Los dominicanos vivimos un caos en el tránsito que no para de crecer. Se ha desatado una locura colectiva entre los conductores. De todo tipo, pero en particular las motocicletas, los vehículos privados y camiones. Aparentemente a nadie le importa que hasta los equilibrios psicológicos se estén alterando. No hay dónde estacionar los vehículos. La agresividad de los conductores no tiene límites, y las violaciones más alucinantes se pueden ver en las calles de Santo Domingo y otras ciudades.
Un viejo refrán dice que “a grandes males grandes soluciones”. Por más avenidas, elevados, líneas de metro, teleféricos, autobuses privados o públicos, taxis destartalados y la permanencia de los anacrónicos “carros públicos”, el caos se apodera de todo el espacio urbano. Todo está fuera de control. Cuando se aprobó la ley 63-17 que creó el INTRANT se pensó que sería la vía para enfrentar en su conjunto el creciente caos del tránsito. Pero han pasado ya más de cinco años y lo que ha sucedido es que todo ha empeorado.
La macrocefalia urbana en el mundo, en particular en los países del Sur Global y en América Latina y El Caribe produce estos fenómenos. Pero el caso dominicano es probablemente el más preocupante. Con la mayor cifra de fallecidos en accidentes de tránsito del mundo, 65 cada 100.000 habitantes, somos los campeones mundiales en mortalidad de tránsito. De ser un problema económico, ha pasado a convertirse en un problema de salud pública, por la cantidad de muertos y mutilados que produce, por cómo afecta la estabilidad emocional de los ciudadanos y por la contaminación del aire y del ruido que genera. Nadie controla nada. Las noches convierten las ciudades en tierra de nadie. La PN no se mete en eso, “porque eso es Digesett”. Y los agentes de ese cuerpo desaparecen desde que cae la noche.
Hasta finales de los años 60 el transporte urbano era responsabilidad y de regulación municipal. Progresivamente el Estado central fue invadiendo esas competencias y hoy los ayuntamientos, a distintos niveles, están excluidos de las políticas y sistemas de transporte urbano y público. Uno de los primeros cambios que hay que introducir es la municipalización progresiva de las políticas y las ofertas de transporte público. ¿Y esto por qué? Porque los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a los problemas de los ciudadanos. En la mayoría de los países las políticas de transporte son municipales. Para ejemplo tenemos el caso de Ciudad de México, Bogotá, São Paulo, Río de Janeiro, por no mencionar Madrid, Barcelona, Paris, Londres, New York o cualquier país “normal”. Entonces el primer paso debe ser: establecer un programa para traspasar la operación y la regulación del tránsito y el transporte a los municipios. En el caso del Gran Santo Domingo, debería establecerse un ente común para la Región Metropolitana, de todos sus municipios. Una Empresa del Transporte de Santo Domingo, que incluya el Metro de Santo Domingo, la oferta de autobuses, la regulación de los taxis, entre otras.
En segundo lugar hay que reducir el número de vehículos y particularmente de motocicletas en circulación. Lo primero es aplicar de forma estricta la Inspección Técnica Vehicular (ITV) conocida como “la revista”. Con una inspección rigurosa deben salir de circulación entre el 60 y 70% de las motos destartaladas, sin ninguna condición para circular. Igualmente con los vehículos de motor y gran parte del transporte de carga. La vida media de los camiones en nuestro país pasa de 20 años, existiendo los más “seniors” de hasta 40 y 50 años. Hay que renovar la flota de camiones, y para ello la ITV es un instrumento fundamental. Prohibir por 20 años la importaciones de camiones usados. El costo de no hacerlo son vidas, contaminación e ineficiencia.
En tercer lugar, el Gran Santo Domingo y quizás el Gran Santiago, deben introducir lo que en otros países se conoce como “Pico y Placa”. La restricción de circulación al menos dos días a la semana, según la terminal de las placas. El caso de Bogotá y otras ciudades en Colombia se puede emular aquí. La violación del pico y placa debe conllevar altas multas disuasivas y la inmovilización del vehículo al menos por muchos días.
