los rezagos acumulados, la factura a pagar será muy alta.
Me preocupa que cuando llegue el momento de la verdad fiscal nos traten de enganchar una reforma meramente tributaria, regresiva, injusta, fiscalista, que fomente aún más la desigualdad, que beneficie a unos pocos a costa de la mayoría y frene el desarrollo.
Necesitamos una reforma fiscal sobre ingresos y gastos, una reforma desarrollista que nos permita acumular capital social en salud y educación. Que ponga en su centro al ser humano, su futuro, su hábitat. ¿Quiénes conversan sobre esto? ¿A quiénes les interesa esta agenda? Creo que el cortoplacismo desvía el interés por una reforma fiscal integral.
Disminuir la brecha social y la pobreza no es sólo justo, sino un buen negocio para los sectores productivos nacionales, pues tendremos un mercado interno más robusto, más personas en capacidad de consumir. Sobre esto hay muchos discursos, pero pocas acciones. Ese es nuestro gran problema.
A pesar de que todo se ha dicho sobre las reformas estructurales que necesita con urgencia nuestro país, ha faltado la voluntad política para ejecutarlas y ha fallado la acción de un pueblo empoderado, capaz de salir de la zona de confort y luchar por su futuro.