La República Dominica vive tiempos de Reforma Fiscal. En la agenda nacional este es un tema candente. Todos los focos y los vectores se dirigen a interrogantes, a posiciones a favor, a posiciones en contra y a posturas silentes que no entienden para qué y por qué una Reforma Fiscal. Se observan, también, protestas y análisis sobre la pertinencia, los riesgos y las consecuencias de una Reforma Fiscal en estos momentos. De igual modo, se presentan propuestas para garantizar la participación de la diversidad de actores y sectores en los debates sobre la Reforma. Se apela a una Reforma consensuada desde los ámbitos sociales, empresariales, de los partidos políticos y de la ciudadanía en general.
El partido gobernante ha encontrado una población atenta y con postura firme para que la Reforma, antes que incrementar la desigualdad y la pobreza, fortalezca la calidad de vida de cada ciudadano y posibilite un desarrollo integral del país. Aunque el partido indicado posee la mayoría de miembros en las Cámaras del Congreso, está urgido a abrirse al diálogo, a la apertura, a la búsqueda de los consensos posibles con los partidos de oposición. Este ejercicio de derechos legítimos de parte de los ciudadanos constituye un acto de justicia. Ninguna transformación se puede realizar sin contar con las personas, con las instituciones y con la diversidad de sectores, organizados y no organizados, de la nación.
La Reforma Fiscal, que ya se empieza a debatir, tiene su historia. No responde a una situación coyuntural. Es una necesidad postergada, que ahora se quiere poner en ejecución. Para que esta Reforma potencie a la ciudadanía, fortalezca la institucionalidad y aporte resultados eficaces y eficientes, la educación no puede estar al margen del movimiento reflexivo, de los objetivos estratégicos y de los resultados que se desean obtener de la Reforma. Por ello, las instituciones de educación superior (IES) y la educación responsable del Pregrado han de arbitrar los medios necesarios para que estudiantes, docentes y gestores se involucren en los procesos de análisis, de discusión y de elaboración de propuestas.
La participación de los diferentes sectores aporta una mirada y un análisis plurales a la Reforma Fiscal. Por esto es importante que, en Educación Secundaria y en las instituciones de educación superior, se promuevan espacios que faciliten el conocimiento y la comprensión del sentido, del alcance, de los procedimientos y de los resultados que se esperan de la Reforma Fiscal. Es necesario que los problemas del contexto socioeconómico entren en las aulas. De este modo, se articula lo que pasa en ellas con la vida de las comunidades y de la sociedad globalmente considerada. Las aulas no se pueden aislar del debate. Éste ha de posibilitar significados y aprendizajes comunes.
Los actores de los centros educativos y de las entidades de educación superior han de saber qué impacto tendrá esta Reforma en su vida, en sus estudios, en su familia y en sus comunidades. Han de saber, también, cuáles sectores recibirán con más fuerza la aplicación de la Reforma y cuáles son los actores y sectores que casi no sentirán las medidas que derivarán de ésta. Los docentes, los estudiantes y los gestores no pueden estar en las nubes. Para ser sujetos, deben participar de manera consciente, informada y con la fundamentación debida. La articulación centro-realidad e institución de educación superior-contexto es fundamental. La Reforma Fiscal, como contenido, como proceso y como política pública ha de entran al corazón de las aulas.
Con ciudadanos en el aire, no se avanza; un grupo se aprovecha de los demás. La creación de una conciencia colectiva sobre los problemas del país requiere de procesos educativos serios, cualificados y consistentes. Educación y Reforma Fiscal han de articularse, si se esperan aprendizajes situados, significativos y coherentes con las necesidades y expectativas de la sociedad. Los aprendizajes que marginan los problemas del contexto tienen poca influencia en el desarrollo de las personas. Los gestores de las instituciones educativas han de actuar de tal forma que faciliten aprendizajes actualizados y con interrelación significativa con lo que pasa en la sociedad.
Los actores de las entidades educativas pueden aportar referentes nuevos y plantear preguntas capaces de reorientar intereses y prácticas que afectarán a los más empobrecidos. Algunos de sus cuestionamientos y propuestas pueden ayudar a buscarle solución al poco esfuerzo que realizan los gobiernos contra los evasores de impuestos; y contra el apoyo a subsidios que elevan las riquezas de los más aventajados económica y políticamente. Sus preguntas y proposiciones podrían ayudar a erradicar privilegios exorbitantes en legisladores, militares, grupos religiosos, empresarios y políticos. Contribuirían, también, con su visión crítico-propositiva, a develar gastos superfluos que el gobierno actual podría reajustar.
Si se escucha la voz de los estudiantes, de los docentes, de los gestores y de los demás actores de los centros educativos y de las IES, se enriquece la discusión. Asimismo, si se implican en el estudio, en el análisis y en la compresión práctica y política de la Reforma Fiscal, se diversifican los aportes. Sobre todo, la educación se convierte en un proceso que cualifica y le aporta direccionalidad al horizonte de la Reforma Fiscal.