La sociedad dominicana, por lo menos a nivel macro, da muestra de ser una economía robusta. Esto se constata, si tomamos en cuenta las informaciones del Banco Central, de la CEPAL y hasta del Fondo Monetario Internacional. Todo es crecimiento y liderazgo regional en este renglón. Analistas del ámbito económico y financiero corroboran esta robustez de indicadores que, a su vez, evidencian inequidad y distribución desigual de los bienes y servicios en la población nacional. De otra parte, los diferentes gobiernos que asumen la administración pública elaboran memorias con páginas incalculables, en las que narran la cantidad de políticas y acciones a favor de la población.
La distancia entre el crecimiento económico y la precariedad con que vive el mayor porcentaje de la población crea una ruptura entre las percepciones de los gobernantes y lo que realmente vive la gente. Esta quebradura tiene consecuencias desfavorables para la sociedad. La distancia que se establece afecta los cimientos de la sociedad, de sus instituciones. Afecta la paz social y familiar. En la medida en que la desigualdad fortalece sus raíces en la sociedad, la paz personal y colectiva pierde fuerza y credibilidad. Además, la paz se convierte en un valor inalcanzable, de forma particular, para los empobrecidos y excluidos en la organización social. Esta situación hay que revertirla, si queremos un desarrollo real del país.
El cambio de esta realidad se torna difícil por diversas razones. Ocupan lugar preferencial las que están vinculadas a la falta de institucionalidad y de una justicia con múltiples arrugas; y los hechos de violencia en instituciones como la Policía Nacional. Todavía no ha sido posible eliminar el asesinato de personas con los llamados intercambios de disparos. Disparos que ya no respetan ni a los niños. Asimismo, está de incontrolable la violencia que incrementa la muerte de jóvenes y de mujeres. Esta violencia impacta la paz, la economía y la estabilidad de las familias. El interior de la institución familiar se convierte en una caldera por la violencia. Es, al mismo tiempo, un espacio transido por el dolor y la impotencia.
El contexto humano y social del país no resiste más inconsistencia en la paz social y familiar. Ha llegado la hora de tomar en serio el curso que va tomando la carencia de una serenidad más integral y sostenida. Esta carencia no se resuelve con discursos. Se necesitan hechos que convenzan a las personas y a las instituciones. La Policía Nacional, los depredadores sexuales, los que cosifican a las mujeres y aquellos que asumen la corrupción como bandera quiebran la paz social y familiar. Por ello han de ser enfrentados sin tregua, sin subterfugios. Los problemas de la paz social y familiar no se agotan en estos cuatro aspectos, pero los mismos constituyen una urgencia nacional. Las raíces son estructurales; estas parecen inamovibles. Es necesario avanzar en decisiones de políticas que incidan en el cambio de estas raíces.
Una sociedad que tiene la paz social y familiar rotas no se desarrolla con la integralidad debida. Además, esto provoca un trauma generalizado en sus pobladores. Desde este marco, es necesario que los gobernantes actuales y futuros actúen con mayor responsabilidad. Tienen que actuar con determinación en favor del desarrollo y cuidado de las personas y de las instituciones. Un pueblo con paz potencia sus capacidades, disfruta el buen vivir y expande su solidaridad. La irresponsabilidad de los gobernantes y de los ciudadanos ralentiza la creación de una cultura de paz. Esta cultura es un imperativo en la República Dominicana. La indiferencia ante el deterioro de la paz puede llevar al país a situaciones incontrolables.
La paz social y familiar requieren unión de esfuerzos y acciones concretas.