Muchos se alarman porque la campaña iniciada a destiempo arreció en los albores de este nuevo año preelectoral, como ha sido una vieja mala práctica, quizás porque albergaban la esperanza de que la existencia de nuevas leyes de régimen electoral y de partidos bastaría para acabarla, olvidando que la rancia cultura de ilegalidad reduciría su cumplimiento, y que los vicios de inconstitucionalidad de estas limitaron sus prohibiciones.

Es evidente que la mayoría de los partidos tiene poco o ningún interés en cambiar este panorama, por eso entretuvieron a la sociedad con una comisión de discusión de las modificaciones a las leyes 15-19 de Régimen electoral y 33-18 de Partidos Políticos en el Consejo Económico y Social, que logró pocos avances y acumuló muchos disensos.  A pesar de que hay que reconocer que la Junta Central Electoral (JCE) no solo hizo su trabajo y depositó sus propuestas de modificación a tiempo, en agosto de 2021, sino que se encargó de recordar la urgencia de su aprobación poniendo como límite el mes de octubre del pasado año 2022, sin que la sociedad civil fuera lo suficientemente firme y activa en acompañarla en este reclamo.

Nadie mejor que los legisladores conoce los procedimientos para la aprobación de las leyes, por eso estaban plenamente conscientes de que el proyecto de modificación a la Ley 15-19 perimiría al término de la legislatura recién ocurrido, así como el de la Ley 33-18 más rezagado aun, pues estaban conscientes de que se habrían agotado dos legislaturas sin aprobarlos, sin embargo nada dijeron, y hasta provocaron confusión en los medios con distintas versiones, para luego terminar admitiendo que tendrán que conocerlos desde cero, pero que son pocos los puntos pendientes.

La realidad es que no hay un interés marcado en modificarlas, y mucho menos en reducir los muy altos topes de gastos permitidos por estas, pues habiendo la JCE presentado sus propuestas de reducción hace dieciocho meses, y teniendo a la mano los comparativos de límites de gastos en distintos países,  estando nosotros en la delantera, no es excusa para haberlos dejado intactos lo señalado por el senador oficialista que presidió la comisión que estudió el proyecto de ley aprobado en el Senado, de que se requiere un análisis profundo para revisarlos, pues tuvieron tiempo más que suficiente para hacerlo.

En paralelo el curso de los procesos judiciales de expedientes de corrupción destapan supuestos pagos de escandalosas sumas para campañas electorales, que exceden por mucho los límites para contribuciones individuales, y que ponen en evidencia el pago de sumas de dinero por personas que se benefician de contratos con el Estado, pero ni hubo control de estas contribuciones antes, ni hay interés ahora de los legisladores por obligar a los candidatos a dar cuentas de todo el dinero que reciben de particulares, el cual en la mayoría de los casos persigue el propósito de obtener beneficios a cambio, como tampoco de muchos de los aportantes porque así se haga.

Debemos tomar conciencia de que el problema principal no es el tiempo de las campañas sino el derroche de recursos en estas y su procedencia, en muchos casos ilícita, pues una cosa determina la otra, ya que con dinero limitado el tiempo y la intensidad de estas se reducirá por defecto, y hará que las actividades a realizar por candidatos y partidos sean similares a lo que precisamente es lo permitido.  Aunque es obvio que el liderazgo político tiene que darse cuenta de esto y de sus consecuencias, cada uno busca su propia conveniencia, y algunos se escudan en que todos deben querer el cambio, o en que ya otros jugaron a sus anchas, y que por qué ellos no deberían seguirlo haciendo. Por eso no se trata de que en menos de un mes aprueben a toda prisa, para contentarnos, algunas modificaciones a la Ley de Régimen Electoral, sino de que se aprueben las fundamentales.