Es un error justificar las altas remuneraciones de la jerarquía gubernamental en base al criterio de que se trata del personal de mayor calidad, puesto que se asciende a ellos a partir de trabajos políticos más que méritos profesionales, o decir que es para evitar ser corrompidos por las empresas privadas, porque la experiencia muestra que no lo evitan.
Como dice Ramón Flores, los Estados Unidos cuenta con las agencias reguladoras más grandes y poderosas del mundo; pero los miembros de la Reserva Federal, los presidentes de la Bolsa de Valores, de la Comisión Federal de Energía, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, los superintendentes de cualquier actividad y los administradores tributarios son considerados funcionarios de tercera categoría y reciben un salario inferior al de los ministros.
“Allí resultaría una herejía asociar el salario de un alto funcionario del Estado a los salarios de los ejecutivos de las grandes empresas, firmas de abogados y firmas de consultaría. Porque una cosa es la empresa y sus mecanismos de selección y contratación de personal y otra es el Estado y el servicio público. En comparación con los de la cúpula empresarial, los salarios de los altos funcionarios del Estado resultan ridículamente bajos…Como en cualquier país, hay corrupción, pero a pesar de las enormes diferencias entre los salarios de la cúpula del Estado y los salarios de la cúpula del sector privado, no hay evidencia que esa relación salarial estimule la corrupción o prive a los tres poderes del Estado de buenos funcionarios públicos”.
Lo correcto es que el Estado disponga las escalas salariales aplicadas para la administración pública. Respecto al sector privado, si bien el nivel de salarios no se puede establecer por decreto, eso no significa que el Estado deba desentenderse del tema. Primero por su responsabilidad elemental de velar por la justicia social. Segundo, porque constituye una verdadera injusticia que los salarios reales bajen por no ajustarse su valor nominal con la inflación. Y mucha mayor injusticia es que no suban cuando aumenta la productividad, porque entonces el fruto del progreso se lo apropian solo los dueños del capital.
Según el mencionado trabajo de la OIT sobre el país “La forma en que los ingresos de los trabajadores evolucionan con el tiempo es un indicador importante de los estándares de vida y un indicador útil para evaluar quién se beneficia del crecimiento económico… Desafortunadamente, el historial de la República Dominicana durante la década del 2000 no ha sido positivo. Los salarios reales promedio por hora en el 2010 fueron 20 por ciento inferiores al nivel alcanzado en el 2000 y se han quedado muy rezagados del crecimiento de la productividad laboral”.
Por su parte, según un informe del FMI, “el mediocre crecimiento del salario real, en particular desde el final de la década de 1990, también sugiere que los nuevos empleos que se crean son de baja calidad, aunque la gran brecha entre la productividad y el crecimiento de los salarios en algunos sectores es coherente con que los trabajadores tienen poco poder de negociación. El mercado laboral de la República Dominicana también se caracteriza por la alta informalidad (otro signo de empleos de baja calidad), pero la reciente evidencia apunta a una mejora”.
Conviene aclarar que para la medición de la distribución funcional objeto de este análisis, las remuneraciones de altos ejecutivos quedan empaquetadas junto a la gran masa de obreros en la categoría de asalariados, razón por la que los altos salarios de un pequeño grupo no hacen más que magnificar la disparidad, pero no contradicen los resultados del gráfico.
En conclusión, se deriva del análisis que tres décadas de crecimiento económico han servido para enriquecer a los que perciben ingresos del capital y a grupos reducidos de ejecutivos públicos y privados.
Nota metodológica: Para los interesados en el tema, dado que los economistas somos esclavos de las estadísticas, les expongo cómo se hicieron los cálculos: Los ingresos de los trabajadores fueron medidos a partir del número de ocupados, las horas trabajadas a la semana, por 52.17 semanas al año y el ingreso por hora trabajada. La parte percibida por los que se ganan la vida mediante trabajo independiente, de la misma manera. Los ingresos de capital se calcularon por diferencia. Para fines prácticos, la categoría ocupacional llamada “patrono o socio activo”, que es un fragmento reducido, no la restamos del total, sino que sus ingresos quedarían incluidos dentro de los ingresos del capital.
Dado que, en sentido estricto, una parte del ingreso va a manos del fisco, tratamos de sustraer a ambos los impuestos directos pagados. A los asalariados les restamos los pagos de impuesto sobre la renta por vía de retención, considerando que es la vía por medio de la que se les descuenta; de la misma manera, a los ingresos del capital les restamos el ISR pagado por las empresas y otras vías de pago, y los impuestos sobre el patrimonio.
Estadísticamente, ninguno de estos supuestos es 100% correcto, pero la deformación estadística resultante es tan pequeña que en ningún caso anularía el razonamiento o afectaría la conclusión. Los montos en el gráfico contienen lo pagado en impuestos indirectos que, por lo demás, son la mayoría de lo que recauda el fisco; la razón es que cuando se hacen las encuestas del mercado de trabajo, ni el trabajador ni nadie sabe lo que le tocará pagar al momento de consumir; como no hay estadísticas que separen lo que pagó cada uno, pues todos son consumidores, metodológicamente sería incorrecto atribuir su pago a un grupo social en particular. Ya eso correspondería a otro tipo de análisis, sobre incidencia tributaria.
Todos los valores fueron deflactados para expresarlos a precios constantes con base en el año 2007 (el PIB por el deflactor implícito que usa el Banco Central, y los ingresos familiares por el índice de precios al consumidor). Una vez calculado el ingreso global y la parte de los trabajadores, se procedió a calcular la distribución funcional del ingreso, expuesta en el gráfico de la primera entrega.