Las políticas educativas vinculadas al proceso de Formación Inicial Docente han de hacerle frente a desafíos sustantivos. Los mismos mueven a responder con acierto a las demandas de los avances científicos y tecnológicos que le dan direccionalidad al mundo y a los diferentes campos del saber. Las políticas educativas de la región y del país han de adelantar el paso, para que sus directrices se inscriban en el siglo actual y coloquen a la formación inicial docente en el lugar que le corresponde como experiencia que ha de ser actualizada, innovadora y eficiente.
Asimismo, han de atender de, forma sistémica, a la pertinencia, a la calidad y a la actualización de los programas de formación inicial docente, así como al equilibrio entre el componente valorativo, el disciplinar, el organizativo y las prácticas. De igual modo, han de asumir la investigación como un eje central de la formación de formadores, de los docentes en formación y de las prácticas. Para ello. no sólo se requiere financiamiento, sino que es necesario un cambio de concepciones y una ruptura epistemológica y estructural del modelo profesionalizante que ofrece la educación superior, en el país y en la región.
De otra parte, las políticas educativas han de repensar la ubicación de la investigación, evitando que se limiten las posibilidades que tiene para propiciar innovación, nuevos conocimientos y nuevas prácticas en espacios múltiples. La investigación ha de permear de forma integral el accionar de la educación superior y, de forma estratégica, el sistema de pregrado. Es importante tomar conciencia de que, para los formadores motivar la perspectiva investigativa en los procesos de FID, necesitan experiencia propia sobre investigación. Esto posibilitará un mejor ejercicio de la profesión docente.
En este sentido, se advierte sobre la necesidad del desarrollo de procesos pedagógicos, didácticos e investigativos que posibiliten la articulación teoría-práctica. Es necesario mantener el equilibrio entre ambos aspectos para superar la fragmentación del conocimiento y una visión parcializada del proceso de formación inicial docente. Este tipo de formación ha de contar con un proceso de acompañamiento reflexivo-crítico sistemático, generador de autonomía, que le permita al estudiante de educación apropiarse del sentido, de la complejidad de la profesión docente y de las pedagogías de las prácticas.
Las políticas educativas y la formación inicial docente han de fortalecer las comunidades de prácticas, las comunidades de aprendizaje. Estas posibilitan el aprendizaje entre pares, entre formadores y entre estudiantes. Contribuyen, también, al reforzamiento del trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, a la construcción compartida de conocimientos, así como a la creación de una cultura en la que el aprendizaje emerge de la práctica misma. De igual forma, esas políticas han de priorizar procesos que potencien una acción más razonada y en perspectiva crítica, para que los docentes en formación desarrollen su potencial intelectual, valoren el estudio y la profundización en las ciencias; y para que se apropien de los conocimientos y de las didácticas digitales. En esta misma dirección, las políticas educativas han de impulsar la acreditación de los programas de la formación inicial docente y de las instituciones formadoras. Se han de establecer políticas y criterios que especifiquen los requerimientos que ha de cumplir una institución para ser formadora de docentes. Esto ha de implicar un proceso de autoevaluación y de evaluación externa, más allá de la evaluación quinquenal. La acreditación debe ser un requerimiento obligatorio y no debe depender de si le interesa o no a la institución formadora.
Las políticas educativas locales y de la región han de impulsar la articulación entre las instituciones formadoras, sin que se obstruya la autonomía a la que tienen derecho. Estas instituciones también aprenden. Sus aprendizajes pueden ser de mayor alcance y calidad, si refuerzan las alianzas, el intercambio y la construcción conjunta. Los valores y las experiencias de las instituciones aliadas constituyen una oportunidad para adquirir nuevos aprendizajes; y para que, desde esfuerzos comunes, impulsen la innovación educativa, la corresponsabilidad social y la vinculación con el sector productivo.
Los desafíos indicados no esperan demora. La calidad de la educación de la región y del país lo requieren para sobrevivir en un mundo cada vez más cambiante.