En cuarto lugar, la regulación de tránsito, de los semáforos y de la policía de tránsito debe pasar a manos municipales o conglomerados de municipios, dejando la Digesett para regular y supervisar el tránsito interurbano. Los sistemas de semáforos y señalización de tránsito deben recibir una cuantiosa inversión y modernización en lo que el Estado central debe asistir financiera y técnicamente a los ayuntamientos. No es hacer más elevados, sino organizar mejor la circulación. Y paralelamente, establecer un sistema de multas fuertes y disuasivas de fácil aplicación –como un código de barras en los cristales con lectores móviles de los policías de tránsito-. Imponer los candados de inmovilización a los vehículos mal estacionados y no removerlos hasta que la multa sea pagada. Con eso se facilita la labor y no hay que transportar los vehículos a lugares lejanos.
Peatonalizar grandes áreas progresivamente. Estudiar el caso Pontevedra en Galicia, España, como un caso de éxito, que peatonalizó el 60% de la ciudad y la calidad de vida de los ciudadanos ha mejorado de forma espectacular. Para iniciar deberíamos peatonalizar toda la ciudad del casco histórico intramuros. Solo permitir bicicletas y furgonetas de abastecimiento de comercios. Hacerlo en tres etapas, y aprovechar para eliminar el cableado aéreo y remozar el alumbrado público con energía solar y de bajo consumo. Introducir una ley de incentivos fiscales a la restauración de viviendas históricas e incluso un fondo de financiamiento para ello, tanto para comercios como para vivienda familiar, a baja tasa de interés subsidiada por el Estado.
Otro lugar que tiene que contar con un plan de recuperación y peatonalización parcial es el Malecón de Santo Domingo, desde la intersección de la Avenida Abraham Lincoln hasta el llamado “obelisco hembra”, ampliando la acera a ambos lados y dejando solamente un carril de circulación en cada sentido para vehículos personales y autobuses pequeños. Estimular los nuevos establecimientos y los existentes otorgándoles una exención total del ITBIS y una reducción sustancial del ISR por 10 años o más.
Otra medida importante es la construcción de la tercera línea del metro, que debe seguir corriendo su construcción por parte del Estado central, en dirección este o oeste, desde Las Caobas, la Plaza de la Bandera hasta el aeropuerto de Las Américas; extender la Línea 1, desde el Centro de los Héroes hasta el 12 de Haina, recorriendo todo el sector llamado “los kilómetros”. Además construir varios Tranvías eléctricos de superficie en lugares estratégicos, desde el Centro de los Héroes recorriendo en vía dedicada la Avenida Jiménez Moya/Churchill; una segunda línea de Tram desde la intersección de la Abraham Lincoln y el Malecón subiendo toda la Avenida Lincoln, siguiendo por la Avenida Los Próceres, la Avenida Luperón y terminando en el 12 de Haina. Otras Líneas de Tram deben ser hechas en la Av. Ortega y Gasset internándose en los barrios populares de la zona norte; en las avenidas Venezuela y San Vicente en la zona este y en la avenida de los Beisbolistas en la zona oeste. Es un programa ambicioso pero necesario y realizable.
El INTRANT y el gobierno central deben poner en marcha un plan con metas cuantificables para reducir la mortalidad y dejar de ser el número uno del mundo. Este plan debe incluir Salud Pública, Obras Públicas, Policía, ayuntamientos y otras entidades para bajar sustancialmente el coeficiente de muertes en las calles y carreteras dominicanas, aplicando el más inflexible programa con las motocicletas, que deben cumplir con todas las normas, estar en condiciones de circular, tener placa, matricula, seguro y licencia sus conductores. Hacer obligatorio el uso del casco protector tanto al conductor como al acompañante. Regular de forma estricta la invasión de espacios públicos, aceras y violaciones de los llamados “delivery”, que por la precariedad de sus condiciones de trabajo anda alocados en las calles y avenidas. Los delivery deben prohibirse el uso de motocicletas, y que sea exclusivamente en bicicletas, incluyendo las famosas de canasto o motos eléctricas. Los vehículos deben usar placa atrás y adelante, para fines de identificación. El impuesto de circulación (placa) debe pasar a los ayuntamientos para fortalecer su capacidad de gestar el sistema de tránsito.
En fin, no hacer nada no es una opción. Está dañando la imagen del país y del gobierno que aparenta no importarle la situación. Y está haciendo miserable la vida de los ciudadanos. Otro aspecto que hay que fortalecer es el plan de estacionamientos. Todo solar vacío debe ser declarado de utilidad pública para alquilarlo y hacer estacionamientos públicos con inversión pública o con inversión privada. Urge acabar con el caos del tránsito.